El ente petrol¨ªfero y el PEN
Ingeniero del Centro de Estudios Superiores de Econom¨ªa del Instituto Nacional del Petr¨®leoEl proceso de privatizaci¨®n de parcelas de propiedad o competencia p¨²blica, de abandono e inoperancia de funciones que s¨®lo a la Administraci¨®n del Estado compete ejercer, y la fragmentaci¨®n de la misma en cuerpos, capillas, cotos de poder, ¨¢reas de influencia y bander¨ªas de una u otra ¨ªndole constituye el m¨¢s serio obst¨¢culo al desarrollo eficaz de la actividad productiva de las empresas p¨²blicas.
La primera y m¨¢s urgente de las nacionalidades a acometer ser¨ªa, pues, la de la propia Administraci¨®n p¨²blica. En tanto que ello no ocurra, seguiremos soportando las consecuencias de las rivalidades entre sectores de la misma, de las que es ejemplo la trayectoria seguida por el debate sobre la creaci¨®n de un ente nacional que agrupe y coordine todos los intereses y actividades p¨²blicas en el sector de hidrocarburos.
De un plan energ¨¦tico a otro se localizaba a dicho ente en el Ministerio de Industria o en el de Hacienda y mientras el fragor de la disputa aumentaba, se recurr¨ªan a soluciones salom¨®nicas como la de situarlo (ni en uno ni en el otro, sino todo lo contrario) en un Ministerio de Econom¨ªa a quien no le ven¨ªa mal alguna parcela de poder donde afianzar su reci¨¦n estrenada identidad. Desaparecidos los mediadores y equilibradas las fuerzas de los contendientes, parece que el ¨²ltimo acto de la trama consistir¨ªa en la creaci¨®n no de un ente, sino de dos, uno dependiente del Ministerio de Hacienda y otro del de Industria. De esta forma, cada uno en su casa y Dios en la de todos, habremos cambiado algo para que todo siga igual, y para calmar las malas con ciencias formularemos algunos votos piadosos tendentes a presentar tal soluci¨®n como un primer paso hacia la creaci¨®n, por fin, del ente nacional de hidrocarburos.
As¨ª cabe deducirlo de una serie de informaciones y opiniones como las expresadas en el art¨ªculo ?Reorganizaci¨®n de la industria del petr¨®leo? (v¨¦ase EL PAIS de 5 de noviembre). En ¨¦l, despu¨¦s de abogar por la ?agrupaci¨®n de todas las participaciones empresariales p¨²blicas en una sola entidad totalmente estatal...?, se desliza de pasada, h¨¢bilmente, la creaci¨®n ?provisional? de dos entes, uno para cada ministerio titular de dichas participaciones. Matizaci¨®n a la que quiz¨¢ no sea ajena la vinculaci¨®n de su autor con el Ministerio de Hacienda.
No existen razones confesables, t¨¦cnicas u organizativas, que avalen la consolidaci¨®n en dos entes estatales de una intervenci¨®n bipolarizada de los poderes p¨²blicos en la industria del petr¨®leo. Por otra parte, el monopolio de petr¨®leos no ha desarrollado los fines para los que fue creado y es demasiado tarde para intentar que lo haga. Nuestra marcha hacia Europa implica su desaparici¨®n y las recientes medidas liberalizadoras del Gobierno franc¨¦s nos privan de la ¨²ltima coartada para justificar su permanencia. El primero en saberlo es el monopolio y sus entidades gestoras, que se est¨¢n ya preparando para adaptarse a la nueva situaci¨®n. A ello obedece la intenci¨®n del Ministerio de Hacienda a aglutinar alrededor de CAMPSA sus intereses y actividades en el subsector para intentar formar una empresa intregrada verticalmente mediante el aporte de las actividades en la exploraci¨®n, producci¨®n, distribuci¨®n y comercializaci¨®n de la propia CAMPSA y del refino a trav¨¦s de Petroliber, Petronor y Asesa.
