Las reglas del juego

LA CAMPA?A lanzada por las centrales sindicales para presionar, mediante encierros de los comit¨¦s de empresa en los lugares de trabajo, convocatorias de asambleas informativas y mensajes de protesta a las Cortes, sobre la Comisi¨®n de Trabajo del Congreso, que debate en estos d¨ªas la ley de Acci¨®n Sindical, es una respuesta sim¨¦trica a la que desencadenaron, hace un mes, las asociaciones patronales, que actuaron en aquella ocasi¨®n, con su exasperada y desorbitada ofensiva, como el aprendiz de brujo.Las modificaciones que la ponencia hab¨ªa introducido en el proyecto de ley enviado por el Gobierno al Parlamento, y que aproximaba el r¨¦gimen de representaci¨®n de los trabajadores en la empresa al que rige en los sistemas capitalistas europeos m¨¢s desarrollados, fueron presentadas por los empresarios como un mort¨ªfero mecanismo para la liquidaci¨®n de la econom¨ªa de mercado, el colapso de la actividad productiva y el paso al colectivismo. Ahora, las rectificaciones de la comisi¨®n respecto al trabajo de la ponencia son denunciadas por las centrales, en el mismo tono de caricatura, como el regreso al sindicalismo vertical.

En realidad, la valoraci¨®n de esa discutida ley y de las tres etapas de elaboraci¨®n que hasta ahora ha recorrido -el proyecto gubernamental, las alteraciones de la ponencia, la vuelta de la comisi¨®n al dise?o primitivo - no debe hacerse con la truculencia y dramatismo de los que han hecho gala, hasta ahora, las centrales de patronos y trabajadores, sino en relaci¨®n con la actual coyuntura econ¨®mica, el contexto social e institucional en el que se inscribe y el suelo hist¨®rico que le antecede. Cabe dudar de que el inmaduro sistema de relaciones industriales de nuestro pa¨ªs y el grado de organizaci¨®n y desarrollo de las centrales sindicales (todav¨ªa est¨¢ pendiente el destino del patrimonio sindical) permitan que la reforma propuesta por los partidos de izquierda sea operativa y funcional en las grandes empresas; y es de temer que la mim¨¦tica traslaci¨®n a las empresas peque?as y medianas de una reglamentaci¨®n nacida de la experiencia de los grandes centros de trabajo de los pa¨ªses desarrollados pudiera resultar negativa.

Pero lo que importa se?alar es que tanto las asociaciones patronales, antes, como las centrales sindicales, ahora, se han excedido en la forma de hacer valer sus opiniones y de presionar sobre el Parlamento. El olvido interesado o el simple desconocimiento de los diferentes momentos del proceso legislativo hace que sea todav¨ªa m¨¢s criticable esa doble campa?a.

Entre la iniciativa de una ley, que recibe el nombre de proyecto, si lo apadrina el Gobierno, y de proposici¨®n, si nace de las C¨¢maras, y su promulgaci¨®n hay una serie de pasos cuya absolutizaci¨®n resulta simplemente aberrante. En el caso de la acci¨®n sindical, el voto combinado de UCD, AP y la Minor¨ªa Catalana derrot¨® en el Congreso la proposici¨®n socialista para regularla; y, a rengl¨®n segu¨ª do, el Gobierno envi¨® su propio proyecto sobre la mate r¨ªa. La ponencia encargada de informar y dictaminar el texto gubernamental introdujo modificaciones sustanciales sugeridas por el PSOE y el PCE, y que dieron lugar a las desaforadas protestas de las organizaciones patronales. Ahora, UCD, en el paso siguiente, que es el debate en la comisi¨®n, ha hecho valer, en combinaci¨®n con AP, su posici¨®n de grupo mayoritario, ha desautorizado de manera impl¨ªcita a sus representantes en la ponencia y ha devuelto al proyecto de ley el rostro que ten¨ªa antes de su paso por la ponencia.

Esta rectificaci¨®n de UCD resulta congruente con su condici¨®n de partido del Gobierno; el misterio que hay que explicar, m¨¢s bien, es que no defendiera en la ponencia el proyecto enviado por el se?or Su¨¢rez y sus ministros. Por lo dem¨¢s, el proceso legislativo no terminar¨¢ con los debates de la Comisi¨®n de Trabajo, sino que seguir¨¢ su marcha en el Pleno del Congreso, primero, y los tr¨¢mites de ponencia, comisi¨®n y Pleno en el Senado, despu¨¦s. A la vista de esa complicada y larga secuencia, carece de justificaci¨®n que las centrales sindicales privilegien el paso por la ponencia, por el hecho de que les resulte favorable, y consideren poco menos que ?legales las rectificaciones de la comisi¨®n, que devuelve al proyecto gubernamental su primitivo esp¨ªritu. El informe de la ponencia es s¨®lo un eslab¨®n aislado de una cadena de actos parlamentarios que desembocan en el Pleno; y a lo largo de todo el proceso lo ¨²nico decisivo es tener la mayor¨ªa en el Parlamento.

Cualquier otra actitud equivale a ignorar el car¨¢cter incondicionalmente vinculante de las reglas de juego de la democracia parlamentaria. Aceptarlas s¨®lo cuando se gana y romper la baraja cuando se pierde significa, lisa y llanamente, que el compromiso con la democracia es s¨®lo de labios para afuera. Las centrales sindicales saben que la mayor¨ªa parlamentaria no es favorable a las modificaciones introducidas en la ley de Acci¨®n Sindical por la ponencia; al pretender ?'variar la correlaci¨®n de fuerzas? en la comisi¨®n, ahora, y luego en el Pleno, mediante la presi¨®n extramuros del Parlamento, sientan un peligroso precedente del que pueden ser las principales v¨ªctimas en el futuro. Porque id¨¦nticos argumentos podr¨ªan utilizar el d¨ªa de ma?ana fuerzas sociales adversas al cambio si los partidos de izquierda tuvieran la mayor¨ªa en las Cortes.