El caso Olarra y la situaci¨®n de las empresas
EL CASO Olarra es un ejemplo de los miedos sociales paranoicos a que estamos sometidos, y tambi¨¦n una evidencia de los peligros y dificultades que amenazan al desarrollo econ¨®mico y social en una aceptable tolerancia democr¨¢tica. Las primeras reacciones han sido inculpatorias. Los malos ser¨¢n los Herri Batasunas emboscados en la Caja de Ahorros, que niegan un cr¨¦dito a una empresa porque su due?o es de derechas, o el culpable es el Gobierno, en la persona de su vicepresidente econ¨®mico, que no se ha puesto al tel¨¦fono rojo para o¨ªr las tribulaciones del empresario Olarra. Luego se ha descubierto que no exist¨ªa la llamada telef¨®nica -o no era reconocida-, ni tampoco los embozados'en la Caja de Ahorros, sino que los hechos inmediatos eran la reclamaci¨®n del pago por un cr¨¦dito personal para la financiaci¨®n de un chalet de la familia.Pero a pesar de los perfiles altamente confusos y hasta sospechosos de este asunto, los peligros est¨¢n ah¨ª. El caso Olarra ha sido el fulminante para que un buen n¨²mero de empresarios vascos amenacen con plantear colectivamente una cadena de expedientes de crisis. Y realmente la situaci¨®n de sus empresas es dif¨ªcil de sostener, y el desanimo y la incertidumbre han venido minando la moral de los empresarios vascos y, tambi¨¦n la de los del resto de Espa?a.
La primera reacci¨®n defensiva es volver la mirada hacia el Estado que, se quiera o no se quiera reconocer, ha sido quiz¨¢ el motor principal del desarrollo espa?ol, franc¨¦s e incluso alem¨¢n, en los ¨²ltimos treinta o veinticinco a?os. El Estado tiene que atender esa inmensa necesidad de seguridad que le piden los ciudadanos, porque la indecisi¨®n suprema puede facilitar el acceso a las soluciones enloquecidas, a las soluciones totalitarias. En el complejo mundo de la sejunda mitad del siglo XX la recomposici¨®n de una cierta sofida ad entre los agentes econ¨®micos y sociales pasa por el Estado, como v¨ªa hacia soluciones m¨¢s liberales o m¨¢s socialistas, a quien le corresponde la urgencia y necesidad de proponer respuestas y emitir las se?ales que vayan permitiendo a la sociedad recobrar su confianza y enfrentarse a la enorme depresi¨®n moral que hoy, desgraciadamente, atenaza a muchos de sus grupos m¨¢s din¨¢micos. Por supuesto que la ambig¨¹edad preside las peticiones y quejas que se dirigen o formulan a un Estado, que es, unas veces, reaccionario y centralizador, y otras, inoperante y pr¨®digo. Pero esta niebla de confusiones no oculta la existencia de unos mensajes angustiosos en busca de una claridad que permita contemplar d¨®nde estamos y hacia d¨®nde podemos razonablemente caminar sin riesgo inequ¨ªvoco de descalabro.
La gesti¨®n de la autoridad de ese Estado ha sido encomendada por los ciudadanos a un partido de centro, cuya divisa para los votantes no pod¨ªa estar muy alejada de un liberalismo social. Libre empresa con seguridad social. Precisamente desde esa plataforma el partido en. el poder, el Gobierno tiene que dise?ar su estrategia y realizar sus planteamientos. En los a?os pasados las dificultades se hac¨ªan desaparecer con el gran pa?uelo blanco del INI. Pero ese ejercicio de prestidigitaci¨®n ha demostrado ser muy caro, y ahora la beneficencia del sector p¨²blico no s¨®lo rompe los bolsillos a los contribuyentes, sino que ahoga las posibilidades de crecimiento de las empresas que se han ido ajustando a la crisis o la han trampeado con m¨¢s o menos ¨¦xito. El Estado no puede seguir ofreciendo la mejilla del INI: el ajuste hay que realizarlo en las propias empresas. Si la plantilla es excesiva o el rendimiento de una parte de la misma es insostenible, el Estado tiene que poner en condiciones legales a los empresarios para proceder a sanear su actividad y recuperar su autoridad como gestor de los intereses de la empresa. Si esta dolorosa verdad no es aceptada, s¨®lo queda el expediente de crisis. Las empresas cerrar¨¢n y el paro ser¨¢ muy superior al que un saneamiento a su debido tiempo habr¨ªa acarreado. Esas empresas, con posibilidad de ajuste, por un lado, de sus costes, van a necesitar tambi¨¦n un apoyo financiero, un alivio, que no es lo mismo que una,condonaci¨®n de deudas o su venta al Estado. En muchas ocasiones incluso un pa¨ªs entero entra en situaci¨®n de suspensi¨®n de pagos y se negocia con los acreedores un aplazamiento de las deudas mientras se impone al deudor un programa de saneamiento. Esto le ocurri¨® a Espa?a en el a?o 1958 Ahora, el Estado puede orientar operaciones de salvamento parecidas en las que los protagonistas finales sean las empresas y los organismos de cr¨¦dito. La tarea no es f¨¢cil y exige mucho talento, mucha paciencia y, sobre todo, mucha energ¨ªa, pero esto es precisamente lo que los ciudadanos esperan de sus gobernantes. Cualquier cosa menos contemplar impasibles el derrumbamiento de la actividad econ¨®mica y la instrumentaci¨®n de la crisis en el aventurerismo pol¨ªtico o el empuj¨®n involucionista, como en el caso Olarra alguien parece querer hacer.
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