RTVE: ?la democratizaci¨®n imposible?

Programador de RTVE

?La ley regular¨¢ la organizaci¨®n y el control parlamentario de los medios de comunicaci¨®n social dependientes del Estado o de cualquier ente p¨²blico y garantizar¨¢ el acceso a dichos medios de los grupos sociales y pol¨ªticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de Espa?a.? Cuando, con un suspiro de alivio, los parlamentarios ?consensuaron? este hermoso p¨¢rrafo, art¨ªculo 20-3, del texto constitucional, algunos, contrariando nuestro incorregible optimismo hist¨®rico, dijimos que era lo suficientemente ambiguo como para permitir que todo siguiese exactamente igual en RTVE. Especialmente si se ten¨ªa en cuenta la ilimitada capacidad de UCD para jugar sucio en cualquier ¨¢rea en general y en la radiotelevisiva en particular.

Vistas las marruller¨ªas gubernamentales para impedir que el titulado consejo rector de RTVE aconsejase o rigiese algo, y menos a¨²n en relaci¨®n con la ?objetividad informativa? o con ?el funcionamiento general? del medio, como se hab¨ªa acordado solemnemente en los pactos de la Moncloa; visto el admirable y silencioso estoicismo con que el Gobierno -y sus servidores en RTVE- aguantaba la m¨¢s feroz y un¨¢nime campa?a de denuncias, cr¨ªticas y denuestos jam¨¢s desencadenada contra organismo p¨²blico alguno; vista la incre¨ªble contumacia de esas gentes para no alterar ni un ¨¢pice sus pr¨¢cticas viciosas, que han llevado la programaci¨®n televisiva a los m¨¢s bajos niveles de su historia y la desorganizaci¨®n del medio a un caos de dif¨ªcil remedio; visto finalmente el escandaloso y arrogante abuso que hicieron de las ondas estatales para ganar las elecciones a toda costa, pensar que el proyecto de estatuto UCID iba a abrir el camino de una RTVE democr¨¢tica, pluralista e independiente del Gobierno, los partidos o los grupos de presi¨®n, no ser¨ªa pecar de optimismo hist¨®rico, sino de ceguera.

All¨¢ en la ¨¦poca remota de la predemocracia, cuando todas las utop¨ªas parec¨ªan posibles, otro ?hist¨®rico?, ¨¦ste del lector pesim¨ªsta, se atrevi¨® a aguar el entusiasmo generalizado de quienes por entonces nos ocup¨¢bamos ya de estas cosas: ?De ah¨ª no se van ni con lanzallamas.? Y as¨ª, como estaba previsto hasta por los m¨¢s obtusos, UCD demuestra meridianamente con su proyecto de estatuto que no est¨¢ dispuesta a ceder por las buenas, ni quiz¨¢ tampoco por las malas, ni aun las migajas delcontrol absoluto que ejerce, desde hace siglos, sobre la RTVE de todos los espa?oles.

Veamos c¨®mo el grupo olig¨¢rquico se apresta a consolidar ? democr¨¢ticamente ? su tradicional secuestro del inmenso poder radiotelevisivo:

a) El consejo de administraci¨®n que configura el estatuto, ese talidom¨ªtico legal sobre el que habr¨¢ que volver, es el ¨²nico punto del proyecto en el que UCID parece abrir la mano. Pero s¨®lo lo parece: los ocho vocales que lo componen habr¨¢n de ser elegidos en el Congreso por una mayor¨ªa de dos tercios, sorprendentemente m¨¢s alta que la que se exige constitucionalmente para la investidura del presidente del Gobierno o para que triunfe una moci¨®n de censura. Al no establecerse una alternativa para la elecci¨®n, ¨¦sta, con la actual composici¨®n del Congreso, puede resultar sencillamente inviable. Salvo que se eche mano del vilipendiado consenso, con lo que, obviamente, UCD, con o sin el auxilio de sus aliados m¨¢s o menos circunstanciales, se llevar¨¢ siempre la parte del le¨®n.

Burocr¨¢tica multiplicaci¨®n

b) Al director general de RTVE, que se dibuja como un aut¨¦ntico s¨¢trapa, por las facultades pr¨¢cticamente ?limitadas que se le otorgan, lo nombra el Gobierno sin cortapisa alguna. Por su intermedio se adjudica asimismo el Gobierno el nombramiento del ?personal directivo de todas las sociedades estatales de radio o de TVE?. Es decir, de todo lo nombrable y hasta de lo innombrable.

c) El Gobierno se reserva sin m¨¢s la creaci¨®n de las llamadas ?sociedades filiales?, invento directamente trasplantado desde la televisi¨®n francesa y clamorosamente fracasado en el pa¨ªs vecino. Esta burocr¨¢tica multiplicaci¨®n de los panes y los peces, es decir, de los puestos directivos, los consejos asesores, los gabinetes t¨¦cnicos, de estudios, de prensa, de relaciones p¨²blicas, etc¨¦tera, por cada una de las nuevas empresas en que se proponen descuartizar RTVE, no garantiza a prior? ? la m¨¢s eficaz gesti¨®n?. Permitir¨¢, sin embargo, a UCD aumentar su acervo de prebendas para premiar a los leales de dentro y de fuera a costa del erario p¨²blico.d) El Gobierno se atribuye el derecho de obligar a RTVE a difundir ?cuantas declaraciones o comunicaciones de inter¨¦s p¨²blico estime necesarias?. Esta prerrogativa sin limitaciones, que deja asimismo al arbitrio gubernamental la apreciaci¨®n de ? inter¨¦s p¨²blico ?, recuerda demasiado la abusiva imposici¨®n franquista de las inserciones obligatorias.

