No habr¨¢ exenci¨®n para las siete mil familias de Fuenlabrada

Unas 7.000 familias de Fuenlabrada pueden perder, provisionalmente, sus derechos a la exenci¨®n de impuestos sobre transmisiones patrimoniales (entre 160.000 y 200.000 pesetas), debido a la complicada mara?a administrativa y a las incongruencias de algunos organismos oficiales, -que consideran buenas las viviendas a la hora de pagar impuestos, y se resisten a tratarlas igual a la hora de declararlas exentas.

La pr¨¢ctica totalidad de las viviendas nuevas construidas en Fuenlabrada se han hecho en un marco legal insuficiente, al no existir un plan general de ordenaci¨®n. Los constructores han aumentado los vol¨²menes concedidos en la licencia municipal, y en muchos casos no se han preocupado de ejecutar la adecuada urbanizaci¨®n de las calles de la nueva colonia. Los compradores de los pisos, seg¨²n datos aportados por los abogados que llevan el caso, pertenecen en su casi totalidad a la clase media baja, y entre un 30% y un 35% se encuentran en paro.Por t¨¦rmino medio, en el caso de un piso del que se haya pagado mill¨®n y medio de pesetas, con otro mill¨®n a¨²n pendiente, el impuesto citado anteriormente alcanza entre las 160.000 a las 200.000 pesetas. La legislaci¨®n permite a los compradores lograr la exenci¨®n de dichas cantidades, siempre que se cumplan una serie de requisitos, como el que la compra se haya efectuado en un plazo no anterior a tres a?os y -este es el escollo puesto por la Administraci¨®n- que est¨¦ situado en un pol¨ªgono de nueva urbanizaci¨®n, lo que implica encontrarse dentro de la legislaci¨®n de planes parciales y generales que depende de Coptaco (Comisi¨®n de Planeamiento y Control del Area Metropolitana).

Se da la circunstancia, ya aludida, deque la mayor¨ªa de los pisos de Fuenlabrada, se han construido con graves irregularidades, muchos de ellos sin plan parcial ni nada parecido. Cuando los compradores quisieron acogerse a su derecho de pedir la exenci¨®n de impuestos, se encontraron con la resistencia del secretario de Coplaco, Heliodoro Gil, a expedir las certificaciones, oportunas que declaren correctas las urbanizaciones de las colonias, porque no lo est¨¢n, y eso es cierto.

La certificaci¨®n de Coplaco es indispensable para que la Direcci¨®n General de lo Contencioso del Estado conceda la exenci¨®n. El abogado-jefe de ¨¦sta, Juli¨¢n Camacho, ya ha manifestado su intenci¨®n de aplicar estrictamente la legalidad. Es decir, que los vecinos paguen el impuesto y que luego planteen un recurso ante el Tribunal Econ¨®mico Administrativo. S¨ª mientras dura el pleito, los vecinos consiguen los justificantes en cuesti¨®n; el tribunal fallar¨ªa a su favor, y se les devolver¨ªa el dinero pagado, aunque eso supondr¨ªa tenerlo congelado durante un a?o, aproximadamente.

Los compradores de pisos de Fuenlabrada, a trav¨¦s de sus representantes legales, contaban con la buena disposici¨®n del ministro de Hacienda Fern¨¢ndez Ord¨®?ez, que estaba dispuesto a conceder la exenci¨®n, por entender que era justo, aunque faltara tal o cual papelito. Con su salida del equipo ministerial, la situaci¨®n se ha complicado para los primeros.

Se da la circunstancia de que los que no tienen problemas de ning¨²n tipo son, precisamente, los compradores, de las urbanizaciones m¨¢s lujosas, tipo Puerta de Hierro, Montecarlo, Collado Mediano, avenida de la Paz y similares. Chalets unifamiliares o viviendas que valen bastantes millones, que por el impuesto correspondiente tendr¨ªan que pagar entre uno y dos millones de pesetas, consiguen la exenci¨®n con facilidad, ya que sus urbanizaciones est¨¢n bien acabadas y, por supuesto, se han hecho dentro del marco de un plan parcial.

Los abogados quieren que Coplaco expida las certificaciones, aceptando las posibles irregularidades cometidas por las constructoras como consumadas, ya que esas deficiencias no les impiden existir a la hora de pagar otros impuestos, y tampoco la Administraci¨®n se preocup¨® en su d¨ªa de obligar a las empresas a construir bien.