Estado negocia la f¨®rmula para revisar la subvenci¨®n a la Iglesia cat¨®lica

Los humoristas espa?oles han visto en los ¨²ltimos meses el problema d¨¦ esta forma: una larga cola de feligreses pasan por una hipot¨¦tica taquilla, situada junto a la puerta principal de una iglesia, para pagar su impuesto religioso.El problema es tan profundo como el humor. El nuevo Estado espa?ol renunci¨® ya, desde principios de a?o, a subvencionar directamente a las distintas di¨®cesis de la Iglesia cat¨®lica. La f¨®rmula acordada con la jerarqu¨ªa correspondiente fue m¨¢s neutra. El Estado otorgar¨ªa una determinada cantidad de dinero que la Iglesia cat¨®lica distribuir¨ªa de la mejor manera administrativa posible.

Pero hay otras confesiones que requieren un tratamiento similar y que le piden al Estado que sea riguroso en su interpretaci¨®n de la libertad religiosa. Por eso al Estado se le ofreci¨® la alternativa de estudiar distintos sistemas de ayuda a las diferentes confesiones. La m¨¢s viable, seg¨²n la mayor parte de las jerarqu¨ªas, tanto civiles como eclesi¨¢sticas, es la que se practica en la Rep¨²blica Federal de Alemania.

En la RFA, los contribuyentes pagan una determinada cantidad de dinero al Estado para que ¨¦ste sufrague los gastos derivados de la dedicaci¨®n pastoral a las tareas eclesiales. En Espa?a parece que prospera la idea.

Ninguna de las confesiones distintas a la cat¨®lica figuran en la Constituci¨®n corno principales en el Estado espa?ol. De hecho, fue la presi¨®n de algunos sectores cat¨®licos conservadores la que oblig¨® indirectamente a los parlamentarios a considerar el catolicismo como mayoritario y definitivo en la vida espiritual de los espa?oles.

Esa consideraci¨®n constitucional no puede trasladarse a las relaciones totales del Estado con el resto de las confesiones. De la reuni¨®n de ayer entre el Ministerio de Hacienda y los representantes de la Iglesia cat¨®lica no ha trascendido informaci¨®n suficiente como para saber cu¨¢l es el porvenir de este tema. Pero puede adivinarse que ambas partes buscar¨¢n una f¨®rmula de impuesto religioso que no hiera la sensibilidad de las confesiones restantes.

Un elemento importante para convencer al resto de sus compa?eros en la negociaci¨®n de la conveniencia de buscar una f¨®rmula equitativa es el director general de Instituciones Eclesi¨¢sticas, Eduardo de Zulueta, quien ha presidido las reuniones entre las distintas confesiones para lograr una revisi¨®n eficaz de la vigente ley de Libertad Religiosa.

De acuerdo con el criterio alcanzado en esas reuniones entre todas las pertenencias religiosas, es muy probable que en los formularios mediante los cuales el Estado pida el pago del impuesto religioso no se especifique la adscripci¨®n de cada uno de los fieles. De este modo, el Estado se sentir¨¢ libre para distribuir sus subvenciones en consonancia con la importancia num¨¦rica de cada una de las iglesias coexistentes en el pa¨ªs.

La discusi¨®n sobre la subvenci¨®n a la Iglesia cat¨®lica es una de las cuestiones principales que han dividido a la citada Iglesia y al Estado en la consideraci¨®n de los acuerdos concordatarios de 1953, que actualmente se encuentran en periodo de pr¨®rroga, pendientes de la aprobaci¨®n del texto constitucional.

De la revisi¨®n de estos acuerdos no saldr¨¢ s¨®lo una nueva relaci¨®n entre la Iglesia y el Estado, sino que podr¨ªa provocarse una nueva relaci¨®n entre los cat¨®licos, o los fieles de otras confesiones, con sus iglesias respectivas, a las que subvencionar¨ªan directamente y con las que estar¨ªan en condiciones de corresponsabilidad.

Uno de los argumentos por los qu¨¦ los sectores m¨¢s progresistas del catolicismo espa?ol han defendido hasta el momento el impuesto religioso ha sido dado por las dif¨ªciles relaciones que los religiosos han tenido con el Estado durante las d¨¦cadas en que sus representantes pastorales han dependido directamente del dinero gubernamental. Esa era otra de las razones por las que ellos hubieran preferido que su confesi¨®n religiosa no hubiera a parecido de manera, expl¨ªcita en la Constituci¨®n del Estado creado tras el final de la dictadura.

Seg¨²n informa ayer la agencia Efe, los que se oponen al sistema estiman que, seg¨²n el proyecto constitucional, nadie puede ser inquirido sobre su pertenencia a una determinada religi¨®n para distribuir convenientemente la recaudaci¨®n. Otros piensan que esa distribuci¨®n podr¨ªa ser arbitrada de acuerdo con las distintas confesiones, conscientes de su propia envergadura. En ¨²ltimo t¨¦rmino, otra f¨®rmula posible ser¨ªa otorgarle al Estado la posibilidad de utilizar parte de la recaudaci¨®n religiosa para obras de beneficiencia.