Reto de los bibliotecarios al Ministerio de Cultura

Ante la pol¨¦mica suscitada en la prensa por la publicaci¨®n en el BOE de la convocatoria de oposiciones al Cuerpo Facultativo de Bibliotecas, en la que en alg¨²n art¨ªculo se trata de confundir a la opini¨®n p¨²blica, presentando esta convocatoria como innovadora, llegando a afirmarse que es ?una esperanza abierta al futuro de la profesi¨®n?, la casi totalidad de funcionarios facultativos de Bibliotecas se ha visto en el deber de hacer las siguientes puntualizaciones.En primer lugar, y para centrar el problema, hacer saber a la comunidad que toda la red bibliotecaria estatal est¨¢ siendo atendida por 174 bibliotecarios facultativos y otros tantos ayudantes, que ingresan en estos cuerpos nacionales mediante oposiciones espec¨ªficas. Esta cifra de personal es tan rid¨ªcula que coloca a Espa?a en este aspecto a la cabeza de los pa¨ªses subdesarrollados del Tercer Mundo. Con el agravante de ser una de las naciones con un patrimonio cultural m¨¢s amplio y rico.

Para que pueda tenerse una idea de hasta qu¨¦ punto llega este subdesarrollo en materia de personal, bastar¨¢ apuntar que las Normas para bibliotecas p¨²blicas, confeccionadas por la Federaci¨®n Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios, recogiendo y contrastando experiencias en los diferentes pa¨ªses miembros, se?ala la cifra de al menos un titulado por cada 2.500 habitantes. Realice el que esto lea la cuenta, dividiendo 35 millones entre 2.500 y comprobar¨¢ que Espa?a necesitar¨ªa, para atender su sistema bibliotecario, un m¨ªnimo de 14.000 profesionales de diferentes niveles.

Por ello, cuando la Asociaci¨®n Sindical del Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios tuvo noticia de que se estaba preparando una convocatoria de oposiciones de veinticuatro plazas de funcionarios facultativos, en la que se hac¨ªa desaparecer materias consideradas como b¨¢sicas para la profesi¨®n, como la catalogaci¨®n de manuscritos e incunables, con los conocimientos de lat¨ªn y paleograf¨ªa que ello supone, trat¨® de ponerse en contacto con el director general del Libro y las Bibliotecas, para expresar su desacuerdo con esa medida, haci¨¦ndole ver los perjuicios que para la buena marcha de los centros tendr¨ªa una decisi¨®n semejante.

El director general se neg¨® en redondo a escuchar sus justas reclamaciones y zanj¨® la cuesti¨®n de forma totalmente antidemocr¨¢tica, afirmando que su decisi¨®n era irrevocable.

Convocadas las oposiciones (BOE 11-2-78), la Asociaci¨®n Sindical convoc¨® una junta general en la que se vot¨® por unanimidad la impugnaci¨®n de las oposiciones, mediante la interposici¨®n de un recurso administrativo que se present¨® en el Ministerio de Cultura en marzo de este a?o, como paso previo al recurso contencioso-administrativo.

Ante esta decisi¨®n, la Direcci¨®n General del Libro y las Bibliotecas envi¨® a los funcionarios facultativos, ayudantes y contratados, una ?circular informativa?, en la que trataba de convencerles de las muchas ventajas que ten¨ªa esta oposici¨®n sobre las anteriores. Los argumentos, muy confusos, no resisten el m¨¢s somero an¨¢lisis.

Entre otras cosas, se habla en ella de la necesidad de que existan bibliotecarios especializados en lectura moderna y otros en ?tratamiento? (se evita cuidadosamente el t¨¦rmino catalogaci¨®n) de fondos antiguos. Despu¨¦s de muchas disquisiciones, no le queda a la Direcci¨®n General del Libro y las Bibliotecas m¨¢s remedio que admitir que el mismo funcionario ha de atender tanto al investigador que maneja incunables, manuscritos, libros raros, etc¨¦tera, como al lector de fondos actuales, ?dada la imposibilidad actual de proceder a un desdoblamiento de plazas en las bibliotecas p¨²blicas?. Y aun as¨ª, se opta no por ajustarse a la realidad, como se ven¨ªa haciendo hasta ahora, esto es, a exigir que el funcionario facultativo de bibliotecas se prepare en los dos campos, o al menos en el m¨¢s dif¨ªcil, sino por rebajar el nivel de la oposici¨®n, que corresponde al que hoy d¨ªa se busca para el Cuerpo de Ayudantes de Bibliotecas.

En cada provincia se considera al bibliotecario facultativo (y as¨ª debe seguir siendo) como el t¨¦cnico de mayor garant¨ªa en cuestiones relacionadas con el libro. En muchas ocasiones acuden a ¨¦l los usuarios del centro para que les resuelva problemas de valoraciones de libros antiguos, o a la vista de un ejemplar averig¨¹e datos como los de lugar de impresi¨®n y a?o, de incunables o libros raros que carecen de pie de imprenta y que les pod¨ªa facilitar el funcionario gracias al conocimiento que se le exig¨ªa de catalogaci¨®n de fondos antiguos. Suprimidos estos conocimientos, cabe imaginarse la decepci¨®n del consultante cuando compruebe el desconocimiento del bibliotecario facultativo en estas materias. Y la sorpresa y hasta las chanzas de los investigadores extranjeros y nacionales, cuando se percaten de que el conservador de esos fondos es un aut¨¦ntico ignorante en esas cuestiones.

