Paro agr¨ªcola: entre la injusticia y el olvido

?La situaci¨®n actual en el campo andaluz y extreme?o se parece mucho m¨¢s a la descrita por Carlos Marx, hace m¨¢s de un siglo que la de los sectores industriales?, coment¨® Enrique Ballestero, catedr¨¢tico de la Escuela de Inge ¨ªeros Agr¨®nomos, escritor y socialista, al hablar, dentro del desempleo, del Paro agrario. Un paro tradicional, que viene de siglos atr¨¢s y que hoy, acabado el desarrollismo dela d¨¦cada de los sesenta y cerradas las v¨¢lvulas de seguridad de la emigraci¨®n, por la crisis generalizada del petr¨®leo, retrotrae situaciones de hambre a nuestro pa¨ªs.Porque en Andaluc¨ªa -lo han dicho en distintas ocasiones Marcelino Camacho, secretario general de CCOO, Felipe Gonz¨¢lez y Alfonso Guerra, secretario general y n¨²mero dos del PSOE- se est¨¢n empezando a dar situaciones de hambre fisica. M¨¢s all¨¢ del se?oritismo y el latifundio, realidades t¨®picas, existe aproximad am ente un mill¨®n de asalariados agrarios en nuestro pa¨ªs y de ellos -seg¨²n la ¨²ltima encuesta de Poblaci¨®n Activa del Instituto Nacional de Estad¨ªstica- 80.000 parados en el ¨²ltimo trimestre. Las centrales sindicales, sin embargo, hablan de 150.000 parados en el campo, y de unosjornales anuales medios, para la mayor¨ªa, cercanos a la miseria.

Excluidos del subsidio al desempleo

?Lo que hace falta es haber trabajo?, sentenci¨®, entre Perogrullo y S¨¦neca, un ga?¨¢n manchego. El proletariado del campo sigue donde siempre ha estado. Desasistido, olvidado, como un ej¨¦rcito de reserva de mano de obra a la espera de que log precios de la uva, el algod¨®n o la oliva sean propicios y haya faena y jornales. Y todo ello de forma estacional, para volver tras la campa?a de recolecci¨®n al paro, ?al nada que hacer, nada que cobrar?.

Entre los cientos de miles de trabajadores que quedan excluidos de los subsidios estatales al desempleo, el mayor colectivo corresponde a la agricultura. Ni los aut¨®nomos de este sector, propietarios de peque?as parcelas en su mayor¨ªa, que gozan de unas condiciones de vida frecuentemente inferiores a las del proletariado urbano, ni los trabajadores del campo por cuenta ajena tienen derecho a subsidio de desempleo alguno.

En varios conflictos agrarios de los ¨²ltimos tiempos, como en la denominada ?guerra de los tractores? de febrero de 1977, se reivindic¨®, junto a otros ternas como los precios agrarios, la reforma de la Seguridad Social agraria. Cien mil campesinos, en este asunto, protestaron en vano. Tan s¨®lo consiguieron una insuficiente elevaci¨®n del tope de l¨ªquido imponible (pas¨® de 25.000 a 50.000 pesetas) a partir del cual el agricultor es considerado empresario, y una m¨ªnima rebaja en porcentaje a abonar por medicinas. La repudiada cuota empresarial por jornadas te¨®ricas, que fija unilateralmente el Ministerio de Sanidad, y la discriminaci¨®n en p restaciones entre el r¨¦gimen especial de Seguridad Social Agraria y el r¨¦gimen general siguen vigentes. Los topes salariales de los pactos de la Moncloa, aceptados por partidos obreros y centrales sindicales, no se han visto correspondidos por el Gobierno -entre otras contrapartidas que han quedado en papel mojado- con la materializaci¨®n de su comprom¨ªso de equiparar el r¨¦gimen agrario al general de la Seguridad Social.

Los espa?oles asentados en n¨²cleos urbanos ignoran frecuentemente, por poner un ejemplo, que sus compatriotas del sector agrario, que han aportado rentas y fuerza de trabajojoven (hoy el campo est¨¢ envejecido) al despegue industrial, tienen unajubilaci¨®n por debajo de cualquier sector.

Financiar el orden p¨²blico

Los gobernadores andaluces y los alcaldes de poblaciones como Sanl¨²car, Trebujena, Lebrija o And¨²jar saben muy bien el clima social que se crea en los pueblos agr¨ªcolas cuando ha terminado el verdeo de la aceituna o la vendimia y se llenan las plazas de jornaleros sin trabajo, sin dinero y sin esperanzas, a corto plazo, de que cambie su situaci¨®n. Durante todo este a?o se han sucedido huelgas, manifestaciones, encierros y ocupaci¨®n simb¨®lica de fincas, protagonizadas por la Federaci¨®n de la Tierra de UGT, CCOO del Campo y el Sindicato Andaluz de Trabajadores (CSUT), para exigir fondos del empleo comunitario que paliaran moment¨¢neamente la grave situaci¨®n de los jornaleros. La llegada de esos fondos ha evitado en ¨²ltima instancia, en algunas ocasiones, la intervenci¨®n de la Guardia Civil y el que se repitieran episodios hist¨®ricos -como tem¨ªa Marcelin-o Camacho que pudiera sucederde la ¨ªndole de Casas Viejas.

