"El control del gasto p¨²blico implica una modificaci¨®n en la mentalidad ciudadana"

Jaime Garc¨ªa A?overos, 47 a?os, fue nombrado ministro de Hacienda en abril de este a?o. Doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, es catedr¨¢tico de Hacienda P¨²blica y Econom¨ªa. Antes de acceder al esca?o de diputado de UCD por Sevilla hab¨ªa ocupado el puesto de director del servicio de estudios del Banco Urquijo en la capital andaluza. En la anterior legislatura fue presidente de la Comisi¨®n de Econom¨ªa y Hacienda del Congreso, desde donde colabor¨® activamente en la tramitaci¨®n parlamentaria de la reforma fiscal iniciada por su predecesor en el Ministerio, Francisco Fern¨¢ndez Ord¨®?ez.Pregunta. El presupuesto de este a?o, a punto de aprobarse por el Parlamento, supone para todo el sector p¨²blico un d¨¦ficit de casi 200.000 millones de pesetas. Este d¨¦ficit ha sido criticado desde diversos ¨¢ngulos por considerarlo incompatible con un objetivo de control de la inflaci¨®n. ?En qu¨¦ t¨¦rminos justifica usted este d¨¦ficit?

Respuesta. El d¨¦ficit de 200.000 millones de pesetas no nos parece exagerado para el presupuesto de este a?o. Su cuant¨ªa no es relativamente muy alta con respecto al producto interior bruto o a las cifras globales del presupuesto del sector p¨²blico, donde hay que incluir el del Estado, la Seguridad Social y organismos aut¨®nomos. Adem¨¢s es razonable este presupuesto, por la intenci¨®n de utilizarlo como instrumento de pol¨ªtica econ¨®mica. En octubre, al presentar este presupuesto a las Cortes generales, el d¨¦ficit era menor: 140.000 millones. En diciembre, dentro del programa de pol¨ªtica econ¨®mica, el Gobierno decidi¨® aumentar el d¨¦ficit en base a un proyecto de ley adicional que potenci¨® el fondo de acci¨®n coyuntural. Se pens¨® entonces en la necesidad de incentivar la actividad econ¨®mica en base a una mayor inversi¨®n p¨²blica.

El d¨¦ficit pretende financiar fundamentalmente gastos de inversi¨®n, y no es exagerado.

Las inversiones que financiar¨¢ este d¨¦ficit adem¨¢s tienen las caracter¨ªsticas de generar empleo, no incorporar importaciones, ni suponer importantes costes permanentes futuros. Con estas condiciones, el d¨¦ficit es perfectamente razonable. Adem¨¢s su financiaci¨®n es correcta: 70.000 millones con deuda, unos 20.000 con cr¨¦dito exterior y el resto con apelaci¨®n al Banco de Espa?a. Esta apelaci¨®n puede encajarse perfectamente en el programa de pol¨ªtica monetaria.

P. La impresi¨®n generalizada es que el gasto p¨²blico en Espa?a se concreta b¨¢sicamente en el mantenimiento del aparato burocr¨¢tico. ?Es satisfactoria para ustedes la estructura de gastos corrientes y de inversi¨®n en el presupuesto de este a?o?

R. En el presupuesto de 1978, los gastos de inversi¨®n crecen el 37 %, y los corrientes, el 22%. Hay un evidente esfuerzo en el primer aspecto, coherente con la cifra del d¨¦ficit que coment¨¢bamos antes.

Creo que hay que evitar, de cualquier forma, el simplismo de distinguir maniqueamente entre gastos corrientes (malos) y de inversi¨®n (buenos).