De esta forma habremos dejado de poder tener una empresa estatal s¨®lida y correctamente dimensionada, con una estructura funcional coherente con las distintas fases de la actividad petrol¨ªfera y una talla aceptable (39 millones de TM de capacidad de destilaci¨®n), y en su lugar tendremos dos tullidos malformes, desproporcionados en sus partes, creados en base a criterios administrativos, haciendo caso omiso de consideraciones funcionales y con un reducido peso individual.
De esta manera, CAMPSA e Hispanoil podr¨¢n seguir librando se su est¨¦ril competencia en la exploraci¨®n. De esta manera se habr¨¢ llegado a la parad¨®jica situaci¨®n de que una empresa, el ente nacional del petr¨®leo, versi¨®n Ministerio de Hacienda, dispondr¨¢, en la fase de distribuci¨®n primaria, de unos me dios capaces de distribuir su propia producci¨®n y la de todas las dem¨¢s empresas del refino, mientras que el ente nacional del petr¨®leo-bis, versi¨®n Ministerio de Industria, no dispondr¨ªa de ning¨²n medio de distribuci¨®n propio. ?Resulta l¨®gico suponer que si la comercializaci¨®n se encuentra liberalizada todas las empresas del pa¨ªs tengan que depender para efectuar su distribuci¨®n de unos medios bajo el control de la competencia? ?Resulta menos disparatado acaso que cada uno se dote de los suyos y se dejen ociosos parte de los disponibles? De esta manera, la coordinaci¨®n de las actividades industriales del Estado en un mismo subsector escapar¨¢ al INI para depender, como hoy, del entendimiento entre dos ministerios.
La transformaci¨®n del monopolio de petr¨®leos debe realizarse de acuerdo con criterios de eficacia y funcionalidad. Actualmente son propiedad del Estado todos los medios de distribuci¨®n primaria que utiliza CAMPSA (factor¨ªas costeras, flota de transporte de productos, centros de almacenaje y red de oleoductos en construcci¨®n), pero los elementos de distribuci¨®n secundaria y de comercializaci¨®n (transportes por camiones cisterna y estaciones de servicio) se desarrollan en una mayor parte bajo r¨¦gimen de contratos y arrendamientos con peque?as empresas privadas. La capacidad de distribuci¨®n primaria es suficiente para atender a las necesidades de todo el consumo nacional y dif¨ªcilmente puede dividirse, sin mutilaciones distorsionantes, en partes que asignar a distintas empresas.
Por ello, todos los medios de distribuci¨®n primaria deber¨ªan quedar englobados en una empresa nacional de distribuci¨®n encargada de prestar servicios a todas las empresas de refino del pa¨ªs, nacionales o privadas, las cuales se encargar¨ªan directamente de la comercializaci¨®n de sus productos. Una fase de distribuci¨®n com¨²n es un imperativo de racionalidad que preservar¨ªa la mejor herencia del monopolio. La diferenciaci¨®n de la producci¨®n de las distintas refiner¨ªas es perfectamente concebible para aquellos casos en que el sistema de especificaciones de los productos, a controlar por dicha empresa nacional de distribuci¨®n, no, le prive de sentido.
El resto de los medios y actividades de CAMPSA (exploraci¨®n, distribuci¨®n secundaria y comercializaci¨®n) deber¨ªan pasar a formar parte, junto con las dem¨¢s actividades del Estado en la cadena petrol¨ªfera, de una gran y ¨²nica empresa estatal, integrada verticalmente y dependiente del Instituto Nacional de Industria.
Se conseguir¨ªa as¨ª una divisi¨®n funcional de las actividades de CAMPSA (¨²nica forma de dividir una empresa sin destruirla) y una integraci¨®n racional de las actividades del Estado, reforzando la complementar?edad de las mismas. Obviamente, la actividad fiscal ser¨ªa efectuada por cada distribuidor, liquid¨¢ndola al Estado bajo el control de cantidades y calidades distribuidas ejercido por la empresa nacional de distribuci¨®n.