Hasta aqu¨ª la explicaci¨®n de la actitud m¨¢s que justificada de la mayor¨ªa de los funcionarios facultativos de Archivos y Bibliotecas. Ahora se trata de justificar el t¨ªtulo de este art¨ªculo: Reto de los bibliotecarios al Ministerio de Cultura.

Como se ha explicado en los p¨¢rrafos anteriores, el panorama bibliotecario en cuanto a dotaci¨®n de personal es verdaderamente catastr¨®fico. Otro tanto podr¨ªa decirse en cuanto a locales y presupuesto para compra de libros. Para resolver este estado de cosas habr¨ªa que promulgar una ley de Bibliotecas en la que se afirme el derecho a la lectura de todos los espa?oles como parte de uno de los derechos inalienables del ser humano: el derecho a la educaci¨®n y la cultura. Esta ley no debe ser un mero cap¨ªtulo de la llamada ley del Libro, sino un texto con entidad propia y de rango superior, que debe constituir la columna sobre la que han de vertebrarse la pol¨ªtica educativa, cultural e investigadora de la naci¨®n.

El anteproyecto de esa ley de Bibliotecas deber¨¢ ser elaborado por una comisi¨®n de bibliotecarios de la que formen parte profesionales, tanto de las distintas asociaciones existentes como independientes, elegida democr¨¢ticamente, siempre que su experiencia les capacite para aportar soluciones a los problemas bibliotecarios. Y esto es as¨ª porque se trata de elaborar una legislaci¨®n para la naci¨®n entera, no para un cuerpo de funcionarios.

En esta ley deber¨¢n establecerse normas para que una biblioteca no pueda ser servida por personas sin la titulaci¨®n y la preparaci¨®n adecuadas para estar al frente de ella. En caso contrario, este centro deja de serlo, aunque enga?osamente ostente ese nombre, para convertirse en un mero almac¨¦n de libros. Hay que ir, pues, a un reconocimiento oficial de la profesi¨®n de bibliotecario, creando los centros que hayan de encargarse de impartir las ense?anzas a los distintos niveles. En ella deber¨ªan fijarse los m¨®dulos de personal, que podr¨ªan ser los que da la IFLA de un titulado como m¨ªnimo por cada 2.500 habitantes. Habr¨ªa que hacer tambi¨¦n una clasificaci¨®n nacional de los centros bibliotecarios en la que se determine el alcance de cada uno y la dotaci¨®n de personal que precisan. Es entonces cuando podr¨¢n estructurarse los funcionarios que han de servir las bibliotecas en diversas categor¨ªas y niveles, y se podr¨¢ hablar de especialistas en fondos antiguos y lectura moderna, se?alando las competencias de unos y otros. Entre estos ¨²ltimos se admitir¨ªan entonces a los licenciados en todas las especialidades: medicina, f¨ªsica, derecho, matem¨¢ticas, etc¨¦tera, siempre que mediante las pruebas adecuadas demuestren tener los conocimientos en documentaci¨®n y biblioteconom¨ªa que se les exijan, y no s¨®lo como hoy se hace, a los licenciados en Filosof¨ªa y Letras.

Mientras el Cuerpo Facultativo est¨¦ compuesto por 174 funcionarios es imprescindible que en la oposici¨®n de ingreso se exija un programa de ?amplio espectro?: lat¨ªn, paleograf¨ªa, catalogaci¨®n de incunables, manuscritos y libros antiguos, catalogaci¨®n de impresos modernos, conocimiento de lenguas modernas, etc¨¦tera, que ha permitido que en 120 a?os de profesi¨®n, los bibliotecarios espa?oles hayan sido capaces de realizar cat¨¢logos de incunables, de libros raros, de manuscritos, etc¨¦tera, atender a la lectura p¨²blica al frente de los centros provinciales coordinadores de bibliotecas y llevar a cabo una labor de animaci¨®n cultural ingente.

Esta ley de Bibliotecas y los aspectos que en ella se contemplan es el ?reto? que los bibliotecarios del Cuerpo Facultativo lanzan al Ministerio de Cultura. Esta es la tarea urgente e inaplazable que debe llevar a cabo en el menor tiempo posible una vez promulgada la Constituci¨®n y establecidas las autonom¨ªas regionales, si, como dice, pretende acercar la cultura a todos los habitantes de Espa?a, de una forma eficaz y efectiva. Y no ser¨¢ rebajando la competencia de los funcionarios que tienen a su cargo la conservaci¨®n y difusi¨®n del patrimonio cultural a trav¨¦s del libro como lo consiga.

(*) Este art¨ªculo est¨¢ suscrito por el 70% de los funcionarios del Cuerpo Facultativo de Bibliotecarios, seg¨²n los firmantes del colectivo: Julia M¨¦ndez, Concepci¨®n Herrero, Alicia Gir¨®n, Elena Santiago e Isabel Morales.