La empresa p¨²blica, un retiro para pol¨ªticos

La cuenta de resultados presentada por el Instituto Nacional de Industria (INI) respecto a la evoluci¨®n de las empresas de su grupo en 1978 plantea una vez m¨¢s la urgente necesidad de acertar con un tratamiento adecuado, racional y coherente de la empresa p¨²blica en el ordenamiento econ¨®mico espa?ol.La inclusi¨®n en los pactos de la Moncloa, firmados en noviembre de 1977, de un compromiso de elaboraci¨®n de un estatuto de la empresa p¨²blica, que el Gobierno deber¨ªa remitir al Parlamento en un plazo m¨¢ximo de seis meses, fue un atisbo de esperanza en el sentido de abordar racionalmente el tema. El intento qued¨® frustrado por la inhibici¨®n del Gobierno y las pugnas interministeriales y sigue incluido en el cap¨ªtulo de fallidos de la pol¨ªtica econ¨®mica que pilota Fernando Abril, junto al Plan Energ¨¦tico Nacional, la nueva ley de Relaciones Laborales y la reforma del sistema financiero, entre otros muchos temas.

Sea o no necesaria su formulaci¨®n como tal, lo cierto es que la definici¨®n de los puntos contenidos en el estatuto proyectado es de todo punto urgente. El momento econ¨®mico actual exige una norma al respecto que delimite el concepto de empresa p¨²blica, fije sus objetivos y especifique los l¨ªmites a conceptos empresariales tan claros como la funci¨®n social, el beneficio, los excedentes de explotaci¨®n y alg¨²n otro. No parece muy racional perpetuar por m¨¢s tiempo el concepto de subsidiariedad, tal y como apareci¨® definido en las concepciones paternalistas de la pol¨ªtica econ¨®mica del m¨¢s biso?o Franquismo.

Otro tema de capital importancia es se?alar los l¨ªmites y condiciones exactos para garantizar una gesti¨®n y un planteamiento empresariales en el sector p¨²blico, bajo el norte irrenunciable de la profesionalizaci¨®n a todos los niveles. Dicho de otro modo, lo que el estatuto deber¨ªa definir es el papel de la empresa p¨²blica en el ordenamiento econ¨®mico, a partir de la premisa de que su concepci¨®n y funcionamiento deben ser los propios de una unidad empresarial, en tanto en cuanto que, aunque p¨²blica, se trata de una empresa y no de un ente distinto. Frecuentemente, la estructura de las empresas p¨²blicas espa?olas recuerda la de un superburocratizado ministerio, sin que ello quiera significar que esa sea la imagen id¨®nea de la Administraci¨®n de un pa¨ªs europeo y moderno.

La demora en el planteamiento serio y racional del tema de la empresa p¨²blica espa?ola no es casual. El Gobierno viene incumpliendo sistem¨¢ticamente los plazos que ¨¦l mismo se marca, demostrando claramente que no est¨¢ dispuesto a renunciar al impar instrumento que suponen los consejos de administraci¨®n y las estructuras directivas de las empresas p¨²blicas, a la hora de proveer consolacoones o retiros m¨¢s o menos temporales para sus servidores m¨¢s afectos. Fue una de las habituales pr¨¢cticas de franquismo, no abandonada por los sucesivos Gobiernos, ucedistas hasta el momento. Esta utilizaci¨®n es especialmente habitual en las etapas de renovaci¨®n de los puestos de la Administraci¨®n, como la presente.

Desde la ¨²ltima remodelaci¨®n ministerial y el consiguiente baile de cargos, pol¨ªticos ucedistas de todos los sectores, m¨¢s o menos ca¨ªdos en moment¨¢nea desgracia, pululan por los despachos adecuados en busca de un asiento en la empresa p¨²blica, ya sea a nivel de presidente o de simple consejero. Los rumores son ya abundantes y los ensamblajes ciertamente sorprendentes. Tambi¨¦n, como en la pasada legislatura, alg¨²n ilustre diputado demanda para s¨ª un asiento, so pretexto de que el sueldo que percibe por su funci¨®n parlamentaria le es insuficiente.

La falta de seriedad con que el Gobierno viene abordando el tema de la empresa p¨²blica y la utilizaci¨®n que hace de ella no son precisamente un acicate para que los profesionales que se incluyen entre sus directivos sacrifiquen su actividad profesional frecuentemente con niveles retributivos inferiores a los del sector privado, en aras de una mayor racionalidad y eficacia. De alguna manera, la actitud del Gobierno s¨®lo contribuir¨¢, de perpetuarse, a que todo sea un poco peor cada a?o.