Cr¨ªticas a los aspectos econ¨®micos y sindicales del anteproyecto

El an¨¢lisis del marco constitucional de las fuerzas pol¨ªticas, sociales y econ¨®micas estuvo encomendado a economistas y sindicalistas de la izquierda, as¨ª como a un empresario, moderados todos ellos por Enrique Miret Magdalena, vicepresidente de la Confederaci¨®n de la Peque?a y Mediana Empresa. Los ataques m¨¢s duros al anteproyecto de Constituci¨®n fueron dirigidos a los aspectos sindicales y laborales que contiene.El socialista Ra¨²l Morodo intervino sobre el tema ?Constitucionalizaci¨®n de los partidos pol¨ªticos?. Consider¨® que la democracia representativa y pluralista ha de ser definida como democracia de partidos, y a?adi¨® que su legalizaci¨®n, incorporaci¨®n y constitucionalizaci¨®n no se ha producido hasta el siglo XX.

Sin embargo, estim¨® que el anteproyecto omite la garant¨ªa de la democracia interna de los partidos; el derecho a la fiscalizaci¨®n estatal de dicha democracia, en correspondencia a la financiaci¨®n de los partidos por la Administraci¨®n; y, por ¨²ltimo, el sometimiento al control judicial de estos principios democr¨¢ticos, as¨ª como de los controles y apoyos estatales establecidos. El ¨®rgano adecuado para este control es, seg¨²n el profesor Morodo, el tribunal constitucional.

El socialista Jer¨®nimo Saavedra critic¨® las deficiencias del anteproyecto en materia sindical, y concretamente las limitaciones respecto a la afiliaci¨®n en general, sindicaci¨®n de los funcionarios y derecho de huelga. Estim¨® que el intento de una enmienda de UCD de restringir este derecho a la defensa de los intereses ?profesionales? supon¨ªa un peligro. Asimismo, consider¨® la constitucionalizaci¨®n del cierre patronal como contrario a los principios de las Constituciones democr¨¢ticas.

El comunista y l¨ªder de Comisiones Obreras Nicol¨¢s Sartorius manifest¨® que, teniendo en cuenta la vigente legislaci¨®n laboral y sindical Je la dictadura, habr¨ªa que realizar un proceso constituyente de las relaciones laborales y sindicales paralelo al pol¨ªtico. Se?al¨® que la inclusi¨®n de los derechos laborales y sindicales influir¨¢ en que se democraticen las relaciones laborales.

El se?or Sartorius manifest¨® que la Constituci¨®n no debe enunciar principios, sino establecer un marco real de aplicaci¨®n de derechos, y record¨® que s¨®lo cuatro art¨ªculos de los 159 del anteproyecto se refieren espec¨ªficamente a esta materia. Aludi¨® a la falta de regulaci¨®n del derecho de los parados y emigrantes, as¨ª como del derecho de los trabajadores en la empresa a la seguridad social, mientras que, en cambio, est¨¢n redactados defectuosamente, entre otros, los art¨ªculos relativos a la negociaci¨®n colectiva, la sindicaci¨®n y el derecho de huelga.

El economista del PCE Ram¨®n Tamames se manifest¨® contrario a la entelequia econom¨ªa social de mercado, propia de reg¨ªmenes como Chile. El se?or Tamames, que habl¨® sobre ?Banca, fiscalidad y cr¨¦dito?, estim¨® que el anteproyecto no tiene elementos muy criticables en esta materia, regulada en pocos art¨ªculos, por lo que ha de entenderse que lo que no est¨¢ prohibido, est¨¢ permitido.

Se?al¨® que el sistema crediticio, suficientemente democratizado en los pactos de la Moncloa, es recogido en el anteproyecto de forma que permitir¨¢ una socializaci¨®n del mismo. Asimismo, consider¨® adecuado el tratamiento constitucional de la fiscalidad y manifest¨® al se?or Sartorius que los presupuestos de la Seguridad Social ser¨¢n controlados parlamentariamente. Aludi¨® a la enmienda comunista que solicita, en cambio, un mayor control del gasto p¨²blico.

Se refiri¨® a la posibilidad de una reforma agraria cuando haya un Gobierno de izquierda, ?un Gobierno donde est¨¦ toda la izquierda?, puntualiz¨®, y propugn¨® una Constituci¨®n no ideol¨®gica que permita un ?socialismo en libertad?.

El economista del PSOE Miguel Boyer estim¨® regresivo el anteproyecto de Constituci¨®n en aspectos como la previa indemnizaci¨®n en caso de expropiaci¨®n, y en la excesiva presencia privada en los servicios p¨²blicos. Defendi¨® una mayor claridad en la Constituci¨®n sobre la planificaci¨®n indicativa o imperativa, y estim¨® necesario corregir la acci¨®n del mercado.

