El estatuto de refugiado pol¨ªtico

LA CONGRUENCIA entre el contenido pol¨ªtico de un Estado democr¨¢tico y su acci¨®n exterior es dif¨ªcil de lograr. La pol¨ªtica internacional forma un tejido de intereses estrat¨¦gicos, militares, geopol¨ªticos y econ¨®micos sobre el que no siempre pueden dibujarse posiciones de principio claras y tajantes. Y, sin embargo, la aceptaci¨®n de l¨ªmites objetivos a la acci¨®n exterior democr¨¢tica, establecidos por el comercio y las alianzas, o nacidos de vinculaciones hist¨®ricas que se hallan por encima de las contingencias pol¨ªticas, no excluye que la nueva Espa?a democr¨¢tica tenga que plantearse sustanciales modificaciones en su pol¨ªtica externa. En este terreno, adquiere particular importancia la direcci¨®n de nuestra acci¨®n exterior sobre Latinoam¨¦rica, con la que nos une el pasado, el idioma y la cultura. Porque si bien el hispanismo de charanga y pandereta del franquismo fue un ¨¢cido corrosivo de la seriedad y dignidad de ese proyecto hist¨®rico, los esfuerzos por hacer viable una comunidad de los pueblos que hablan nuestra lengua debe ser uno de los ejes directivos de nuestra pol¨ªtica internacional.Los objetivos a largo plazo, los proyectos de cooperaci¨®n t¨¦cnica y el mantenimiento de la comunicaci¨®n entre los pueblos por encima de sus reg¨ªmenes excluyen, obviamente, que el Estado espa?ol renuncie a los usos de la diplomacia tradicional y retire su reconocimiento a Gobiernos impuestos por la fuerza de las armas a sus pueblos. Sin embargo, la acci¨®n exterior no siempre discurre por los cauces del ministerio especializado en esa tarea. De un lado, la petici¨®n dirigida al Gobierno por el Congreso, el pasado 7 de junio, para que se interese por lbs ?desaparecidos? en Chile y solicite de las Naciones Unidas el cumplimiento de las resoluciones sobre protecci¨®n de los derechos humanos es una forma de hacer patente la solidaridad espa?ola con las v¨ªctimas de la dictadura de Pinochet. De otra, nuestro pa¨ªs puede convertirse en el salvavidas de todos cuantos huyen del Cono Sur. Y en este aspecto, forzoso es reconocer que no estamos a la altura ni de la deuda hist¨®rica contra¨ªda con los pa¨ªses iberoamericanos que acogieron, en 1939, a nuestro exilio, ni de los deberes pol¨ªticos que la aceptaci¨®n de los valores democr¨¢ticos trae consigo.

No hay estad¨ªsticas fiables de los exillados argentinos, chilenos y uruguayos instalados en nuestro pa¨ªs. Las cifras parecen oscilar entre un m¨ªnimo de 50.000 y un m¨¢ximo de 100..000. Tampoco es posible establecer cu¨¢les de ellos son simples emigrados y cu¨¢les exiliados pol¨ªticos. Ahora bien, para la sociedad espa?ola la distinci¨®n entre unos y otros deber¨ªa ser inoperante. Si los ciudadanos de, pa¨ªses que han dado carta de nacionalidad y trabajo a millones de emigrantes espa?oles piden ahora un puesto al sol en nuestra sociedad seria una ingratitud hist¨®rica neg¨¢rselo. Las injustificables cicater¨ªas del Ministerio de- Trabajo a la hora de extender los permisos de trabajo (requisito, por lo dem¨¢s, que una correcta interpretaci¨®n de la orden ministerial de 15 de enero de 1970 har¨ªa innecesario), las desesperantes trabas del Ministerio de Educaci¨®n para la convalidaci¨®n de t¨ªtulos acad¨¦micos y el egosmo gremial de algunos colegios profesionales (entre los que el Colegio de Odont¨®logos se lleva la palma) para revalidar formalmente los derechos de sus colegas americanos constituyen otras tantas barreras que dificultan su incorporaci¨®n a nuestro aparato productivo y a nuestro sector de servicios. Las lamentaciones acerca de la ?fuga de cerebros? se convierten en una hipocres¨ªa cuando se niega a cient¨ªficos y profesionales argentinos, chilenos o uruguayos la posibilidad de mostrar su capacidad, en r¨¦gimen de abierta competencia, en sus respectivas especialidades.

Todav¨ªa m¨¢s grave resultan las trabas puestas a la permanencia en nuestro territorio de los exiliados o emigrantes americanos. Las antesalas para la renovaci¨®n trimestral de los permisos de estancia en las dependencias de la Direcci¨®n General de Seguridad, que obligaban muchas veces a los interesados a viajar a Portugal o Francia para entrar de nuevo en Espa?a ,tienen ahora el refuerzo de la circular 2.896, de 28 de abril de 1978, de la Direcci¨®n General de Asuntos Consulares, que apoya en ?una serie de razones coyunturales de car¨¢cter econ¨®mico y social? la reducci¨®n de ?facilidades? para la permanencia de extranjeros en Espa?a y justifica las ?invitaciones? de la polic¨ªa a abandonar el suelo espa?ol. A partir de ahora, la estancia superior a noventa d¨ªas exigir¨¢ un, visado previo y especial dado por el consulado espa?ol en el pa¨ªs de origen, que si bien no garantiza la prolongaci¨®n del permiso excluye, en cambio, la posibilidad de obtenerlo a quien no disponga de ese requisito.

La crisis econ¨®mica no puede servir de pretexto, repetimos, para negar la posibilidad de conseguir empleo a ciudadanos de pa¨ªses donde lo han obtenido millones de compatriotas nuestros. Las alusiones oficiosas a que la reciente emigraci¨®n procedente del Cono Sur incluye hampones y mafiosos constituyen una excusa bochornosa, s¨®lo comparable a los estereotipos racistas contra la emigraci¨®n ?latina? en los pa¨ªses anglosajones; la exis tencia de unas decenas de delincuentes entre miles de refugiados es un asunto que compete a la brigada criminal y que no se soluciona cortando la entrada de extranjeros, pues de otra forma tendr¨ªamos que suprimir tambi¨¦n el turismo.

Por lo dem¨¢s, el desesperante retraso del Gobierno en enviar a las Cortes el proyecto de estatuto del refugiado pol¨ªtico es, seguramente, la causa principal de que, a estas alturas, no sea posible distinguir todav¨ªa entre simples emigrados y exiliados, ni tampoco responsabilizar a organizaciones de refugiados del respeto a las leyes espa?olas de sus miembros.