Los bienes patrimoniales de los concejales ser¨¢n inventariados

Los bienes de la mayor¨ªa de los concejales que salgan elegidos en los pr¨®ximos comicios municipales ser¨¢n inventariados al hacerse cargo de sus puestos y comprobados al final de los cuatro a?os que dure su mandato. La iniciativa no est¨¢ en la ley ni es probable que figure en la normativa de r¨¦gimen local que decida el Parlamento en el futuro. Es una sugerencia de los principales partidos pol¨ªticos: UCD, PSOE y PCE. Con ligeras variantes, ser¨¢ seguida por cada uno de ellos en lo que respecta a sus concejales y diputados provinciales.

El primer partido en plantear el tema fue el PCE, que ya ensay¨® el inventario de los bienes de sus parlamentarios en la legislatura anterior y en la que va a comenzar ahora. Para los comunistas, la declaraci¨®n de bienes es un signo de buena voluntad, un prop¨®sito fehaciente de honestidad. Se ha hecho sin ninguna objeci¨®n por parte de los implicados y se halla en la documentaci¨®n que cada uno de los candidatos ha llevado al partido antes de figurar en las listas.Al PSOE le parece bien que el PCE anuncie este hecho, pero aclara que los socialistas ya hab¨ªan puesto en pr¨¢ctica la declaraci¨®n patrimonial antes de las dos ¨²ltimas elecciones generales. Tambi¨¦n figura en la documentaci¨®n de sus 35.000 candidatos municipales.

El PCE es el ¨²nico partido que somete estas declaraciones al notario, que las certifica y las da fe. Ni PSOE ni UCD llevan a cabo esta pr¨¢ctica. Es obvio que a UCD le ser¨ªa m¨¢s f¨¢cil, porque el partido del Gobierno cuenta en sus filas con un buen n¨²mero de notarios.

Uni¨®n de Centro Democr¨¢tico est¨¢ de acuerdo con la pr¨¢ctica de solicitar de sus candidatos una declaraci¨®n patrimonial. Ni este partido ni los otros consideran adecuado que se fuerce tal declaraci¨®n. En el caso de UCD, se rechaza la investigaci¨®n patrimonial y se acepta que ¨¦sta se produzca al final de los cuatro a?os de mandato de los concejales, contrast¨¢ndola con la declaraci¨®n que ¨¦stos hayan efectuado libremente.

Ninguno de los grupos que hemos, citado ha encontrado resistencias por parte de los candidatos a los que les han sido requeridas estas declaraciones. Por lo que respecta al PCE, este partido no concede excesiva importancia a la pr¨¢ctica. ?Si acaso, la tiene para la opini¨®n p¨²blica, suspicaz ante la manipulaci¨®n de los intereses municipales en favor de bolsillos particulares. Para nosotros, la declaraci¨®n es una cuesti¨®n de tr¨¢mite, que se cumple sin tensiones, autom¨¢ticamente.?

Miedo a la corrupci¨®n

Los comunistas ponen en este aspecto el dedo en la llaga. El ¨¦nfasis sobre la investigaci¨®n de los bienes de candidatos y concejales obedece al miedo que los partidos tienen a que se perpet¨²e la corrupci¨®n, principal lacra de la vida municipal, que Espa?a ha padecido hasta ahora desde hace m¨¢s de cuarenta a?os. Por eso, los grupos de la izquierda, particularmente, est¨¢n haciendo hincapi¨¦ en su prop¨®sito de honradez en la administraci¨®n de la vida local.

Esta insistencia no es suficiente para convencer a los habitantes de los pueblos de Espa?a de que en el futuro los que manden en los ayuntamientos vayan a salir con las manos limpias, porque, como ya han dicho algunos partidos en estas mismas p¨¢ginas, la irregular legislaci¨®n que rige los destinos de la vida municipal favorece corruptelas.

La tentaci¨®n de alcaldes y concejales a obtener prebendas extraordinarias de sus puestos municipales ha venido incrementada por la ausencia de sueldos oficiales que les garanticen unos ingresos dignos con los que seguir sin agobios su vida normal. Los porcentajes previstos en la ley para compensar econ¨®micamente a alcaldes y concejales resultan rid¨ªculos.

Ante esa situaci¨®n, los partidos pol¨ªticos vienen pidiendo la revisi¨®n de la ley de R¨¦gimen Local, en lo que se refiere a sueldos de los alcaldes y de los concejales que ocupen un cargo que les obligue a la plena dedicaci¨®n. Por un lado, afirman los partidos, es preciso conceder excedencias autom¨¢ticas a los alcaldes de poblaciones superiores a los 20.000 habitantes. Por otro, es preciso disponer salarios m¨ªnimos, pero suficientes y adecuados, que garanticen la plena dedicaci¨®n y aseguren al edil contra el fantasma omnipresente de la corrupci¨®n municipal. No quiere esto decir, en ning¨²n caso, que tales sueldos vayan a salir de la Hacienda del Estado, porque, en definitiva, ser¨ªa primar entre todos los ciudadanos una posible mala administraci¨®n. Los partidos entienden que debe ser el Ayuntamiento quien haga frente a tales sueldos con cargo a sus propios presupuestos.