Finalmente, el presidente del C¨ªrculo de Empresarios, Santiago Foncillas, disert¨® sobre ?La empresa y las relaciones laborales en el proyecto constitucional?. Manifest¨® que los empresarios esperan de la Constituci¨®n que les permita seguir si¨¦ndolo ?nada m¨¢s, pero tampoco nada menos?. Declar¨® que todas las afirmaciones que contiene el anteproyecto como exponente de la voluntad social de los poderes p¨²blicos ?ni escandalizan, ni sorprenden, ni asustan a ning¨²n empresario moderno?.

M¨¢s adelante se?al¨® que si la, Constituci¨®n va a ser neutral y no. va dibujar con claridad un sistema econ¨®mico para dejar abiertos todos los caminos hacia cualquier tipo de transformaci¨®n -en funci¨®n del programa del Gobierno en el poder- no es aventurado suponer que en esa incertidumbre ?descender¨¢ la inversi¨®n, decaer¨¢ la iniciativa, aumentar¨¢ el desempleo y, en definitiva, se abultar¨¢n todos los problemas?. ?Si no se dan pruebas contundentes -a?adi¨®- de que se va a proteger la econom¨ªa de mercado, es preferible escoger, sin eufemismos, modelos socialistas.?

El consenso constitucional sobre la ense?anza est¨¢ roto

La enmienda de UCD al anteproyecto de Constituci¨®n, mediante la cual se pretende constitucionalizar las subvenciones estatales a los centros de ense?anza, sin exigirles ning¨²n requisito para tener derecho a ello, ha roto el consenso parlamentario en materia educativa, seg¨²n manifest¨® ayer el diputado del PSOE y vicepresidente primero del Congreso, Luis G¨®mez Llorente.

El se?or G¨®mez Llorente disert¨® sobre ?el problema de la ense?anza y la familia a nivel social, religioso y pol¨ªtico?, tema que no pudo abordar en la sesi¨®n anterior de La Constituci¨®n, a debate, debido a la ?agitada sesi¨®n del Congreso?, como la calific¨® el propio orador. Su intervenci¨®n estuvo centrada en el an¨¢lisis del art¨ªculo 28 del anteproyecto, mejorado, en su opini¨®n, en el texto definitivo elaborado por la ponencia constitucional.

La intervenci¨®n de los profesores, padres y alumnos ?en el control y gesti¨®n de todos los centros sostenidos por la Administraci¨®n con fondos p¨²blicos? la consider¨® el se?or G¨®mez Llorente como el fundamento sobre el que ha de edificarse la democratizaci¨®n del sistema docente de nuestro pa¨ªs. En este sentido hizo una cr¨ªtica muy dura a la enmienda formulada por su colega en la vicepresidencia del Congreso, Mar¨ªa Victoria Fern¨¢ndez Espa?a (AP), que pretende limitar el control de los padres a la distribuci¨®n de los fondos p¨²blicos, por rechazar, desde una perspectiva netamente derechista -dijo el se?or G¨®mez Llorente- lo que ella denomina ?la argumentaci¨®n colectivista de la intervenci¨®n de profesores, padres y alumnos? en el control y gesti¨®n de los centros.

El se?or G¨®mez Llorente defendi¨® la necesidad de la participaci¨®n ciudadana en campos de la actividad p¨²blica tan decisivos como la ense?anza, a fin de no caer en una democracia impropia de hoy y adecuada al liberalismo burgu¨¦s de otra ¨¦poca.

Sobre el derecho a la ense?anza religiosa aludi¨® al deseo socialista de evitar que la Constituci¨®n provoque una guerra de conciencia, como podr¨ªa ocurrir si se estableciera el principio de la Constituci¨®n de la Rep¨²blica: ?La ense?anza ser¨¢ laica.? Por el contrario, defendi¨® el derecho de los padres, especificado en el anteproyecto, de que sus hijos reciban ?la formaci¨®n religiosa y moral que est¨¦ de acuerdo con sus propias convicciones?. Pero a?adi¨® en seguida que tal derecho, como todos, ha de ser ejercido libremente por parte de los profesores que imparten la ense?anza y de los alumnos que la reciben, y sin que d¨¦ lugar a la creaci¨®n de escuelas que sean ghetos cat¨®licos o de otras confesiones.

El se?or G¨®mez Llorente acept¨® en l¨ªneas generales los distintos puntos del art¨ªculo 28 del anteproyecto, pero advirti¨® del peligro de que se desencadene la guerra de conciencia que los socialistas han pretendido evitar si UCID no se conforma con que la Constituci¨®n diga que ?los pode res p¨²blicos ayudar¨¢n (el PCE propone que se diga "podr¨¢n ayudar") a los centros docentes que re¨²nan los requisitos que la ley establezca", e insiste en su enmienda por la que se suprime la ¨²ltima parte condicionadora de las subvenciones.