Si los ciudadanos quieren servicios, ¨¦stos generan autom¨¢ticamente gastos corrientes. Todo el mundo se felicita de que se inviertan 70.000 millones de pesetas en escuelas, como se hizo el a?o pasado, pero luego, al rechazar indiscriminadamente el aumento de gastos corrientes, se escandaliza cuando al a?o siguiente hay que dotar a esas escuelas de maestros a los que hay que pagar todos los meses. Hay gastos corrientes directamente improductivos, y sobre ¨¦sos habr¨¢ que actuar; pero hay otros que permiten dar los servicios que los ciudadanos demandan. El incremento actual en gastos de servicios es consecuencia de las demandas de los ciudadanos. Ahora, por ejemplo, tenemos pendiente el aumento de las plantillas de jueces, siempre est¨¢ pendiente en ense?anza y en otros aspectos de cultura, sanidad, etc¨¦tera. Tratamos de evitar los gastos burocr¨¢ticos y atender los gastos que permiten mejorar la prestaci¨®n de los servicios p¨²blicos. Sin embargo, existen incrementos de gastos corrientes, de personal, que no proceden con mucha racionalidad; el gasto p¨²blico se resiente de la demagogia; un ejemplo es el del reconocimiento de los servicios de los funcionarios en situaci¨®n de interinidad, por una ley aprobada a finales del a?o pasado, como consecuencia de una proposici¨®n de ley, que, amparada en la creaci¨®n necesaria de algunas situaciones injustas, se tradujo en el reconocimiento de unos derechos que, en muchos casos, se pueden calificar de exagerados.

P. Otras de las creencias generalizadas es la de la ineficiencia y falta de racionalidad del gasto. Se estima que la Administraci¨®n gasta por inercia, y que lo importante es conseguir el primer clavo para luego, a?o a a?o, montar la oficina completa.

R. En materia de gasto p¨²blico hay unos temas que requieren atenci¨®n espec¨ªfica y que implican decisiones pol¨ªticas y de saneamiento administrativo. Es el caso de los Medios de Comunicaci¨®n del Estado y otros organismos similares, algunas empresas p¨²blicas con d¨¦ficit disparatados, y otros casos. Esto no se generaliza a todos los casos de empresas con d¨¦ficit, ya que, si queremos un servicio ferroviario satisfactorio, sabemos que, como en los dem¨¢s pa¨ªses, esto lleva consigo un d¨¦ficit. Este d¨¦ficit en s¨ª no supone una explotaci¨®n mala de Renfe, sino que hay que subvencionar el ferrocarril, si no queremos subir exageradamente las tarifas y clausurar l¨ªneas.

Es cierto que hay una creencia generalizada en la ineficiencia del gasto p¨²blico. Esto, en parte, es una realidad; una vez que se ha hecho el esfuerzo de la reforma tributaria, que ha supuesto modificar h¨¢bitos de los contribuyentes y ha aumentado la presi¨®n fiscal y la recaudaci¨®n, hay que hacer algo similar en el gasto.

Esto supone modificar los procesos de gasto comenzando por la elaboraci¨®n presupuestaria. A la hora de preparar el presupuesto hay que hacerlo de manera diferente a lo habitual hasta ahora. El crecimiento del gasto no puede ser lineal, sino en funci¨®n de unos objetivos y de estudios de costo y eficacia. Esto es el presupuesto por programas que queremos imponer progresivamente. En el de este a?o hay ya algunos ministerios con este tratamiento.

En el presupuesto del pr¨®ximo a?o las instrucciones que hemos dado a los ministerios que han comenzado a preparar su presupuesto implican una racionalizaci¨®n del incremento de los gastos corrientes.

De cualquier forma, no es f¨¢cil conseguir ahorros sustanciales. Por mucha racionalizaci¨®n que se aplique, lo ahorrado no llega a ser importante sobre el total del gasto.

En segundo t¨¦rmino hay que reforzar los mecanismos de control externo que no corresponden al Gobierno, sino al Congreso y al Tribunal de Cuentas. En breve enviaremos al Congreso el proyecto de ley org¨¢nica del Tribunal de Cuentas para que se establezca de acuerdo con la Constituci¨®n y as¨ª desarrollar sus funciones. Pero el control parlamentario es necesario, es el verdadero control pol¨ªtico; y para ello no hay que esperar a que el Tribunal de Cuentas env¨ªe al Congreso la cuenta general; el Congreso puede y debe ejercer otros controles puntuales y con car¨¢cter continuado, en ¨²ltimo t¨¦rmino, el control del gasto p¨²blico implica una modificaci¨®n de la mentalidad de los ciudadanos en general. Es dif¨ªcil controlar un gasto de algo que nadie considera suyo. No s¨®lo son responsables el Ministerio de Hacienda o el Gobierno, sino toda la sociedad. Se trata de evitar desde el abuso individual en el seguro de desempleo hasta la demanda desmedida de subvenciones que protagonizan la mayor parte de sectores econ¨®micos a la menor oportunidad. En Espa?a no hab¨ªa h¨¢bitos de moralidad tributaria, que hemos pretendido establecer; tampoco existen h¨¢bitos en la sociedad espa?ola, de moderaci¨®n y cuidado en el caso de los fondos p¨²blicos; en vez de considerar que el dinero p¨²blico es de todos, muchos act¨²an como si no fuera de nadie; en cuanto se acercan a los fondos p¨²blicos, los ciudadanos se suelen ver invadidos por un irresponsable sentido de la prodigalidad. Pero cuando los gastos p¨²blicos son ya elevados, esta actitud es socialmente peligrosa; es mi prop¨®sito esforzarme en cambiar esta mentalidad. Pero es dificil que sea austera una Administraci¨®n de un pa¨ªs que no sea tambi¨¦n austero. La Administraci¨®n tambi¨¦n es pa¨ªs.

