Enrique Bar¨®n: "Los socialistas no quieren estatalizar la econom¨ªa
Organizada por la Asociaci¨®n para el Progreso de la Direcci¨®n (APD), de Bilbao, se celebr¨® en la capital vizca¨ªna el pasado jueves una mesa redonda con el t¨ªtulo Econom¨ªa, empresa y Constituci¨®n, en la que participaron Enrique Bar¨®n (diputado del PSOE), Jaime Garc¨ªa Anoveros (diputado de UCD), Luis Enrique de la Villa (catedr¨¢tico de Derecho del Trabajo, de la Universidad Aut¨®noma de Madrid), Antonio Sagardoy (catedr¨¢tico de Derecho del Trabajo, de la Universidad Complutense de Madrid) y Manuel Mar¨ªa Zorrilla (magistrado de Trabajo de Vizcaya). Actu¨® de presidente-moderador Antonio Garrigues Walker, presidente de ACP.
Enrique Bar¨®n analiz¨® la planificaci¨®n democr¨¢tica y la tutela de la productividad en una econom¨ªa, bajo la perspectiva del PSOE. El diputado socialista, refiri¨¦ndose al primero de los dos puntos, dijo que su partido no ha propuesto ni propondr¨¢ nunca una planificaci¨®n imperativa de la econom¨ªa. ?Este tipo de planificaci¨®n, inventado en la econom¨ªa rusa de los a?os veinte, cumpli¨® una etapa de la industrializaci¨®n b¨¢sica, e incluso hoy est¨¢ contestada t¨¦cnica y pol¨ªticamente en los pa¨ªses del Este, por ejemplo Checoslovaquia. Sin embargo, las bases t¨¦cnicas y pol¨ªticas de planificaci¨®n se han aprovechado en pa¨ªses de econom¨ªa capitalista y concretamente en el caso de Espa?a; bajo el franquismo, desde 1964, ha habido planes de desarrollo que han servido de planes de estudio y de medio de financiaci¨®n privilegiada para la gran empresa. ?Se?al¨® Enrique Bar¨®n que los socialistas no han querido nunca estatalizar la econom¨ªa, ?pero queremos que la pol¨ªtica econ¨®mica sea p¨²blica, tenga objetivos a medio y largo plazo y se haga en funci¨®n de los intereses de la mayor¨ªa, rompiendo con la actual pol¨ªtica de privilegios al peque?o grupo?.
Como soluci¨®n a la crisis del Estado espa?ol el diputado socialista propuso ?operaciones profundas de cirug¨ªa?, que incluyen la nacionalizaci¨®n de la siderurgia, la planificaci¨®n de la energ¨ªa el¨¦ctrica y nuclear.
Refiri¨¦ndose a las relaciones empresarios-PSOE el diputado socialista dijo que ?hay un malentendido que debe aclararse, y es que en una perspectiva socialista tambi¨¦n necesitamos empresarios; no queremos una econom¨ªa de funcionarios, y pensamos que este papel del empresario socialista es clave en la transformaci¨®n de la sociedad?.
Refiri¨¦ndose a la tutela de la productividad, Enrique Bar¨®n comenz¨® por calificar de ?desgraciado? el art¨ªculo 32, segundo p¨¢rrafo del proyecto de constituci¨®n ?que parece -dijo- m¨¢s propio de un reglamento de r¨¦gimen interior que de una Constituci¨®n?.
Se?al¨® que hoy se pretende en cierto modo formular la ecuaci¨®n libertad igual a baja productividad por indisciplina laboral y desmoralizaci¨®n, tambi¨¦n causa de inflaci¨®n y crisis. ?Sin embargo, no se relaciona productividad del factor trabajo con el capital invertido e incluso con el nivel de salarios?.
Falta de riesgo y pocos incentivos
Por su parte, Jaime Garc¨ªa Anoveros acometi¨® pr¨¢cticamente el mismo tema desde la perspectiva de UCD. El diputado centrista afirm¨® que hoy el principal problema que tienen la econom¨ªa occidental y la espa?ola, es que la recesi¨®n y el ocio tienen m¨¢s seguidores que el riesgo.Propone el se?or Garc¨ªa Anoveros, frente a la falta de riesgo, la adopci¨®n de una serie de mecanismos que permitan exigir responsabilidades tanto a los empresarios como al trabajador, sin enmascarar con acciones p¨²blicas la mala gesti¨®n empresarial y la falta de prestaci¨®n racional del trabajo en la empresa.
Estatuto de los trabajadores
Intervino posteriormente Luis Enrique de la Villa, quien al referirse al futuro de un estatuto de los trabajadores dijo que lo de menos es el nombre que se vaya a dar a la norma de protecci¨®n al trabajador -estatuto, c¨®digo de derechos o normativa b¨¢sica-. ?Lo importante es que incluya de manera inequ¨ªvoca tres modificaciones b¨¢sicas con respecto a la actual reglamentaci¨®n: el reconocimiento de un marco realista para el ejercicio de derecho de huelga, un marco suficiente para la negociaci¨®n colectiva con fijaci¨®n inequ¨ªvoca de qui¨¦nes son las partes que negocian, y el reconocimiento de la acci¨®n sindical en las empresas.
El proyecto del Gobierno de acci¨®n sindical
Antonio Sagardoy, que expuso el tema Las relaciones colectivas en la Constituci¨®n dijo en su intervenci¨®n, que mientras no se apruebe la Constituci¨®n es ?fr¨ªvolo? pretender dictar normas con valor de ley sobre derecho colectivo.Opina el se?or Sagardoy que el Gobierno debe retirar el decreto-ley de acci¨®n sindical en la empresa por dos motivos: por coherencia consigo mismo y con la pr¨¢ctica parlamentaria (?si ha guillotinado el proyecto de Camacho alegando que hay que esperar a la Constituci¨®n, no es l¨®gico que ahora quiera imponer un proyecto de este tipo?), y por haber demostrado el proyecto del Gobierno su claro matiz ?perturbador?, al pretender unas elecciones generales en empresas tres meses despu¨¦s de las que se celebran hoy y por el hecho de no incluir la creaci¨®n de secciones sindicales en las empresas.
Finalmente intervino en la mesa el magistrado se?or Zorrilla, quien expuso el tema Opini¨®n constitucional del lock-out. Refiri¨¦ndose al tratamiento que del tema hace el proyecto de Constituci¨®n, se?al¨® que en el art¨ªculo 35/2 del borrador de Constituci¨®n se menciona s¨®lo la obligaci¨®n, asumida por los poderes p¨²blicos, de salvaguardar los derechos de negociaci¨®n colectiva y de huelga, mientras que el articulo 36/1 auguraba una tutela de la productividad a tono con las exigencias de la econom¨ªa general y de planificaci¨®n democr¨¢tica. Record¨® el se?or Zorrilla que el art¨ªculo 32 del anteproyecto de Constituci¨®n, proclama el derecho del empresario a adoptar medidas de conflicto colectivo, ?expresi¨®n que pese a lo cauteloso y sibilino de su redacci¨®n, se refiere, sin duda, al ejercicio del lock-out?.
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