Reconocimiento de las libertades de expresi¨®n, de c¨¢tedra y de informaci¨®n

En un ambiente negociador y de consenso, que contrastaba con los debates del pasado jueves, la Comisi¨®n de Asuntos Constitucionales y Libertades P¨²blicas del Congreso aprob¨® ayer por unanimidad la regulaci¨®n en el texto constitucional de, entre otros, los derechos del detenido, la inviolabilidad del domicilio y las comunicaciones y la libertad de expresi¨®n, de c¨¢tedra y de informaci¨®n. Igualmente se aprob¨® por unanimidad la regulaci¨®n de la cl¨¢usula de conciencia y del secreto profesional. El consenso se rompi¨®, sin embargo, en relaci¨®n con el control parlamentario de los medios de comunicaci¨®n social propiedad del Estado y concretamente de la televisi¨®n, que no fue aceptado por UCD y AP y, por tanto, qued¨® rechazado.La sesi¨®n matinal se inici¨® con el estudio de los dos ¨²ltimos apartados del art¨ªculo 16 sobre los derechos del detenido, pendiente de la sesi¨®n anterior.

Los socialistas y comunistas, as¨ª como el PNV, insistieron en sustituir que la informaci¨®n al detenido se realice ?en el plazo m¨¢s breve posible? -como dec¨ªa el texto del anteproyecto- por la de ?desde el momento de su detenci¨®n? o ?de inmediato?. Estas peticiones fueron incorporadas a la enmienda in voce formulada por la Minor¨ªa Catalana, m¨¢s correcta jur¨ªdicamente que el texto del anteproyecto y que result¨® aprobada por unanimidad.

La modificaci¨®n m¨¢s importante sobre el anteproyecto consiste en que mientras en ¨¦ste la asistencia de abogado se circunscrib¨ªa a la prestaci¨®n de declaraci¨®n, en el texto aprobado se garantiza la asistencia letrada al detenido ?en las diligencias policiales o judiciales?, si bien se apostilla: ?En los t¨¦rminos que la ley establezca. ?

El ¨²ltimo apartado del art¨ªculo 16 fue aprobado tambi¨¦n por unanimidad, tras un debate en el que, a diferencia de la tempestad que amenaz¨® al consenso en la sesi¨®n del jueves, rein¨® la moderaci¨®n y el acuerdo. El se?or Herrero (UCD) fue el primero en registrar el nuevo: esp¨ªritu. En el apartado citado, que constitucionaliza la instituci¨®n del habeas corpus, los socialistas pidieron que, junto a la inmediata puesta a disposici¨®n judicial de toda persona detenida ilegalmente, se estableciera el principio de que la ley determina el plazo m¨¢ximo de duraci¨®n de la prisi¨®n provisional.

Algunas objeciones t¨¦cnicas por parte de Antonio Carro (AP) se desvanecieron ante el apoyo que, de forma contundente, prest¨® Jes¨²s Sancho Rof (UCD) a la propuesta socialista, partiendo del criterio de que la justicia ?para ser eficaz debe ser r¨¢pida?. A?adi¨® que son muchas m¨¢s las personas que se encuentran en prisi¨®n pendientes de juicio que cumpliendo condena. En cambio, consider¨® que la expresi¨®n habeas corpus deb¨ªa ser suprimida.

Igual opini¨®n mantuvo Miguel Herrero quien, a¨²n advirtiendo que se introduc¨ªa un t¨¦rmino de derecho anglosaj¨®n, no insisti¨® en la supresi¨®n respondiendo al ?nuevo ¨¢nimo de consenso?.

Esp¨ªritu negociador

El mismo esp¨ªritu negociador presidi¨® los debates del art¨ªculo 17, sobre el que pesaba un voto particular de los socialistas en el sentido de que se sustituyera la expresi¨®n ?mandamiento judicial? por la de ?resoluci¨®n judicial?, a su juicio m¨¢s correcta. UCD, a trav¨¦s del se?or Vega, inici¨® una defensa del texto de la ponencia en base a que los jueces actuaban siempre por razones motivadas. Emilio Gast¨®n, del Grupo Mixto, introdujo un ¨¢pice de discordia al se?alar que ?todos sabemos que han existido impresos firmados en blanco por jueces y que algunas personas han llegado a la c¨¢rcel sin que el juez tuviera exacto conocimiento de ello?.

Rodr¨ªguez Miranda, de UCD, se erigi¨® en voluntario defensor de la Magistratura, a la que consider¨® que se acababa de ofender, acus¨¢ndola de irresponsabilidad. Un poco sorprendido por esta reacci¨®n, el se?or Gast¨®n manifest¨® que retiraba cualquier palabra que pudiera ser interpretada en ese sentido. La argumentaci¨®n a favor del t¨¦rmino ?resoluci¨®n judicial? fue recogida por el socialista Gregorio Peces-Barba, quien dijo que ?no pensaba dejarse enredar en temas que no vienen a cuento?, e insisti¨® en la conveniencia de su propuesta. Tras unos minutos de reflexi¨®n, Pablo Castellano, del Grupo Socialista, que hab¨ªa defendido el voto particular de su grupo, ofreci¨® una nueva redacci¨®n aprobada por todos los grupos parlamentarios, y que supon¨ªa tambi¨¦n la sustituci¨®n de la expresi¨®n ?investigaci¨®n domiciliaria? por ?entrada o registro?.