P. Sin embargo, hasta ahora todo han sido palabras. Hace un par de a?os se lanz¨® la ley de medidas fiscales urgentes y se reform¨® de un plumazo la imposici¨®n directa y los h¨¢bitos del contribuyente. ?No se va a hacer algo similar con respecto al gasto que d¨¦ credibilidad definitiva a la reforma fiscal?

R. No se ha hecho, pero lo haremos. Estamos en ello. Es cierto, no obstante, que lo que hay que hacer con el gasto es menos espectacular, a corto plazo, que lo hecho con los ingresos. Deben agudizarse las normas represivas por la mala utilizaci¨®n de fondos p¨²blicos, no ya por fraudes o actuaciones relacionados con el C¨®digo Penal, sino por falta de eficacia y racionalidad. Pero no ser¨ªa suficiente. Lo que tratar¨¦mos de hacer es reforzar el pro ceso interno, administrativo, del gasto y los mecanismos de control por parte de las Cortes Generales y del Tribunal de Cuentas. Esto no se puede hacer de golpe, sino de forma progresiva, aunque r¨¢pida. Se trata de modificar h¨¢bitos y mentalidades. Es muy importante establecer mecanismos de control del despilfarro, en cuanto participan en ¨¦l, directamente, los ciudadanos; si existe una inspecci¨®n tributaria que deseamos eficaz, tambi¨¦n debe existir una eficaz inspecci¨®n y vigilancia del seguro de desempleo, ciertas prestaciones de la Seguridad Social, mecanismos de distribuci¨®n de subvenciones y ayudas de todo tipo.

P. Con respecto al funcionario o empleado del Estado es general la sensaci¨®n fuera del sector de que ha conseguido un empleo tranquilo m¨¢s o menos remunerado, pero sin control de rendimiento o exigencia de un trabajo riguroso.

R. Hay, que distinguir entre empresas p¨²blicas y Administraci¨®n. En esta ¨²ltima no se encuentran los mejotes sueldos, si no todo lo contrario. Hay empresas p¨²blicas, no todas, donde s¨ª se producen niveles retributivos desproporcionados. De ello, sin duda, la culpa es de todos, los gestores de las empresas y los sindicatos. En muchos supuestos, los funcionarios no son un ejemplo de laboriosidad; pero no se puede generalizar; en la Administraci¨®n se encuentran ejemplos, y no precisamente aislados, de un extraordinario sentido de la responsabilidad frente al trabajo; y sin incentivos econ¨®micos importantes. Se est¨¢n tomando medidas para racionalizar el trabajo de los funcionarios. Esto tiene que ir ligado al nuevo estatuto de la funci¨®n p¨²blica. Adem¨¢s , este a?o tenemos previstas medidas elementales que mejoren la prestaci¨®n de servicios. Lo prevalizado a situaciones de los funcionarios en las que se considere su dedicaci¨®n exclusiva y un r¨¦gimen de incompatibilidades. No basta con decir que hay que trabajar m¨¢s, sino establecer un sistema de est¨ªmulos para hacerlo, tanto por retribuciones como por la ordenaci¨®n del trabajo. Ya se han empezado a tomar medidas en este sentido en las empresas p¨²blicas. Hemos sido rigurosos en el cumplimiento de los l¨ªmites salariales fijados en el decreto-ley de diciembre.