Esta no ser¨ªa la ¨²nica labor de control que dicha empresa realizar¨ªa. Unicamente a trav¨¦s de un agente con dependencia estatal y no directamente englobado en uno de las empresas de refino, es posible establecer una pol¨ªtica de transporte y distribuci¨®n primaria que sea ¨®ptima desde el punto de vista de minimizar la funci¨®n objetivo adecuada, y no solamente los costes de distribuci¨®n.
En ella se debieran incluir la valoraci¨®n negativa de los excedentes locales de productos, que se originar¨ªan si se siguiese la pol¨ªtica de m¨ªnimo coste de distribuci¨®n primaria, los diferenciales de coste en el transporte de crudo, los costes reales de abastecimiento a t¨¦rmicas cautivas, los condicionamientos que se derivan de los crudos de cuota sobre la tonelada compuesta de productos, la localizaci¨®n geogr¨¢fica de la capacidad exportadora y consideraciones relativas al desarrollo regional, puesto que en algunos casos la instalaci¨®n de las refiner¨ªas ha sido decidida por el Estado en funci¨®n del mismo.
Mientras estas reformas institucionales llegan es urgente tratar de que la desastrosa falta de previsi¨®n de que ha hecho gala la pol¨ªtica industrial en el sector energ¨¦tico sea subsanada mediante una pol¨ªtica que posibilite la reestructuraci¨®n de la capacidad productiva de las refiner¨ªas, ante el exceso de productos pesados que de aqu¨ª a 1982 gravitar¨¢ peligrosamente sobre la industria espa?ola del refino. En el momento de ponerse en marcha el plan de construcci¨®n de centrales nucleares, alg¨²n responsable de la pol¨ªtica industrial de este pa¨ªs debi¨® haber previsto el destino a dar el fuel t¨¦rmico desplazado de la producci¨®n de electricidad. Ante la imposibilidad de evacuar tales excedentes al mercado internacional, la ¨²nica forma de ahorrar importaciones de crudo sin tener que recurrir para ello a la importaci¨®n de productos ligeros era producir ¨¦stos a partir del fuel excedentario. Ello exig¨ªa (exige todav¨ªa) una reconversi¨®n de las refiner¨ªas que ni est¨¢ cifrada en el PEN, ni parece que pueda llegar ya antes de que el grueso de las centrales nucleares entre en funcionamiento de aqu¨ª a 1981.
El c¨®mo la argumentaci¨®n b¨¢sica del.PEN ?nuclearizar para ahorrar importaciones de crudo? sortear¨¢ esta contradicci¨®n est¨¢ todav¨ªa por ver. Situaci¨®n que es tanto m¨¢s lamentable cuanto que se dispon¨ªa, v¨ªa la f¨®rmula de precios ex refiner¨ªa que se instrumenta a trav¨¦s de la delegaci¨®n del Gobierno en CAMPSA, de un excelente instrumento de pol¨ªtica industrial para incentivar a la industria del refino a acometer las modificaciones en su estructura productiva que exig¨ªan las pol¨ªticas seguidas en otros subsectores. La posibilidad de llevar a cabo una planificaci¨®n indicativa v¨ªa precios se ha perdido, puesto que tal f¨®rmula de precios no ha transmitido tales se?ales ni sus correspondientes incentivos. En su lugar es detemerque se tenga que recurrir a la intervenci¨®n directa ?in extremis? y a mucho mayor coste, de un nuevo sector en crisis.
Cuando las consecuencias de tales defectos de previsi¨®n, organizaci¨®n y control recaen sobre todos los ciudadanos es l¨®gico que veamos con inquietud c¨®mo la reorganizaci¨®n de las empresas nacionales, de las que somos colectivamente propietarios, proyecte realizarse en funci¨®n de cualesquiera intereses que no sean los generales del pa¨ªs.
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