La enmienda vasca

LA APROBACION por la Comisi¨®n senatorial de la disposici¨®n adicional, que saca fuera del marco constitucional la actualizaci¨®n de los derechos hist¨®ricos de los territorios forales, ha descolocado por entero las posiciones de los jugadores. Que hayan sido tres senadores reales -y parad¨®jicamente, dos de ellos catedr¨¢ticos de Derecho Constitucional- quienes decidieron, en ¨²ltima instancia. en favor de esa cl¨¢usula viene a dar la raz¨®n a los partidarios de la abolici¨®n de esa figura en la pr¨®xima C¨¢mara alta. Pero m¨¢s embarazosa resulta todav¨ªa la posici¨®n del PSOE, un partido comprometido te¨®ricamente con la modernizaci¨®n y el igualitarismo, pero que, por razones t¨¢cticas, ha dado su voto a una enmienda que nos retrotrae a los usos y costumbres feudales y que consagra principios de privilegio y particularismo. El juego de desprop¨®sitos no acaba aqu¨ª. porque resulta.- adem¨¢s. que el contenido program¨¢tico y la base social del PNV y de UCD, abiertamente enfrentados en el tema de la reintegraci¨®n foral, son lo suficientemente parecidos como para convertirlos potencialmente en aliados.Si la ratificaci¨®n en el Pleno de la enmienda aprobada en la Comisi¨®n dependiera de criterios estrictamente t¨¦cnico-jur¨ªdicos, ser¨ªa muy dif¨ªcil no pronunciarse en contra. Una disposici¨®n adicional de la Constituci¨®n que saca fuera de la misma -en cuyo articulado se detalla con toda prolijidad el cap¨ªtulo de las autonom¨ªas- el tratamiento de la autonom¨ªa vasca y lo conf¨ªa a lo que pudiera resultar de negociaciones entre los representantes de Euskadi y el Gobierno (ni siquiera las Cortes) del Estado es un absurdo digno de la pluma de Lewis Carroll. M¨¢xime cuando la materia de esas discusiones bilaterales son los imprecisos derechos hist¨®ricos de una comunidad campesina que los perdi¨® en 1839 y que, por a?adidura, se ha convertido en el siglo y medio transcurrido en una sociedad industrial avanzada, cuya poblaci¨®n es, casi al 50%, de origen castellano, andaluz o extreme?o.La formalizaci¨®n constitucional del derecho del Pa¨ªs Vasco a situar por encima de la propia norma fundamental los usos de - sus lejanos antepasados es algo m¨¢s que un ,anacronismo. Cabe temer que esa consagraci¨®n suscitar¨ªa, en el inmediato futuro, mayores males que los que ahora se desean atajan. A partir de entonces, no s¨®lo el PNV, sino tambi¨¦n la izquierda abertzale, podr¨ªan rebuscar en los arcones de los tatarabuelos atribuciones y privilegios que ofendan no s¨®lo los valores de los poderes f¨¢cticos, sino tambi¨¦n los sentimientos del resto de los espa?oles. La Constituci¨®n, as¨ª, reconocer¨ªa el derecho de m¨¢s de dos millones de ciudadanos a situar su vida p¨²blica y sus negocios privados en un espacio pol¨ªtico y jur¨ªdico cuyos par¨¢metros no estar¨ªan establecidos por la norma fundamental, sino por la interpretaci¨®n que pudiera darse a un impreciso cuerpo de cartas y privilegios anteriores a la Espa?a moderna.

Hasta aqu¨ª, todo parece claro e inequ¨ªvoco. Las cosas son, sin embargo, bastante m¨¢s complicadas. Porque no nos enfrentamos con un ejercicio de hermen¨¦utica jur¨ªdica, sino con un problema pol¨ªtico de enorme gravedad. Una cadena de estupideces, errores e intransigencias ha llevado a que la Comisi¨®n Constitucional del Senado aprobara la disposici¨®n adicional, pero tambi¨¦n a que con esa aberraci¨®n hist¨®rica y jur¨ªdica, se abra una perspectiva de paz en el Pa¨ªs Vasco y una dulcificaci¨®n de la r¨ªgida actitud del PNV. Los nacionalistas vascos no s¨®lo votar¨¢n contra la Constituci¨®n si su enmienda no se aprueba, sino que, adem¨¢s, lo har¨¢n con la justificaci¨®n moral de haber sido, una vez m¨¢s, enga?ados, humillados y ofendidos. En cambio, es muy probable que votaran a favor si los derechos hist¨®ricos fueran reconocidos en el texto.

El PNV anuncia ahora, por boca de calificados portavoces, su disposici¨®n a dar una ?interpretaci¨®n aut¨¦ntica? de sus deseos que tranquilice al resto del pa¨ªs acerca de sus prop¨®sitos futuros. Esta puede ser la salida de urgencia de una situaci¨®n convertida en catastr¨®fica por la torpeza y el partidismo de unos y otros. Porque lo realmente grave de la disposici¨®n adicional es la inexistencia de fronteras y de criterios para la actualizaci¨®n de los derechos hist¨®ricos. Si la inteligencia y la buena voluntad de las partes en conflicto consiguieron establecer claramente los l¨ªmites para la vigencia de las normas y usos anteriores a 1839. los aspectos formales y ret¨®ricos del problema perder¨ªan importancia. La cuesti¨®n b¨¢sica es lograr que el fantasma. de las exenciones al servicio militar, del pase foral o de las aduanas ingresen definitivamente en el mismo mundo de. ultratumba que la sociedad campesina vasca anterior a las guerras carlistas. Ciertamente. es importante la Constituci¨®n formal. Pero todav¨ªa lo es m¨¢s la Constituci¨®n real, el entramado de fuerzas pol¨ªticas, de valores compartidos y de pr¨¢cticas que forman el suelo de la convivencia de una sociedad y de sus instituciones. La incorporaci¨®n del nacionalismo vasco al arco constitucional ser¨ªa, para la pacificaci¨®n de Euskadi, un paso dado con la bota de las siete leguas.

Si la ?interpretaci¨®n aut¨¦ntica? dada por el PNV de los criterios y fronteras para la actualizaci¨®n de los derechos hist¨®ricos coincide con la irrenunciable exigencia d¨¦ que la Constituci¨®n sea la norma fundamental de todos los espa?oles, incluidos los vascos, y es expuesta con la claridad, formalismo y rigor que las circunstancias exigen, la disposici¨®n adicional, al final de la Constituci¨®n, podr¨ªa ser una contribuci¨®n a la paz en Euskadi. La negativa de UCD a una negociaci¨®n sobre estas bases har¨ªa recaer sobre el Gobierno todas las, responsabilidades que implicar¨ªa empujar a los nacionalistas vascos a una oposici¨®n irreductible. Y si el PNV no admitiera las limitaciones hist¨®ricas y pol¨ªticas de unos derechos en desuso desde hace siglo y medio, rompiera los principios de solidaridad e igualdad propios de una sociedad moderna e instalara su campamento fuera de la normativa com¨²n que obliga a todos los espa?oles, habr¨ªa, que resignarse a su voto adverso a una Constituci¨®n cuyo texto, de todas formas, no considerar¨ªa vinculante para sus representados.