El coste del seguro de paro socialista

LA PROPOSICION de ley contra el paro presentada por los socialistas, y que pronto se discutir¨¢ en la correspondiente comisi¨®n del Congreso, naci¨® rodeada de una fuerte pol¨¦mica. Su aceptaci¨®n por el Pleno no s¨®lo supuso una derrota parlamentaria para la mayor¨ªa gubernamental, sino que, adem¨¢s se manejaron entonces cifras muy dispares sobre su coste financiero: seg¨²n estimaciones del Ministerio de Trabajo ser¨ªa de unos 274.000 millones de pesetas anuales; de acuerdo con el PSOE, de 112.000 millones.Tama?a disparidad no habla muy en favor de los equipos t¨¦cnicos de los dos grandes partidos, pues, dejando aparte el inevitable sesgo estad¨ªstico que toda estimaci¨®n de este tipo puede tener, no parece justificable semejante diferencia si se parte de una base de c¨¢lculo y se manejan unos supuestos relativamente homog¨¦neos. La explicaci¨®n m¨¢s plausible es que los expertos del Ministerio de Trabajo, que entonces no conoc¨ªan detalladamente la propuesta socialista, se dejaron llevar por la atracci¨®n que siempre ejerce el recuerdo de las cuentas del Gran Capit¨¢n.

El razonamiento partir¨ªa de que, seg¨²n las cifras de la Seguridad Social (SS), la prestaci¨®n media recibida en 1977 por cada persona parada fue de unas 21.200 pesetas de acuerdo con la Encuesta de Poblaci¨®n Activa (EPA), a finales de ese a?o estaban en paro 832.000 personas, de los cuales s¨®lo 329.000 cobraban seguro de paro. Si se supone que en 1978 las prestaciones aumentar¨¢n un 27% y multiplicamos las 27.000 pesetas resultantes por los 502.700 parados que no perciben seguro, pero que lo cobrar¨ªan de acuerdo con la propuesta socialista, llegamos a una cifra de 163.000 millones de pesetas anuales. A?adamos las 207.000 personas calificadas de activos marginales y, realizando id¨¦nticos c¨¢lculos, deberemos sumar 67.000 millones. En resumen, unos 230.000 millones de pesetas, cantidad inferior a la indicada por Trabajo, pero m¨¢s cercana a ella que la expuesta por los socialistas.

En todo caso, nuestra sospecha es que la explicaci¨®n de la diferencia reside en que los c¨¢lculos del ministerio reposan en un colectivo m¨¢s amplio que el contemplado por la proposici¨®n de ley socialista. Conviene, pues, antes de intentar cuantificar el coste financiero de la propuesta, hacer unas precisiones respecto al ¨¢mbito de la misma.

De acuerdo con la propuesta socialista, el paro involuntario, definido en su art¨ªculo uno, dar¨ªa lugar a cuatro tipos de prestaciones: por desempleo; por paro; ayudas para fomentar el empleo y, por ¨²ltimo. beneficios complementarios, consistentes en ayudas a movimientos interiores de los parados y a su formaci¨®n profesional.

La lectura del articulado de la proposici¨®n de ley ilustra sobre algunas de sus limitaciones, que se traducen en una cobertura m¨¢s restringida de la que crey¨® entender el ministro de Trabajo en la sesi¨®n plenaria del Congreso. No se incluyen, por ejemplo, los emigrantes retornados ni los minusv¨¢lidos f¨ªsicos; la categor¨ªa de j¨®venes en busca de empleo se limita, en el subsidio de paro, a quienes tengan determinada titulaci¨®n acad¨¦mica.

El tema de la financiaci¨®n, de m¨¢xima importancia, debe valorarse en el marco de esta aplicaci¨®n limitada de la posible ley. De acuerdo con su art¨ªculo 36, los gastos de la prestaci¨®n econ¨®mica por desempleo se financiar¨¢n en sus dos terceras partes mediante cotizaciones de empresarios y trabajadores, y el tercio restante por aportaciones del Estado. Las otras modalidades correr¨¢n a cargo de este ¨²ltimo, a trav¨¦s de los Presupuestos.

Precisamente en este punto reside el aspecto m¨¢s criticable de la proposici¨®n de ley; aspecto que, por a?adidura, constituye un ataque al pacto de la Moncloa, pero qu¨¦, extra?amente, el Gobierno y UCD han silenciado. Conviene, en definitiva, intentar una cuantificaci¨®n aproximada del coste financiero de la proposici¨®n de ley. El c¨¢lculo no es f¨¢cil, pues supone proyectar la poblaci¨®n activa de 1979, su distribuci¨®n por edades y la tasa de paro, as¨ª como la prestaci¨®n media que en ese a?o se abonar¨¢ a los parados. Aqu¨ª se ha supuesto un descenso del paro durante los ¨²ltimos meses de 1978, de tal forma que a comienzos de 1979 la poblaci¨®n activa parada ser¨ªa de 875.000 personas, la que se a?ade una proporci¨®n de los activos marginales, agr¨ªcolas. Se supone tambi¨¦n que la aprobaci¨®n de la propuesta implica que el colectivo cubierto por el nuevo r¨¦gimen se duplica, lo cual resulta en algo m¨¢s de 710.000 personas protegidas, de las cuales 330.000 lo est¨¢n ya. Por ¨²ltimo, se estima, con evidente modestia, que la prestaci¨®n media ser¨¢ el pr¨®ximo a?o de 31.000 pesetas mensuales. Bajo estos supuestos, el coste de la proposici¨®n de ley socialista ser¨ªa de unos 142.000 millones de pesetas adicionales a los ya existentes.

Tales cifras son, evidentemente, m¨¢s pr¨®ximas a las manejadas por el PSOE que a las presentadas por el Gobierno, pero se basan no s¨®lo en supuestos restrictivos -como son que las prestaciones aumentan en un 18 % y que no aumente el paro-, sino que lo realmente grave es que, incluso as¨ª, plantea problemas que el Partido Socialista no parece haber tenido en cuenta. En primer lugar, si obreros y empresarios deben financiar mediante cuotas dos terceras partes del seguro de desempleo, ello tendr¨¢ repercusiones inflacionistas. Pero si el Estado ha de asum¨ªr el tercio restante m¨¢s la totalidad del resto de las prestaciones, se producir¨¢n consecuencias graves: primera, la pr¨¢ctica totalidad de la aportaci¨®n estatal a la SS se destinar¨ªa al paro, con olvido de otros reg¨ªmenes, tales como el de pensiones o la asistencia sanitaria; segunda, la necesidad de subvenciones presupuestarias se traducir¨ªa en la exigendia de nuevos impuestos en incrementos de la carga fiscal existente, o en el recurso a financiaciones menos ortodoxas -tipo recurso al Banco de Espa?a- y, por tanto, inflacionistas. Las perspectivas no son, por tanto, alentadoras.