Los vecinos de Carabanchel Bajo acusan a Visomsa de encarecer sus viviendas

La Asociaci¨®n de Vecinos de Carabanchel Bajo ha redactado un informe en el que se pone en entredicho la conveniencia de la continuidad de Visomsa (Viviendas Sociales de Madrid, SA), y pide al Ayuntamiento de Madrid que se retire de la sociedad, recuperando los terrenos que entreg¨® en su d¨ªa, valorados en trescientos millones, como aportaci¨®n para formar parte de la misma.A lo largo de un informe de ocho folios se analiza el papel de Visomsa como encubridora de los intereses de la iniciativa privada y como una alternativa cedida por la Administraci¨®n ante la exigencia de los vecinos de que las viviendas se hagan exclusivamente por promoci¨®n directa.

La sociedad, constituida en enero de 1977, tiene como fin la promoci¨®n de viviendas sociales en el municipio de Madrid, y est¨¢ integrada por el Ayuntamiento, el Instituto Nacional de la Vivienda, que aporta terrenos por valor de 550 millones, y la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, que participa con 150 millones en efectivo.

Su actividad se encuadra en el real decreto de 12 de noviembre de 1976. El anuncio de la constituci¨®n de la empresa suscit¨® una ola de esperanza entre los madrile?os y se estima en unas 70.000 personas las que presentaron solicitudes para acceder a los pisos que se construyeran. Meses m¨¢s tarde, se conocieron las condiciones econ¨®micas de la compra y la desilusi¨®n fue total. Los precios, con plazos incluidos, alcanzan casi los cuatro millones de pesetas, pagando letras de 15.000 pesetas durante veinte a?os. Adem¨¢s, al ser una empresa que necesita m¨¢s dinero para continuar sus inversiones, los pisos construidos por Visomsa deben dejar unos beneficios. En el informe citado se dice que el metro cuadrado construido sale por unas 14.000 pesetas, y se vende por unas 20.000.

As¨ª las cosas, el movimiento ciudadano rechaza a Visomsa y se reafirma en su petici¨®n de que el INV se dedique a construir viviendas de promoci¨®n directa, m¨¢s baratas y con mayores facilidades de pago.

Al llegar a noviembre de 1978, en medio de una amplia campa?a por la vivienda, organizada por el movimiento ciudadano, el Ministerio de Obras P¨²blicas y Urbanismo, public¨® un decreto por el que se autorizaba al INV a contratar obras directamente con empresas privadas, eludiendo el tr¨¢mite del concurso subasta. Mes y medio antes de las elecciones generales se anunci¨® que el INV construir¨ªa en Madrid 15.000 viviendas sociales, proyecto en el que Visomsa actuar¨¢ como promotora y gestora.

Aunque se cambian las personas que forman la directiva de Visomsa, los estatutos permanecen inalterables y uno de sus puntos estipula la necesidad de conseguir beneficios. As¨ª se legaliza que Visomsa, en un papel de puro intermediario, se quede con el 2,5% del valor de los proyectos, al tiempo que la elecci¨®n de las empresas constructoras que realizar¨¢n las obras queda fuera de todo control, no s¨®lo de los vecinos, sino de la propia Administraci¨®n. Las 15.000 viviendas en cuesti¨®n significar¨¢n una inversi¨®n de 25.000 millones.

La acusaci¨®n que ahora se hace a Visomsa de falta de transparencia es una, constante repetida en los dos a?os de vida de la entidad. La asociaci¨®n de Carabanchel Bajo, como conclusi¨®n de su informe, insiste en que se hagan p¨²blicas las listas de los adjudicatarios de los pisos construidos en dicho distrito, exige que no se utilicen fondos p¨²blicos para construir viviendas que luego se venden con recargo sobre su precio de coste.