Algunas cuestiones en torno al Ministerio del Interior

EL MINISTRO del Interior, en una carta de r¨¦plica publicada el jueves en EL PA?S, atribuye a una ?intenci¨®n pol¨ªtica?, destinada a ?revivir una situaci¨®n que el pueblo espa?ol ha superado?, las cr¨ªticas dirigidas por un editorial de este peri¨®dico contra sus desafortunadas palabras acerca de la eventual incomparecencia en el Congreso de los tres diputados de Herri Batasuna, elegidos por cerca de 150.000 ciudadanos con residencia en Guip¨²zcoa y en Vizcaya. Al parecer, las principales dudas provienen de nuestra pol¨¦mica conjetura de que la teor¨ªa seg¨²n la cual no se deben tolerar en las Cortes posturas que vayan contra el texto constitucional (hoy el independentismo y quiz¨¢ ma?ana el republicanismo, la confesionalidad cat¨®lica del Estado, el sindicalismo vertical, la ilegalidad de las huelgas o la abolici¨®n de los partidos pol¨ªticos) pudiera tal vez explicarse por una lamentable confusi¨®n entre la naturaleza de una Constituci¨®n democr¨¢tica y los Principios del Movimiento. Pues bien: debemos insistir en el fondo del razonamiento.La afirmaci¨®n de que lo condenable, ¨¦tica, pol¨ªtica y penalmente, de ETA no es s¨®lo el terrorismo, sino tambi¨¦n la ideolog¨ªa independentista, y de que no pueden ser admitidos en las Cortes diputados democr¨¢ticamente elegidos por cerca de 150.000 ciudadanos que comparten sus ideas, equivale, por lo pronto, a una invitaci¨®n para que los separatistas vascos abandonen cualquier intento de defender de manera pac¨ªfica su proyecto y den la raz¨®n a quienes, desde ETA militar, les dicen que no tienen m¨¢s camino que las armas. Es por eso toda una provocaci¨®n, no por involuntaria menos real, a los ciudadanos vascos que han votado a Herri Batasuna y a Euskadiko Ezkerra.

Pero, adem¨¢s, esta manera de querer dar con la puerta del Congreso en las narices a Monz¨®n, Letamend¨ªa y Olabarr¨ªa se asemeja mucho a una demostraci¨®n de desprecio hacia las normas de un Estado de derecho. A nosotros no nos gusta ni poco ni mucho el programa de Herri Batasuna; y este peri¨®dico ha sido ya objeto de amenazas por uno de los diputados electos el 1 de marzo a causa de nuestra inequ¨ªvoca postura respecto a la cuesti¨®n vasca. Ahora bien, la teor¨ªa de que un representante de la sobe ran¨ªa popular, amparado por la inmunidad parlamentaria, no puede defender desde su esca?o, sin peligro de expulsi¨®n o linchamiento, posturas que contradicen el texto della Constituci¨®n se da de bruces con los m¨¢s elementales principios de la democracia pluralista, en la que, sin duda, y definitivamente, el se?or ministro del Interior est¨¢ poco versado.

S¨®lo as¨ª pueden entenderse, adem¨¢s, algunas de las cosas que estamos viendo y que nos dejar¨ªan at¨®nitos si no estuvi¨¦ramos ya despavoridos. La muerte de un muchacho de catorce a?os en Parla, como consecuencia de la actuaci¨®n de la fuerza p¨²blica, ha sido acogida con verdadera impavidez pol¨ªtica. Ojal¨¢ el anuncio de que la autoridad se dispone a abrir una investigaci¨®n para deslindar las eventuales responsabilidades en estas tr¨¢gicas, absurdas e in¨²tiles muertes no sea, como siempre, hasta ahora, el comienzo de un largo y definitivo silencio. La negativa de UCD a abrir un debate parlamentario sobre el tema no se corresponde con una actitud de de fensa de los derechos humanos. Si ya hemos dicho que nos parec¨ªan una torpeza y un error, una provocaci¨®n, en definitiva, las manifestaciones violentas de Parla, ello no obvia el que insistamos en que las actuaciones de la fuerza p¨²blica, cuando median vidas humanas, precisan una investigaci¨®n judicial y no s¨®lo administrativa. S¨®lo despu¨¦s de aqu¨¦lla las autoridades podr¨¢n amparar con credibilidad a los servicios de seguridad del Estado.

Pero quiz¨¢ tiene mayor significaci¨®n -sin el dramatismo que arrastra la muerte de un ni?o- la militarizaci¨®n del Metro en Barcelona, decretada por el Gobierno en el ejercicio de unos poderes que le confiere un decreto anterior a las elecciones de junio de 1977 y que entra en conflicto con el art¨ªculo 28 de la Constituci¨®n. La militarizaci¨®n de un servicio p¨²blico, medida extrema a la que s¨®lo se puede recurrir en grado de imperiosa necesidad, no debe consistir nunca en una democracia -a nuestro juicio- en convertir en soldados a los empleados del ferrocarril suburbano, sino en confiar la direcci¨®n de.ese servicio a la l¨ªnea de mando militar y su manejo a los soldados del reemplazo que est¨¦n a sus ¨®rdenes. Hacerlo de otro modo -y es dudosa la oportunidad de hacerlo en cualquier caso- vulnera los derechos leg¨ªtimos de los trabajadores y coloca innecesariamente a las Fuerzas Armadas en una inc¨®moda posici¨®n respecto a la sociedad civil. Situaci¨®n recordadora, de nuevo, con todos los respetos para el se?or ministro del Interior, de toda una ¨¦poca que algunos, desde luego, no parecen haber superado.

Estas son cuestiones, como la del tristemente famoso decreto antiterrorista, que ponen de relieve la necesidad de que funcione cuanto antes el Tribunal de Garant¨ªas Constitucionales y que ¨¦ste resuelva el fondo de la cuesti¨®n: si es posible resolver los problemas de una democracia por medios antidemocr¨¢ticos. Nosotros creemos que no.