Las universidades laborales no pasaran a depender del Ministerio de Educaci¨®n y Ciencia

Unas y otras fuentes han confirmado la existencia de consultas y exploraciones entre los departamentos ministeriales afectados por el tema y encaminadas fundamentalmente a dar cumplimiento a lo que los pactos de la Moncloa determinaban respecte al futuro de estos centros, es decir, su adscripci¨®n definitiva a la Administraci¨®n del Estado.La may or importancia y magnitud que las ense?anzas regladas representan en el conjunto de modalidades impartidas en los centros de universidades laborales han justificado, de mornento, la respuesta negativa del actual titular del departamento de Trabajo, Rafael Calvo, a la integraci¨®n de aqu¨¦llos en el aparate educativo de dicho Ministerio, y en concreto en el Instituto Nacional de Empleo, cuya estr¨²cturaci¨®n y regulaci¨®n definitiva se encuentra pendiente .de aprobaci¨®n por el Consejo de Ministros.

Descartada la v¨ªa del Ministerio de Trabajo, las dos alternativas posibles para solucioriar el problema de la dependencia org¨¢nica de los mismos son la transferencia a Educaci¨®n y Ciencia o la permanencia en el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, que es del que dependen en la actualidad, en virtud de que en ¨¦l se encuentran integradas las mutualidades, principales entidades f¨ªnanciadoras y, en definitiva, titulares hasta el momento, y desde su funci¨®n, de las universidades laborales.

El trasvase a Educaci¨®n y Ciencia puede suponer la desaparici¨®n absoluta de todas las prestaciones complementarias de las puramente educativas que el sistema de universidades laborales viene prestando de modo casi exclusivo a hijos de trabajadores pertenecientes a los sectores sociales m¨¢s deprimidos cultural y profesionalmente.

A este respecto conviene recordar que un 48,01 % de los becarios del presente curso pertenecen a familias con ingresos inferiores a 20.000 pesetas; un 49,74%, a familias con m¨¢s de seis miembros, y un 43,67%, a municipios de menos de 2.000, habitantes.

No parece probable que el Ministerio de Educaci¨®n pudiera, por ejemplo, asumir la responsabilidad de los internados como tampoco la atenci¨®n a los llamados ?alumnos tutelados por las universidades laborales?, es decir, aquellos alumnos que cursan estudios superiores fuera de los propios centros de universidades laborales, pero con cargo a los presupuestos de ¨¦stas y que en el pasado curso ascendieron a 8.334.

El mismo incierto porvenir aguardar¨ªa, siempre dentro de la hip¨®tesis del trasvase de los centros a Educaci¨®n y Ciencia, a todo el alumnado adulto de ense?anzas ocupacionales (5.342 alumnos en el pasado curso), as¨ª como a los alumnos de escuelas universitarias que reciben ense?anza directa en los propios centros de universidades laborales, que constituyen el 11 % del alumnado joven. Estos ¨²ltimos (3.271 en el curso 1977-78) ser¨ªan los primeros alumnos en desaparecer, supuesta la alternativa de Educaci¨®n y Ciencia, al tener que integrarse en los respectivos distritos universitarios.

De todos estos problemas se han mostrado plenamente conscientes los representantes del Ministerio de Educaci¨®n presentes en las mencionadas conversaciones.

?Es absolutamente justo afirmar -ha se?alado el director general de Ense?anzas Medias, Ra¨²l V¨¢zquez- que las universidades laborales han estado siempre en vanguardia, sobre todo por lo que se refiere a las ense?anzas profesionales y t¨¦cnicas, tanto en disponibilidad de medios como de investigaciones metodol¨® gicas. Todo ello ha determinado un nivel de calidad docente en dichos centros muy superior al alcanzado, en la mayor¨ªa de los casos, por el aparato educativo del Estado.?

Existe la convicci¨®n entre las autoridades educativas de que la operaci¨®n de trasvase no podr¨ªa hacerse sin un considerable deterioro de esta calidad.

Incierto futuro del personal laboral

Cap¨ªtulo aparte merece el considerable problema que podr¨ªa representar la absorci¨®n de todo el personal laboral ocupado actualmente en las universidades laborales.La mala imagen pol¨ªtica que las universidades laborales arrastran desde su fundaci¨®n ha supuesto una manifiesta injusticia para con los 5.000 trabajadores que atienden estos centros: 1.893 profesores; 493 tutores o ayudantes de colegio que atienden el internado; 1.861 empleados de diversos oficios, 730 miembros del personal administrativo y 110 t¨¦cnicos, entre los que se encuentran el personal m¨¦dico-sanitarlo y el de los laboratorios de psicotecnia y de medios audiovisuales.

A esta tradicional injusticia se a?ade ahora que el futuro de todo este personal se encuentre en el aire, como consecuencia del incierto porvenir de la instituci¨®n docente a la que vienen sirviendo.

La permanencia en el Ministerio de Sanidad, que no impedir¨ªa el proceso de estatalizaci¨®n que se pretende y al que obligan los pactos de la Moncloa, es la otra alternativa contemplada en las conversaciones a que nos venimos refiriendo. Esta soluci¨®n supondr¨ªa considerar en adelante a las universidades laborales como instituciones educativas que habr¨ªan de atender a fines espec¨ªficos de la Seguridad Social, como es el caso de los ni?os privados de ambiente familiar normal.

Las dudas de las actuales autoridades del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social entre las dos alternativas apuntadas parecen basarse fundamentalmente en la consideraci¨®n de que el cambio que se lleve a cabo no comporte, en modo alguno, una p¨¦rdida de aprovechamiento de sus actuales recursos humanos y t¨¦cnicos.

El futuro de este personal humano y el problema del patrimonio que estas instituciones representan constituyen, por otra parte, los principales argumentos de las centrales sindicales mayoritarias.

CCOO exige que el futuro de las universidades sea negociado con las centrales sindicales y, en ¨²ltimo t¨¦rmino, que se sustancie en las Cortes, pero que en modo alguno se resuelva por la v¨ªa de un decreto ley.

Por su parte, FETE-UGT ha hecho p¨²blico un cmunicado en el que se?ala que el paso de las universidades laborales a la Administraci¨®n del Estado, que supone la entrega al mismo de un cuantioso patrimonio formado y forjado con las contribuciones de los trabajadores, no puede hacerse sin haberse fijado previamente las condiciones de dicha transferencia patrimonial con los representantes de los trabajadores, es decir, con las centrales sindicales?.

A?ade FETE-UGT que la transferencia tampoco puede llevar consigo una reducci¨®n de las prestaciones sociales que vienen canaliz¨¢ndose a trav¨¦s de las mismas en favor de los trabajadores.