La necesaria obligatoriedad del catal¨¢n

El real decreto sobre ense?anza del catal¨¢n aprobado ayer por el Consejo de Ministros fue extremadamente bien acogido por todas las fuerzas democr¨¢ticas y populares catalanas. Socialistas, comunistas y nacionalistas de Jordi Pujol, coincid¨ªan en aceptar plenamente su contenido, que corresponde a las aspiraciones catalanas.Adolfo Su¨¢rez ha optado, con este decreto, por la obligatoriedad de la ense?anza del catal¨¢n en Catalu?a, en vez de preferir la opcionalidad de la ense?anza en dicha lengua. Desde un punto de vista cient¨ªfico, ling¨¹¨ªstico, la decisi¨®n es tan correcta como lo es pol¨ªticamente. En efecto, preferir la opcionalidad hubiese sido inclinarse en favor de la segregaci¨®n de los castellanoparlantes residentes en Catalu?a.

No hay duda de que la posesi¨®n del catal¨¢n es un factor de promoci¨®n personal en Catalu?a. Adem¨¢s es imposible que ello deje de ser as¨ª. No hay posibilidad legal que permita limitar el derecho a todo empresario a valorar favorablemente la posesi¨®n del catal¨¢n. As¨ª, el haber preferido la opcionalidad de su ense?anza -con la posibilidad de que ¨¦sta quedase sustra¨ªda a los hijos de inmigrantes- hubiese constituido una discriminaci¨®n social contra los derechos de los hijos de aquellos que, con su trabajo, contribuyen como los que m¨¢s a la construcci¨®n de una Catalu?a moderna y democr¨¢tica.

El juego de la opcionalidad era extremadamente peligroso. La creaci¨®n de dos comunidades ling¨¹¨ªsticas segregadas s¨®lo hubiese podido llevar a conflictos. La historia est¨¢ llena de ejemplos en este sentido. Por otro lado, pensar en una desaparici¨®n del catal¨¢n es, a estas alturas, poco menos que imposible: cuarenta a?os de feroz persecuci¨®n franquista han vacunado a la lengua catalana contra toda enfermedad, contra todo peligro grave.

El decreto ahora aprobado, tiene la gran virtud -que ha costado a?os conseguir- de tratar con inteligencia algo tan claro como un vaso de agua clara, parafraseando una acertada frase que sobre el derecho al uso del catal¨¢n escribi¨® hace a?os Jos¨¦ Mar¨ªa Pem¨¢n. En efecto, el derecho al uso de una lengua no es algo superestructural, ni algo que deba ser cambiado al socaire de la coyuntura pol¨ªtica. Es simplemente un derecho popular que s¨®lo necesita una sustentaci¨®n: el que un pueblo muestra con el acto cotidiano e inevitable de hablar -la parole, dir¨ªa Saussure- su deseo de utilizar determinada lengua.

Pero el derecho de unos no debe ir en contra de los derechos de otros. Nos referimos, claro est¨¢, a los derechos de los cientos de miles de otros catalanes que proceden de otras tierras de Espa?a. Curiosamente, los grandes defensores de los derechos ling¨¹¨ªsticos de estos ¨²ltimos son la extrema derecha, las fuerzas anticatalanas y fascistizantes. Es, realmente, sintom¨¢tico -y sospechoso- que los defensores de estos derechos lingu¨ªsticos sean los mismos que niegan a estos emigrantes el pan y el trabajo en sus lugares de origen, as¨ª como sus derechos sociales y pol¨ªticos, tanto ahora como antes, bajo el franquismo.

Garant¨ªa de igualdad

Sobre este punto, dos consideraciones obvias y decisivas. En primer lugar, que esos singulares defensores del proletariado emigrado a Catalu?a son ol¨ªmpicamente ignorados por aquellos a quienes quieren defender. La prueba de ello es extremadamente f¨¢cil: las centrales obreras, los partidos obreros y populares -desde luego perfectamente implantados entre los castellano-parlantes residentes en Calalu?a- son precisamente quienes m¨¢s han luchado en favor de la libertad de la cultura y la lengua catalanas. Un excelente trabajo socioling¨¹¨ªstico del profesor Bad¨ªa Margarit prueba, adem¨¢s, que no se trata de posiciones de los organismos dirigentes, sino que, son criterios ampliamente compartidos por todas las clases populares, catalanes de nacimiento o no.

