?Qu¨¦ va a suceder ahora?

En el contexto de la situaci¨®n pol¨ªtica actual, tanto en el Pa¨ªs Vasco como en el conjunto de Espa?a, el ?caso Garaicoetxea?, que tanto revuelo ha levantado en un episodio sintom¨¢ticamente revelador de las contradicciones que entra?a el sectarismo y del caldo de cultivo que para el propio sectarismo constituye la partidocracia que aqueja al actual r¨¦gimen espa?ol y que desvirt¨²a en forma preocupante sus esencias democr¨¢ticas, cuya pureza corre el riesgo de perderse para mucho tiempo.Ya que, detr¨¢s del lenguaje convencional invocando altos principios y refiri¨¦ndose a problemas institucionales, todo se reduce a una pugna entre UCD y el PNV: pugna en la que -?no faltaba m¨¢s!- ?los nuestros? llevan siempre raz¨®n.

Un navarro afiliado al PNV, mientras est¨¦ domiciliado en Navarra, carecer¨¢ de probabilidades de llegar a ser (por mucho que lo adornen grandes m¨¦ritos personales) miembro, por ejemplo, del Bizkai Buru Batzar o de cualquier otro ¨®rgano del partido que no tenga jurisdicci¨®n en Navarra, al menos hasta que el PNV abandone su actual estructura rigurosamente territorial, de la que con raz¨®n se precia, y que ha mantenido persistentemente desde su fundaci¨®n, pues, corresponde a la m¨¢s aut¨¦ntica tradici¨®n vasca. Ello no obstante, ese mismo partido ha puesto el grito en el cielo cuando el Gobierno ha querido aplicar id¨¦ntico criterio al ¨®rgano preauton¨®mico de las Provincias Vascongadas y cuando -tras de haber dado marcha atr¨¢s al admitir que Garaicoetxea presida el Consejo General Vasco- ha exigido que, cuando menos, haya incompatibilidad entre la pertenencia a un ¨®rgano de gobierno de Navarra y la pertenencia a otro ¨®rgano de gobierno que carece de jurisdicci¨®n sobre Navarra (y, en consecuencia, sobre su propio presidente).

Por su lado, y lo mismo que otros partidos pol¨ªticos cuya actividad se extiende a Espa?a entera, el partido gubernamental, cuyos ministros se muestran tan celosos de las distinciones territoriales, presenta como candidatos y logra que salgan elegidos para formar parte del Parlamento a muchos de sus afiliados, incluso a varios de los celosos ministros, en provincias situadas a centenares de kil¨®metros de sus domicilios y en las cuales tales candidatos ni nacieron ni tienen arraigo. Una vez elegidos, dichos miembros de UCD, ministros o no, se incorporan a las asambleas de parlamentarios de las correspondientes ?nacionalidades y regiones?, lo que les permite intervenir en la designaci¨®n de los ¨®rganos preauton¨®micos respectivos (y hasta, si lo desean, formar parte de ellos y participar -llegado el caso- en la elaboraci¨®n de su estatuto de autonom¨ªa; aunque, como consecuencia del decreto del 8 de junio, ya no podr¨¢n ser miembros simult¨¢neamente de un ¨®rgano de gobierno local, provincial o foral ubicado fuera del ¨¢mbito jurisdiccional del ¨®rgano preauton¨®mico de que se trate.

No s¨¦ si ser¨¢ cierto lo que algunos afirman: que, a cambio de la ?marcha atr¨¢s? del Gobierno a la que he aludido hace un instante, Garaicoetxea hab¨ªa prometido al ministro Font¨¢n renunciar al esca?o que ocupaba en el Parlamento Foral de Navarra, y que fue tras de haber anunciado Garaicoetxea, despu¨¦s de prometida esa renuncia, que seguir¨ªa ocupando dicho esca?o, cuando el ministro replic¨® con el real decreto que establece la incompatibilidad entre la pertenencia al Parlamento Foral de Navarra y la pertenencia al Consejo General Vasco. Probablemente se sabr¨¢ alg¨²n d¨ªa si hubo o no tal promesa, pero quiz¨¢ tardemos mucho en recibir la explicaci¨®n a que los ciudadanos tenemos derecho.

Se da la circunstancia de que el Gobierno (es decir, UCD) ten¨ªa contactos con el PNV a prop¨®sito de la autonom¨ªa vasca y de que -como es evidente- le interesaba llegar a un entendimiento con ¨¦l sobre esa materia. El real decreto de 8 de junio, que en s¨ª mismo es muy razonable y perfectamente justificable, constitu¨ªa una descomunal torpeza en esa especial circunstancia del juego partidista, ya que forzosamente hab¨ªa de irritar al PNV, por lo que resulta inexplicable en el supuesto de que Garaicoetxea no haya prometido su renuncia al esca?o de Pamplona.

