CAMPSA garantiza un razonable abastecimiento de gasolina

La huelga de gasolineras anunciada para los d¨ªas de mayor incidencia en el per¨ªodo vacacional (del 29 de julio al primero de agosto pr¨®ximo),podr¨ªa ser desconvocada por las centrales sindicales que apoyan la negociaci¨®n del convenio del sector -CCOO y UGT-, seg¨²n impresiones recogidas por EL PA?S en medios obreros y de la Administraci¨®n.De una parte, los sindicatos son conscientes de que la actual situaci¨®n del conflicto ha registrado un giro de 180 grados, toda vez que se ha pasado de la intransigencia patronal a negociar el convenio colectivo del sector -cuya pr¨®rroga en sus actuales t¨¦rminos pretend¨ªa hasta que CAMPSA revise las comisiones en el pr¨®ximo mes de noviembre- a la oposici¨®n obrera a una oferta de los empresarios que, al menos en su enunciado, se ajusta en lo econ¨®mico a los topes m¨¢ximos que establecen los pactos de la Moncloa.

De esta manera, para la Administraci¨®n los malos, papel que antes protagonizaba la intransigencia patronal, son ahora los trabajadores que rechazan de plano una oferta que, ?discutible o no, en ello no entramos -seg¨²n declara a EL PA?S una fuente de Hacienda-, es negociable y nunca merecedora de una negativa rotunda a su aceptaci¨®n, y, consecuentemente, desencadenante de la ruptura de unas negociaciones que, en alguna medida, hemos forzado?.

Por otra parte, la misma fuente se?ala la inoportunidad de un conflicto de la repercusi¨®n desestabilizadora que entra?a el desabastecimiento nacional de carburante, lo que ?nos permite suponer una reacci¨®n de responsabilidad por parte de las centrales implicadas en ¨¦l?.

Incautaci¨®n temporal, no nacionalizaci¨®n

Despu¨¦s de catorce horas de negociaci¨®n, reanudada ¨¦sta a iniciativa patronal, tras conocer la amenaza de incautaci¨®n de las gasolineras afectadas por la huelga, tampoco fue posible el acuerdo y el convenio queda nuevamente roto y a la espera del laudo solicitado por los empresarios.La oferta de un incremento salarial del 22 % sobre la masa salarial de 1977, lo que supondr¨ªa una subida de 3.300 pesetas para la Pen¨ªnsula a partir de julio y de 4.500 para Canarias a partir de noviembre, fue rechazada por los trabajadores, quienes consideran que estas cantidades tan s¨®lo suponen un 1,5 % de lo estipulado en los pactos de la Moncloa.

Para los empresarios, seg¨²n se?al¨® a EL PA?S el presidente de la Confederaci¨®n Nacional de Estaciones de Servicio (patronal del sector), Fernando Casta?o, estas cantidades, sin embargo, represetan el m¨¢ximo de lo que pueden ofrecer en los actuales momentos, ?e incluso aunque pudi¨¦ramos dar m¨¢s la misma ley nos lo impedir¨ªa?.

En la negociaci¨®n, sin embargo, tampoco hubo acuerdo sobre otros aspectos no econ¨®micos, tales como la concesi¨®n de amnist¨ªa laboral (sobre la que los empresarios, seg¨²n el se?or Casta?o, se mostraron favorables); la aplicaci¨®n de los derechos sindicales que conten¨ªa el texto original de la ponencia que debati¨® el proyecto de ley de Acci¨®n Sindical en la empresa; restablecimiento del art¨ªculo 35 de la ley de Relaciones Laborales, y la dotaci¨®n m¨ªnima de dos trabajadores por cada aparato surtidor.

En opini¨®n de los medios de la Administraci¨®n consultados por EL PA?S, la negativa de los trabajadores tratar¨ªa de forzar el conflicto en un intento de conseguir la nacionalizaci¨®n del sector, tomando como base el anuncio gubernamental de que ser¨¢n incautadas temporalmente las gasolineras afectadas por la huelga cuyo servicio se considere imprescindible para garantizar el abastecimiento durante el tiempo que dure el conflicto. Por otra parte, seg¨²n los mismos medios, se tratar¨ªa por la parte obrera de forzar la absorci¨®n de este colectivo por parte de CAMPSA, cuyas condiciones laborales son sensiblemente superiores, tanto en lo econ¨®mico como en lo social, al sector privado.

Garantizado el abastecimiento

En cuanto a la posible materializaci¨®n de la huelga, pese a las optimistas previsiones ya apuntadas, medios de CAMPSA insisten en asegurar un abastecimiento razonable a los usuarios, a los que, no obstante, advierten de los peligros que entra?ar¨ªa un acaparamiento de gasolina en recipientes inadecuados, posibilidad ¨¦sta que fomenta la amenaza de huelga.La decisi¨®n gubernamental de incautar las estaciones de servicio que se consideren necesarias para garantizar el abastecimiento de combustible -exactamente 386 gasolineras, elegidas por su estrat¨¦gica ubicaci¨®n en los puntos de mayor tr¨¢fico rodado en las fechas se?aladas para la huelga- se mantiene, si bien se trata de desdramatizar el eco que obtuvo el anuncio de tal medida, al tiempo que se insiste en que tal medida nada tiene que ver con la pretendida nacionalizaci¨®n del sector por parte de los trabajadores.

Los mismos medios informan que, de acuerdo con las votaciones hasta ahora efectuadas entre los trabajadores del sector, m¨¢s de un 60 % de los mismos se habr¨ªan mostrado contrarios a la huelga. Al mismo tiempo, el car¨¢cter familiar del r¨¦gimen de explotaci¨®n de gran n¨²mero de estaciones de servicio, de una parte, y la presencia en el sector de centrales minoritarias que han sido excluidas de la negociaci¨®n y, consecuentemente, se muestran contrarias al paro, de otra, hacen prever una escasa incidencia de la huelga si es que, finalmente, llegara a materializarse.

Pese a todo, el Gobierno se muestra decidido a no ceder ante presiones de una u otra parte -a ¨²ltima hora de la noche fueron desalojados de Trabajo los catorce miembros del comit¨¦ negociador por parte obrera, que permanec¨ªan encerrados en este departamento como protesta por la ruptura de negociaciones-, y en este sentido el Ministerio del Interior ha cursado instrucciones a los gobiernos civiles para afrontar las previsibles consecuencias de una paralizaci¨®n del sector.

Fundamentalmente estas medidas persiguen garantizar el abastecimiento regular de carburante durante los cuatro d¨ªas para los que est¨¢ convocada la huelga, para lo cual el Gobierno no descarta, junto con la incautaci¨®n de gasolineras, la militarizaci¨®n del personal a su servicio.