El denominado empleo comunitario, que a la postre supone financiar la paz social en el campo sin resolver los problemas de fondo, fue establecido por una ley, en diciembre de 1970, como prestaci¨®n ?discrecional? del R¨¦gimen Especial Agrario de la Seguridad Social destinada a paliar la ausencia de subsidios de desempleo para los trabajadores agr¨ªcolas. Desde entonces hasta hoy se han gastado por este concepto unos 18.000 millones de pesetas.

El fuerte incremento de parados en el campo oblig¨® a destinar al Estado otras partidas, como el Fondo Nacional de Protecci¨®n al Trabajo (creado en 1975), cantidades del Fondo de Lucha contra el Paro de los Presupuestos Generales y los llamados planes provinciales (Administraci¨®n local-Ministerio del Interior). Todos estos fondos, de procedencias presupuestarias distintas, han -generado una disparidad de competencias y una descoordinaci¨®n de la pol¨ªtica de lucha contra el paro agrario que a?ad¨ªa ineficacia a lo menguado de los remedios. Un decreto de marzo del 78 trat¨® de poner fin a esta situaci¨®n encargando la gesti¨®n de todos estos fondos a una comisi¨®n dentro dejos gobiernos civiles, en cada provincia, a la que se autoriza para que pueda destinar hasta un 30% de las cantidades que se le asignen para costes ajenos al pago de mano de obra.

Una limosna mal disimulada

Los propios beneficiarios, los braceros en paro, lo saben y no lo ocultan: ?El empleo comunitario es una limosna mal disimulada que nos dan en el ayuntamiento cuando las tiendas no nos f¨ªan y las cosas se ponen feas en el pueblo. Es un dinero que nos es muy necesario y que nos dan por hacer con que quitamos, unas yerbas o limpiar entre cuarenta una acequia pequeria, pero preferir¨ªamos un trabajo como es debido. ?

Comisiones Obreras y UGT, lo han repetido en reiteradas ocasiones Antonio Romero y Angel Fern¨¢ndez, son conscientes de que el empleo comunitario es un parche contra el paro, que sus fondos se destinan en m¨²ltiples ocasiones a trabajos de escasa o ninguna rentabilidad social y que, aunque son imprescindibles en estos momentos, no suponen ninguna soluci¨®n a medio o largo plazo del problema. Ambas centrales, junto con otros sindicatos, han reivindicado su participaci¨®n en la distribuci¨®n de los fondos del empleo comunitario y han elaborado proyectos racionales de actuaci¨®n contra este paro end¨¦mico a medio y largo plazo, que contienen soluciones de tipo estructural y no exclusivamente coyunturales como es el empleo comunitario.

A lo largo de 1978 por este concepto, empleo comunitario, la Mutualidad Agraria ha enviado a las distintas provincias afectadas por paro agr¨ªcola cerca de 6.000 millones de pesetas, sobrepasando su presupuesto -que, por cierto, ha sido congelado para el a?o 79-, que estaba fijado en 4.506 millones. Andaluc¨ªa (especialmente Sevilla, que recibi¨® 1.300 millones), Extremadura y, en menor medida, las dos provincias canarias (les han adjudicado unos sesenta millones han copado, en funci¨®n de sus altos niveles de paro, estos fondos procedentes de la Mutualidad Nacional Agraria.

Aunque la mayor parte de los cerca de 6.000 millones se emplean en pagar jornales, de ah¨ª el escaso inter¨¦s de las obras que se emprenden por este cap¨ªtulo-, la media de jornales distribuidos por persona en 1977 fue, aproximadamente, de diecisiete. En este a?o, los jornales medios podr¨ªan ser menores, situ¨¢ndose en el primer trimestre -seg¨²n datos de la Federaci¨®n de la Tierra de UGT- en torno a los doce d¨ªas. El paro promediado en las distintas regiones, terminadas las tareas agr¨ªcolas, alcanzar¨ªa seis meses en Extremadura, dos en el Pa¨ªs Valenciano y cinco en Andaluc¨ªa, seg¨²n el profesor Enrique Ballesteros. A ello habr¨ªa que a?adir, seg¨²n esta misma fuente, el paro encubierto, ?dif¨ªcil de evaluar y que tiene mayor importancia econ¨®mica que social?.

Las arcas, vacias desde octubre

La otra gran fuente de subvenciones al empleo comunitario, el Fondo de Protecci¨®n al Trabajo, agot¨® pronto su primitivo presupuesto: mil millones de pesetas, y meses despu¨¦s, los dos cr¨¦ditos extraordinarios -concedidos ante la grave situaci¨®n de paro-, de 410 y 150 millones de pesetas. A 1 de noviembre se hab¨ªan gastado casi dieciocho millones de pesetas m¨¢s, de los 1.560 con que cont¨® el. Fondo de Protecci¨®n al Trabajo para este cap¨ªtulo.

Estas subvenciones globales, sin, embargo, no llegan en su totalidad a los municipios beneficiarios (cerca del 50% se retiene para cuotas de Seguridad Social de los trabajadores contratados) y su distribuci¨®n, seg¨²n reiteradas denuncias de los sindicatos, en ocasiones ha respondido m¨¢s a criterios electorales -est¨¢n pr¨®ximas las elecciones municipales- que a las situaciones de paro. Con pocas excepciones, una docena de provincias, toda Espa?a, en mayor o menor cantidad, se ha beneficiado de estas partidas del Fondo Nacional de Protecci¨®n al Trabajo.