Pero, ?y si prometi¨® la renuncia? Depende, entonces, de que la promesa haya sido o no previamente autorizada por el Euskadi Buru Batzar, instancia suprema del PNV. Si no hubo autorizaci¨®n previa, el haberse fiado de semejante promesa denota una candidez m¨¢s que regular. Y no se hable de la palabra, del honor o de la conciencia, pues es de sobra sabido que, en la partidocracia espa?ola (y singularmente en una organizaci¨®n de disciplina tan f¨¦rrea como el PNV), el partido es el ¨²nico depositario de la palabra, el ¨²nico juez del honor y el ¨²nico gu¨ªa de la conciencia de sus afiliados cuando ¨¦stos act¨²an en calidad de tales, lo que -indiscutiblemente- era el caso de Garaicoetxea.

Tan s¨®lo si hubiese existido esa autorizaci¨®n previa ser¨ªa la explicaci¨®n pol¨ªticamente aceptable. Pero presumo que nadie podr¨¢ demostrar jam¨¢s que Garaicoetxea fuese portador de una autorizaci¨®n semejante, sin la cual el m¨¢s solemne juramento de un militante, por alta que sea su condici¨®n en la jerarqu¨ªa del partido, es mero flatus vocis.

Y en el supuesto de que haya habido promesa, los hombres de UCD son los ¨²ltimos que pueden extra?arse de que los del PNV les prometan algo que, despu¨¦s, no van a cumplir: b¨¢steles recordar que, en julio de 1978, en el Congreso de los Diputados, y en octubre siguiente, en el Senado, cuando se barajaban f¨®rmulas para redactar la tan tra¨ªda y llevada disposici¨®n adicional primera de la Constituci¨®n, relativa precisamente a los ?territorios forales? (es decir, a las provincias vascas), ambos partidos representaron la misma comedia, s¨®lo que con los papeles invertidos. Entonces tambi¨¦n, la disciplina partidocr¨¢tica prevaleci¨® sobre la palabra dada. Dada por los hombres de UCD.

?Qu¨¦ va a suceder ahora? Independientemente de que Garaicoetxea conserve o no su esca?o parlamentario y su presidencia preauton¨®mica, imaginemos una hip¨®tesis veros¨ªmil.

Interesada en llegar a un entendimiento con el PNV para cerrar el paso a la subversi¨®n y hacer frente al terrorismo, UCD ordena a sus parlamentarios que acepten -para quitarles el mal sabor de boca a los peneuvistas- el estatuto llamado ?de Guernica?, con s¨®lo unos pocos retoques de mera f¨®rmula y haciendo la vista gorda para que puedan salir adelante cl¨¢usulas que son evidentemente contrarias a la Constituci¨®n. Ya que -dir¨¢n muy serios los ucedistas- la gravedad de las circunstancias requiere la adopci¨®n de decisiones pol¨ªticas, sin andarse con escr¨²pulos jur¨ªdicos. Como si no fuera a¨²n m¨¢s grave el hecho de que, al cabo de casi medio siglo de inseguridad jur¨ªdica y cuando se acaba de instaurar un Estado de derecho, la Constituci¨®n sea violada a las primeras de cambio. Pero la disciplina de partido se impondr¨¢ a la conciencia de los legisladores.

-No hay que preocuparse -dir¨¢ entonces un superexperto de esos que encuentran soluciones t¨¦cnicas para todo, que si el Estatuto Vasco comprende cl¨¢usulas anticonstitucionales, el Tribunal Constitucional las anular¨¢.

?Cree alguien seriamente que el problema vasco podr¨¢ resolverse si se encarga a un tribunal -que, por muchas vueltas qu¨¦ le demos y por grande que sea el prestigio de sus componentes, ser¨¢ (dada la forma de su designaci¨®n) un tribunal predominantemente pol¨ªtico y, por ende, sospechoso de contaminaci¨®n partidista- de anular lo que, tras de haberse pactado en las Cortes, Alava, Guip¨²zcoa y Vizcaya hayan ratificado en refer¨¦ndum? ?No se producir¨ªa con ello una tomadura de pelo capaz de llevar al paroxismo la exasperaci¨®n popular?

Pero todo eso no es, por supuesto, m¨¢s que una hip¨®tesis. Su verosimilitud no implica que vaya a convertirse en realidad. A lo mejor, no ocurre nada de lo que acabo de decir que podr¨ªa suceder, y mi hip¨®tesis quedar¨¢ entonces -Dios lo quiera- como bot¨®n de muestra de los extremos de suspicacia a que puede llegar una persona cuando se encuentra (como me encuentro yo en estos momentos) dominada por el miedo a las maniobras partidocr¨¢ticas.