El canal y su zona son paname?os
Las manifestaciones de Carter en favor de la firma del nuevo tratado con Panam¨¢ suponen un intento expreso para convencer a la opini¨®n p¨²blica de los derechos que la naci¨®n centroamericana posee de manera indiscutible sobre el canal y su zona. Igualmente son el colof¨®n a una bien orquestada campa?a auspiciada por la propia Casa Blanca y encaminada a terminar un espinoso litigio que arranca de lejos, pero que tuvo el punto de partida a este final cuando, en 1974, los cancilleres a la saz¨®n, Tack y Kissinger, firmaron la declaraci¨®n de principios en la que se explicitaban los ocho puntos b¨¢sicos que han presidido la larga negociaci¨®n.A pesar de todo, Carter no las tiene consigo, pues bastan 34 votos contrarios para que el Senado no apruebe el texto a debate, con lo que la imagen de su pol¨ªtica exterior se ver¨ªa seriamente perjudicada, especialmente al sur del r¨ªo Grande, en unas circunstancias hist¨®ricas de rabioso soplo descolonizador.
La complejidad del asunto, abrogaci¨®n del tratado de 1903 y su sustituci¨®n por uno nuevo que contempla la devoluci¨®n y el control del territorio a Panam¨¢ en el a?o 2000, as¨ª c¨®mo la administraci¨®n del tr¨¢fico mar¨ªtimo por las autoridades paname?as, presenta, adem¨¢s, dos claves importantes y todav¨ªa no resueltas: el derecho de Estados Unidos, despu¨¦s del a?o 2000, a actuar en caso de amenaza o agresi¨®n; y el derecho de Estados Unidos a que los buques de su pabell¨®n circulen en primer lugar por el canal si existe necesidad o se produce una crisis.
Tres tipos de condicionantes
Econ¨®micos: El conflicto paname?o, m¨¢s conocido por la canalera, encierra varios aspectos cuyas derivaciones son f¨¢cilmente comprensibles. En primer lugar, la importancia mar¨ªtima del canal como v¨ªa de comercio por el que navega una gran parte de las mercanc¨ªas de Chile, Per¨², Colombia y Ecuador, aparte de las norteamericanas (17 % del tr¨¢fico total), si bien el calado del canal no permite el paso de los grandes tanqueros de petr¨®leo. De todas formas los excedentes de crudos de Alaska hab¨ªan puesto la mirada en el canal para darles salida hacia mercados de otras ¨¢reas. Finalmente, las tarifas de peaje son irrisorias: las fijadas en 1914 fueron incrementadas en un 20% en 1974.
En segundo, las multinacionales instaladas en la zona, entre ellas las filiales de la ITT, la Central American Cable y la Radio and Transoceanic Comunication y la United Fruit, prefieren que el espacio colonizado contin¨²e en manos norteamericanas, por lo que juegan a fondo con su lobby en el Congreso, a fin de que el tratado no se apruebe.
En tercero, las necesidades de capital del Gobierno Torrijos para llevar a cabo el plan de desarrollo econ¨®mico-social del pa¨ªs le obligan a una estabilidad pol¨ªtica interna para que la capital de la naci¨®n siga siendo considerada como centro financiero internacional -y para¨ªso fiscal- en la encrucijada. La zona libre de Col¨®n, la paridad de la moneda nacional (un balboa igual a un d¨®lar), la ausencia de control de cambios, la inexistencia de impuestos en los beneficios obtenidos en el exterior, las cuentas numeradas, as¨ª como el hecho de exportar el 90% de los intercambios hacia Estados Unidos, hacen que el nacionalista Torrijos plantee la reivindicaci¨®n con guante blanco en evitaci¨®n del ¨¦xodo de los setenta bancos extranjeros operantes.
Militares: En cuarto, los intereses, por razones estrat¨¦gicas y de reparto de influencia, del Pent¨¢gono, que desea continuar controlando militarmente ese paso, ya que desde las catorce bases del Southern Comand, all¨ª encastilladas, se propaga e impulsa la defensa del hemisferio sur ante el peligro de una quiebra -l¨¦ase Cuba y sus lejanos aliados- del equilibrio geopol¨ªtico.
Pol¨ªticos: Y quinto, los componentes de ¨ªndole pol¨ªtica que, bajo el recuerdo de las algaradas de 1964, que causaron veintiocho muertos y cerca de quinientos heridos, presionan sobre Carter y Torrijos situ¨¢ndose en dos planos. En el de las relaciones internacionales con pronunciamiento favorable, en favor de la soberan¨ªa paname?a, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de la OEA y de las conferencias de los pa¨ªses no alineados habidas en Argel, Lima y Colombo. En el de pol¨ªtica interior, Carter se ve azuzado por el informe Grant de 1973 y por el posible debate en las dos C¨¢maras y al que procura anular con la concienciaci¨®n de la opini¨®n p¨²blica y con las maniobras en la sombra de los parlamentarios adictos.
Por parte paname?a, Omar Torrijos, que asumi¨® los plenos poderes en 1972, es decir a los cuatro a?os del golpe militar que derroc¨®, al presidente electo, Arnulfo Arias, se encuentra atrapado con las aseveraciones que hizo el 23 de octubre de 1977: todos los partidos pol¨ªticos, desde esa fecha, quedaron autorizados nuevamente; extensi¨®n de la libertad de prensa; mejoramiento de los derechos humanos y elecciones generales para agosto de 1978. Es obvio que estos elementos, junto con la tendencia izquierdista que se observa en el 1.700.000 paname?os inclinan a Torrijos a que el nuevo tratado salga redactado, en su versi¨®n definitiva, tal cual como se dio conocer a su pueblo con ocasi¨®n del pasado refer¨¦ndum, para as¨ª no verse presionado a una nueva consulta popular.
Es evidente el dif¨ªcil equilibrio en que se encuentra el binomio Carter-Torrijos. Su margen de maniobra es m¨¢s bien estrecho y las tesis maximalistas -la plena soberan¨ªa y la desaparici¨®n de las bases norteamericanas- deber¨¢n ser tratadas con una gran dosis de habilidad cara a sus respectivas posiciones de poder.
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