Una segunda consideraci¨®n. El decreto ahora aprobado garantiza plenamente que la ense?anza preescolar, y la de EGB ser¨¢ en la lengua materna, es decir, en catal¨¢n o en castellano, seg¨²n el caso. As¨ª, en los ni?os procedentes de hogares castellano-parlantes el catal¨¢n s¨®lo ser¨¢ una segunda lengua, no aquella en la que se recibir¨¢ el conjunto de la docencia. No hay, pues, lesi¨®n de derechos. Adem¨¢s, hay que a?adir que ello es aceptado sin ninguna reticencia por las fuerzas catalanistas. Un exceso en este sentido convertir¨ªa a los ni?os en v¨ªctimas, ya que, todos los estudios cient¨ªficos demuestran que los primeros a?os de su ense?anza deben de ser impartidos en la lengua materna, sea cual sea ¨¦sta. Ese derecho, repetimos, queda expl¨ªcitamente garantizado por el decreto-ley.

En el orden pol¨ªtico, todas las fuerzas consultadas confirmaron que el decreto-ley es un aut¨¦ntico descalabro para la ya muy deteriorada imagen de Tarradellas, quien defendi¨® p¨²blica y expl¨ªcitamente la opcionalidad de la ense?anza del catal¨¢n. Es decir, aunque parezca incre¨ªble, el presidente de la Generalidad era partidario de aceptar mucho menos de lo que ahora Su¨¢rez concede. Incluso el vespertino Catalunya-Expr¨¦ss sostuvo que Adolfo Su¨¢rez hab¨ªa ofrecido un decreto sobre la oficialidad del catal¨¢n, que fue rechazado por Tarradellas, quien, en cambio, acept¨® la inadmisible opcionalidad de la ense?anza del catal¨¢n, expl¨ªcitamente formulada en el comunicado Su¨¢rez-Tarradellas del pasado 15 de abril. Pese a la plena aceptaci¨®n por parte de Tarradellas, al contenido de aquel comunicado conjunto fue calificado de ?bofetada discriminatoria? contra la lengua catalana por Tele-Expr¨¦s.

Pacto Su¨¢rez-Pujol

La raz¨®n del afortunado cambio de postura gubernamental es simple y est¨¢ fuera de toda discusi¨®n. Se trata del pacto establecido entre el Gobierno y Jordi Pujol. El ¨¦xito, pues, de este logro -de aut¨¦ntica significaci¨®n hist¨®rica- no corresponde a la Generalidad, sino a los partidos parlamentarios.

Es la prueba m¨¢s palpable de lo ya avanzado en estas p¨¢ginas. Es decir, del temor de Su¨¢rez de colocarse en un callej¨®n sin salida si prosegu¨ªa con su pol¨ªtica inicial de mero apoyo a Tarradellas. Ahora, el eje de la pol¨ªtica catalana del Gobierno pasa de forma evidente por Jordi Pujol, quien no evita en absoluto el pacto con el Gobierno. Una de las contrapartidas de este pactismo es precisamente este decreto-ley.

Hay que a?adir que el texto aprobado por el Consejo de Ministros no tiene nada que ver con el horrible proyecto del Ministerio de Educaci¨®n y Ciencia que divulg¨® Deia, el pasado 10 de marzo. En cambio, es de una gran similitud con el texto formado por cinco art¨ªculos, dos disposicic¨ªnes finales y una transitoria (que entreg¨® Jordi Pujol, hace ya meses, al Gobierno).

Algunas circunstancias concretas dan a¨²n mayor valor al gesto del Gobierno. En primer lugar, el que sin duda haya tenido que superar reticencias por parte del Ministerio de Educaci¨®n y Ciencia, pese a que ¨¦ste sea el que formalmente lo llevar¨¢ al Consejo de Ministros. A lo que hay que a?adir la discreci¨®n con que la decisi¨®n se ha llevado a cabo, cuando, sin duda, en toda la historia de Espa?a ser¨ªa dif¨ªcil-hallar otra medida tan comprensiva con los derechos elementales del pueblo catal¨¢n.