Un juez federal desautoriza el plan antiinflaci¨®n de Carter

El programa antiinflaci¨®n de la Administraci¨®n Carter, basado en el control ?voluntario? de precios y salarios, sufri¨® un serio rev¨¦s el jueves, cuando un juez federal dictamin¨® que el presidente carece de autoridad constitucional para amenazar con represalias a las empresas que no acaten sus directrices econ¨®micas.

El juez Barrington Parker indic¨® en su fallo que la utilizaci¨®n de los contratos gubernamentales como medio de presi¨®n para que las compa?¨ªas privadas cumplan las normas del plan antiinflaci¨®n es ?ilegal y debe ser rechazada?.

Aun reconociendo que la lucha contra la inflaci¨®n es de gran importancia y que el programa elaborado por el Gobierno Federal es ?bienintencionado?, el juez Parker fue tajante al fallar que ?el presidente Carter se ha salido de la autoridad que le confiere la Constituci¨®n, al buscar el control de los salarios y los precios mediante la utilizaci¨®n del poder de compra del Gobierno?.

La decisi¨®n del juez supuso una importante victoria para la central sindical AFLCIO, que fue quien llev¨® al tribunal el programa antiinflaci¨®n de Carter, en el que se imponen l¨ªmites del 7% en los incrementos de precios y salarios. Para inducir a las empresas al cumplimiento ?voluntario? de estas directrices, Carter amenaz¨® con rescindir o no conceder contratos federales a los violadores de sus normas antiinflacionistas.

Programa voluntario

El director del programa presidencial, Alfred Kahn, anunci¨® que el Gobierno piensa recurrir inmediatamente contra el fallo del juez Parker y tiene intenci¨®n de seguir adelante con las directrices econ¨®micas. Para el portavoz de la Casa Blanca, Jody Powell, la decisi¨®n del juez no invalida las directrices voluntarias del programa presidencial. Por su parte, la central sindical AFL-CIO, declar¨® que, tras el fallo judicial, el programa ser¨¢ realmente voluntario. mientras que antes era coactivo.La Administraci¨®n Carter inici¨® ayer mismo una serie de acciones destinadas a conseguir del Congreso una legislaci¨®n que permita la superviviencia de las directrices ?voluntarias? del programa antiinflaci¨®n. Sin embargo, las primeras reacciones del poder legislativo parec¨ªan contrarias a apoyar cualquier tipo de controles econ¨®micos o de directrices obligatorias.

Mientras se negocia alg¨²n tipo de acci¨®n en el Congreso, la Casa Blanca se mostraba dispuesta a utilizar el arma de la publicidad adversa contra aquellas compa?¨ªas que violen las directrices del plan econ¨®mico lanzado hace ahora ocho meses. Pero la decisi¨®n del juez puede privar a Jimmy Carter de su arma realmente eficaz: la represalia en los contratos gubernamentales contra los violadores de los topes impuestos a los precios y salarios.

Inmediata recesi¨®n

La previsible erosi¨®n que sufriera el programa antiinflaci¨®n de Carter con el fallo judicial se producir¨¢ en un momento en que la tasa de inflaci¨®n prevista, de seguir la t¨®nica de los cuatro primeros meses del a?o, supera el 13%. Adem¨¢s, la decisi¨®n del juez Parker se hizo p¨²blica el mismo d¨ªa que se anunciaba que los indicadores econ¨®micos gubernamentales se?alan un descenso del 3,3% en la actividad econ¨®mica.Para muchos especialistas, los ¨ªndices econ¨®micos apuntan inequ¨ªvocamente hacia una inmediata recesi¨®n y es en este contexto donde Carter tiene que tomar una decisi¨®n clave para luchar contra la inflaci¨®n, ya en los dos d¨ªgitos: imponer un plan obligatorio de control, o seguir con el programa ?voluntario? pero sin sus armas adicionales de presi¨®n.

Carter puede decidirse por solicitar del Congreso poderes para imponer un programa obligatorio, como hiciera Richard Nixon en 1971 y 1972, lo que supondr¨ªa una batalla en las C¨¢maras o, lo que parece m¨¢s probable, buscar alg¨²n tipo de legislaci¨®n que le permita tomar represalias contra aquellas empresas que ignoren las directrices antiinflaci¨®n.