Doce testigo, dispuestos a declarar que fue la polic¨ªa la causante de la muerte de Barandiar¨¢n

, Doce testigos est¨¢n dispuestos a declarar que los disparos que causaron la muerte de Joseba Barandiar¨¢n partieron de las armas utilizadas por las fuerzas de orden p¨²blico. Sin embargo, los 63 polic¨ªas que participaron directamente en los enfrentamientos del d¨ªa 11 en la cuesta de Aldapeta, donde cay¨® herido de muerte Barandiar¨¢n, aseguran que no hicieron uso de sus armas de fuego.La acusaci¨®n privada que representa a la familia del fallecido inform¨® ayer en una rueda de prensa que el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 2 de San Sebasti¨¢n ha enviado a la secci¨®n de bal¨ªstica, para su an¨¢lisis, el proyectil que alcanz¨® en el coraz¨®n a la v¨ªctima. El juzgado encargado del caso ha remitido tambi¨¦n a uno de los departamentos del Ministerio del Interior los dos subfusiles de la dotaci¨®n del jeep que se encontraba m¨¢s cercano al lugar del suceso, as¨ª como las dos pistolas propiedad de los polic¨ªas de paisano, perfectamente identificados, que, no cabe duda, dispararon fuego real tres cuartos de hora antes de que muriera el vecino de Astigarraga.

La acusaci¨®n privada, que tiene acceso al sumario, ha presentado tambi¨¦n como posibles pruebas unas fotograf¨ªas en las que, entre un grupo de polic¨ªas que se encuentran en la cuesta de Aldapeta, se puede ver a dos miembros de las FOP en posici¨®n, de tiro con unas armas que podr¨ªan ser subfusiles.

El colectivo de abogados que se ocupa del caso ha enviado un escrito al jefe del Estado en el que solicitan una indemnizaci¨®n econ¨®mica para la familia del fallecido. argumentando que el Estado, en caso de resaltar responsable, no s¨®lo debe cubrir los da?os a las cosas, como en el caso de Renter¨ªa, sino tambi¨¦n el da?o a las personas que podr¨ªa derivarse de los sucesos. de San Sebasti¨¢n.

En el supuesto de que la acusaci¨®n privada consiga demostrar que los disparos que causaron la muerte de Barandiar¨¢n proced¨ªan de un polic¨ªa armado, el sumario pasar¨ªa inmediatamente a la jurisdicci¨®n militar, momento en el que finalizar¨ªa la funci¨®n de los abogados civiles que llevan el caso.

La acusaci¨®n privada que se est¨¢ ejerciendo no excluye la figura de la acusaci¨®n popular ni la de la querella criminal contra el gobernador civil de la provincia.