Los socialistas acusan de debilidad al Gobierno en el caso de Els Joglars

Una acusaci¨®n al Gobierno, por la debilidad pol¨ªtica demostrada en relaci¨®n con el procesamiento militar a Els Joglars, fue el contenido m¨¢s destacado de la interpelaci¨®n defendida ayer en el Pleno del Congreso por la diputada socialista Marta Mata, a la que el ministro de Cultura, P¨ªo Cabanillas, respondi¨® que en el actual mes de abril quedar¨¢ reformado el C¨®digo de Justicia Militar en el sentido previsto en los pactos de la Moncloa.

La se?ora Mata situ¨® su interpelaci¨®n sobre las limitaciones a la libertad de expresi¨®n en el marco del proceso seguido contra los int¨¦rpretes del grupo teatral Els Joglars y del secuestro de la revista Intervi¨², si bien se centr¨® sobre el primero de estos hechos. En una exposici¨®n de gran belleza literaria, la diputada del grupo Socialistas de Catalu?a hizo historia de la lucha del hombre por la libertad, que contin¨²a en estos momentos en que persisten -seg¨²n dijo- los tab¨²es y el miedo a la verdad y al cambio.El procesamiento al grupo Els Joglars, acusado de injurias a un tribunal militar, por otro tribunal militar, colocaba frente a frente -en la exposici¨®n de Marta Mata- ?la libertad de expresi¨®n y la raz¨®n de Estado, raz¨®n de fuerza entonces, raz¨®n de debilidad ahora por parte de un Gobierno que no ha cumplido en este punto los acuerdos de la Moncloa?. ?Por qu¨¦ no se ha desmontado la justicia franquista? -se preguntaba la diputada socialista, y apuntaba una respuesta-: ?por debilidad de la nueva situaci¨®n de cambio pol¨ªtico, tanto a nivel de Gobierno como de Parlamento?.

Y la se?ora Mata remat¨® su alegato en favor de Els Joglars y de la libertad de expresi¨®n preguntando al ministro de Cultura por qu¨¦ no hab¨ªa defendido una obra de arte autorizada por su departamento; al vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Defensa, que c¨®mo hab¨ªa permitido la intervenci¨®n de la jurisdicci¨®n militar en un proceso en el que el fiscal se permiti¨® afirmar que los plazos pactados en la Moncloa eran pura entelequia; al ministro de Justicia, que por qu¨¦ no hab¨ªa logrado ya la unidad de jurisdicciones; al ministro del Interior, que por qu¨¦ continuaba la represi¨®n; al ministro de Asuntos Exteriores, que por qu¨¦ no defend¨ªa dentro de Espa?a lo que manten¨ªa fuera de ella en materia de respeto a los derechos humanos, y, finalmente, al Gobierno en su conjunto, por haber dado lugar a que el proceso contra Els Joglars se haya convertido en el juicio a la debilidad pol¨ªtica de la naciente democracia espa?ola.

El ministro de Cultura, P¨ªo Cabanillas, coincidi¨® con la interpelante en la importancia del tema y en la necesidad de defender la libertad de expresi¨®n y creaci¨®n, y acept¨® que para la defensa del honor y la maledicencia lo normal es acudir a los tribunales ordinarios. Sin embargo, record¨® que desde 1890 ha sido una constante de nuestra legislaci¨®n, incluida la etapa republicana, conferir atribuciones a los entes del poder militar en materia de injurias y calumnias al Ej¨¦rcito. A?adi¨® que en los pactos de la Moncloa se sientan las bases para que no puedan plantearse casos como el de Els Joglars, a trav¨¦s de una restricci¨®n del ¨¢mbito de la jurisdicci¨®n militar, para lo que antes de que finalice el actual mes de abril se reformar¨¢ el C¨®digo de Justicia Militar.

En cuanto al resto del planteamiento, el se?or Cabanillas afirm¨® que aunque haya podido resultar afectado el prestigio democr¨¢tico de nuestro pa¨ªs, lo cierto es que ?el Gobierno ha ido a la velocidad que ha podido?.

El resto de las cuestiones planteadas al Gobierno, a trav¨¦s de cuatro interpelaciones y una pregunta, fueron contestadas por el vicepresidente Fernando Abril y los ministros de Trabajo, Rafael Calvo; de Obras P¨²blicas y Urbanismo, Joaqu¨ªn Garrigues, y de la Presidencia, Jos¨¦ Manuel Otero.

La interpelaci¨®n del socialista Luis Solana sobre la crisis bancaria y las medidas para atajarla fue respondida por el se?or Abril, quien asegur¨® que se ir¨ªa hasta el final en la depuraci¨®n de responsabilidades, tanto administrativas como penales, sobre este tema.

El socialista Juan Barranco se interes¨® sobre la situaci¨®n del Banco Rural y Mediterr¨¢neo y de sus 1.292 trabajadores, ante los rumores de privatizaci¨®n. El se?or Calvo Ortega intent¨® tranquilizar al interpelante, asegur¨¢ndole que el paquete mayoritario de acciones, en poder de la AISS, concurrir¨¢ a la pr¨®xima ampliaci¨®n de capital del banco, que ha iniciado la renovaci¨®n y profesionalizaci¨®n de su consejo de administraci¨®n (la sustituci¨®n de Jos¨¦ Utrera, ex ministro de Franco, por el senador de UCD Julio Nieves fue considerada insuficiente por el interpelante).

El mismo ministro contest¨® al socialista Joan Revent¨®s a la interpelaci¨®n de ¨¦ste sobre la expropiaci¨®n de entidades cooperativas como consecuencia de la guerra civil. El se?or Calvo pidi¨® comprensi¨®n y dio cuenta de la actividad que desarrolla su departamento para identificar los bienes afectados y realizar su evaluaci¨®n econ¨®mica.

La interpelaci¨®n del diputado de la Minor¨ªa Catalana Jos¨¦ Sendra sobre la contaminaci¨®n en la zona de Tarragona-Reus-Valls fue contestada por el se?or Garrigues, quien agradeci¨® que por fin no se le interpelara sobre el trasvase Tajo-Segura y explic¨® las medidas encaminadas a reducir la citada contaminaci¨®n en un tercio para finales de a?o.

Por ¨²ltimo, la pregunta del comunista Jordi Sol¨¦ Tur¨¢, sobre el r¨¦gimen de los funcionarios y el grado de participaci¨®n de ¨¦stos en la nueva normativa, fue contestada por el se?or Otero, quien afirm¨® que el proyecto de ley sobre la Funci¨®n P¨²blica no se aprobar¨¢ hasta que haya concluido la consulta a los expertos y funcionarios que en este momento se realiza.