Dentro del mismo art¨ªculo se debati¨® tambi¨¦n el control de la inform¨¢tica, apartado que Jes¨²s Sancho Rof y la UCD consideraban que pod¨ªa ser suprimido. Miguel Roca, de la Minor¨ªa Catalana; Eduardo Mart¨ªn, de Socialistas de. Catalu?a, y Jordi Sol¨¦ Tur¨¢, del Grupo Comunista, expusieron las razones por las que el tema deb¨ªa quedar constitucionalizado. Consideraban que la inform¨¢tica es una t¨¦cnica controladora que debe, a su vez, quedar controlada y que penetraba en la esfera de los derechos individuales reconocidos en la Constituci¨®n. P¨¦rez Llorca, portavoz de UCD, retir¨® la enmienda centrista por considerar que se basa exclusivamente en un criterio t¨¦cnico y que su grupo coincid¨ªa en el fondo pol¨ªtico de la cuesti¨®n.

Se entr¨® despu¨¦s en el estudio del art¨ªculo dieciocho, en el que nuevamente y a partir de una enmienda socialista, que afirmaba que la redacci¨®n de la ponencia estaba en contradicci¨®n con la convenci¨®n europea de los derechos humanos, se lleg¨® a una nueva elaboraci¨®n por consenso de todos los grupos.

El debate m¨¢s interesante de la sesi¨®n de la ma?ana se origin¨® en la discusi¨®n del art¨ªculo diecinueve. Tras la propuesta de Alianza Popular de que se suprimiera, por innecesario, el apartado sobre la libertad de c¨¢tedra, a lo que se opuso el socialista Peces-Barba; Miguel Roca propuso la incorporaci¨®n de un apartado en el que se reconociera el derecho de los periodistas e informadores a la cl¨¢usula de conciencia. Los socialistas y los comunistas ten¨ªan presentadas enmiendas particulares en el mismo sentido, pero la peque?a sorpresa la constituy¨® una enmienda in voce presentada por Luis Apostua, de UCD, en la que se reconoc¨ªa ese derecho y se a?ad¨ªa el del secreto profesional. Una nueva redacci¨®n conjunta fue respaldada por todos los grupos parlamentarios.

No hubo acuerdo, sin embargo, en el apartado tres del mismo art¨ªculo, en el que Miguel Roca propuso que se a?adiera que los Medios de Comunicaci¨®n del Estado o de cualquier otro ente p¨²blico estuvieran sometidos a control parlamentario de las Cortes generales o de las asambleas de los territorios aut¨®nomos. Virgilio Zapatero, del Grupo Socialista, defendi¨® un voto particular y se?al¨® que el mero reconocimiento del ?acceso de los grupos pol¨ªticos y sociales? a dichos Medios de Comunicaci¨®n pod¨ªa ser simple agua de borrajas. Afirm¨® que su grupo ten¨ªa la sospecha de que se est¨¢ iniciando un proceso de privatizaci¨®n de la televisi¨®n y que por ello quer¨ªa incluir un inciso en el que se dijera: ? La televisi¨®n, en todo caso, estar¨¢ sometida a control parlamentarlo.?

Pilar Brabo, del Grupo Comunista, afirm¨® que los Medios de Comunicaci¨®n Social son hoy un poder pol¨ªtico y que como tal deb¨ªan ser controlados por el Parlamento. Record¨® que un control similar exist¨ªa en todos los pa¨ªses democr¨¢ticos y respald¨® la enmienda catalana en el sentido de que ese control entrara tambi¨¦n en el ¨¢mbito de los entes auton¨®micos.

Reiniciada la sesi¨®n por la tarde, la enmienda catalana fue derrotada por diecis¨¦is votos a favor, diecinueve en contra (UCD y AP) y ninguna abstenci¨®n. El voto particular socialista y su enmienda sobre la televisi¨®n corrieron la misma suerte (diecisiete votos a favor y diecinueve en contra). La propuesta de Pilar Brabo tuvo una votaci¨®n igual. Finalmente, el texto de la ponencia en este apartado se aprob¨® por diecinueve votos a favor y diecisiete abstenciones. El texto completo del art¨ªculo fue aprobado por unanimidad, pese a que en la explicaci¨®n de voto, Gregorio Peces-Barba expres¨® su disgusto por las votaciones tipo 19-17 que, dijo, ?no nos gustar¨ªa ver muy repetidas en esta Comisi¨®n?. Se?al¨® que no pod¨ªa entender c¨®mo alg¨²n grupo parlamentario se opon¨ªa al control de los medios de Comunicaci¨®n Social del Estado por parte de los poderes p¨²blicos, sorpresa que recogi¨® tambi¨¦n Miguel Roca. El diputado catal¨¢n dijo que tal y como queda redactado el art¨ªculo, la televisi¨®n en Espana puede ser la ¨²nica que haga y deshaga en plena libertad, ?lo que no sucede en ning¨²n pa¨ªs civilizado?. Expres¨® su esperanza de que esta redacci¨®n pueda ser modificada en el Pleno del Congreso.

Jordi Sol¨¦, Grupo Comunista, afirm¨® que, pese a los defectos se?alados, el art¨ªculo aprobado era importante, e insisti¨® en la necesidad de incorporar el control parlamentarlo que, seg¨²n record¨®, se reconoce en los pactos de la Moncloa.