e) El Gobierno, ?a trav¨¦s del ¨®rgano que a estos efectos se designe?, fijar¨¢ peri¨®dicamente las obligaciones de RTVE.

f) Es el Gobierno quien tambi¨¦n se?ala ?el porcentaje y la distribuci¨®n de las horas de programaci¨®n nacional? en la llamada ?organizaci¨®n regional? de RTVE, la cual ni se define ni se estructura.

g) El Gobierno, mediante su director general en el medio, es quien nombra, como en los dem¨¢s casos de dirigentes, ?al director o delegado regional? de RTVE en las comunidades aut¨®nomas.

h) Ni siquiera durante las campa?as electorales se prev¨¦ un aflojamiento del dogal de hierro ce?ido al cuello de RTVE: ?el r¨¦gimen especial? que regir¨¢ en ese per¨ªodo lo ?regula? el Gobierno sin consultar siquiera con los partidos con quienes contiende en la liza electoral. La aplicaci¨®n del plan gubernamental se atribuye en exclusiva a la Junta Electoral, lo que es regresivo respecto a la pr¨¢ctica de anteriores consultas electorales.

i) El Gobierno dicta las disposiciones relativas a la publicidad radiotelevisiva.

Intromisiones

Estos nueve importantes controles o intromisiones expresas no agotan la agobiante omnipresencia gubernamental en RTVE. En efecto, en el llamado Consejo asesor el Gobierno se reserva el nombramiento de diez de sus quince miembros. Cierto que este ¨®rgano fantasma, que compite ventajosamente con los famosos ?entes representativos? del franquismo, no sirve para nada: no lo preside nadie, s¨®lo puede reunirse cuando lo decida el consejo de administraci¨®n ?consensual? y s¨®lo ?opina? cuando se lo ?requieran expresamente?. Pero, por si acaso, el Gobierno amarra la mayor¨ªa absoluta, ?no vaya a darle un disgusto el tercio sindical?, como dec¨ªa aquel inefable presidente de las Cortes dela dictadura llamado Esteban Bilbao.

El Gobierno, por medio de UCD, est¨¢ presente en la comisi¨®n parlamentaria de control, y tambi¨¦n en mayor¨ªa, al menos por ahora, ya que la representaci¨®n habr¨¢ de ser ?equilibrada seg¨²n porcentaje de los grupos pol¨ªticos?. Por ¨²ltimo, una disposici¨®n final autoriza al Gobierno a ?dictar las disposiciones reglamentarias precisas para el desarrollo de lo previsto en este estatuto?, por supuesto sin contar para nada con la comisi¨®n parlamentaria, el consejo de administraci¨®n o el consejo asesor. ? Haced vosotros las leyes y dejadme a m¨ª los reglamentos?, como sentenciaba el astuto Romanones.

Despu¨¦s de lo expuesto es evidente que no existe ni el m¨¢s lejano parentesco entre la televisi¨®n democr¨¢tica, descentralizada, aut¨®noma y plural, que desean abrumadoramente los pueblos de Espa?a, y esta broma de mal gusto que pretende gastarnos UCD.

No se regula ni el r¨¦gimen de incompatibilidades ni los posibles recursos frente a las decisiones de los ¨®rganos directos. El ejercicio del derecho de ratificaci¨®n es tan restringido y ambiguo que queda supeditado a la buena voluntad de los obligados a rectificar. Es m¨¢s que cuestionable la mim¨¦tica atomizaci¨®n de empresas que liquida las conquistas sociales de los trabajadores, contenida en la ordenanza laboral de RTVE a la que ni de pasada se alude, y amenaza la estabilidad en el empleo. Es preocupante que no se indiquen ni las m¨ªnimas directrices sobre la estructura interna de las empresas y que, junto a los directores de estas, no se prevea un ¨®rgano colegiado de gobierno. No hay la menor referencia a la infraestructura t¨¦cnica. Se integran unilateralmente en RTVE la CES (emisoras sindicales), que son parte del patrimonio de los trabajadores organizados.

Desde estos y otros puntos de vista, el proyecto es m¨¢s bien una chapuza jur¨ªdica que, desde mis modestos conocimientos legales, me atrever¨ªa a calificar de dudosamente constitucional. Si con ¨¦l UCD mantiene su propuesta de consolidar a RTVE como el instrumento d¨®cil y sectario del que ha usado y abusado hasta hoy mismo, el partido del Gobierno malograr¨ªa fr¨ªvolamente una ocasi¨®n hist¨®rica para configurar, de una vez por todas, un ente supragubernamental radiotelevisivo cuya independencia quedase garantizada frente a las apetencias de cualquier n¨²cleo de poder, del signo que fuere.