La expropiaci¨®n de los bienes del clan Somoza, primera medida del nuevo Gobierno de Nicaragua

La primera decisi¨®n del nuevo Gobierno de Nicaragua, que a las seis de la tarde de ayer celebr¨® su primer Consejo de Ministros, fue la expropiaci¨®n de todos los bienes de la familia Somoza. El correspondiente decreto que lleva el n¨²mero uno de la era de la revoluci¨®n fue dado a conocer en un acto divulgado a todo el pa¨ªs por radio y televisi¨®n. El simbolismo de este acto marc¨® el principio y la filosof¨ªa de la nueva Administraci¨®n.

El viernes fue el d¨ªa de la conjunci¨®n en Managua de los representantes de todas las fuerzas que han contribuido a la derrota del somocismo. A mediod¨ªa se celebr¨®, en la que ahora se llama plaza de la Revoluci¨®n, un acto de masas para recibir oficialmente a la Junta de Reconstrucci¨®n Nacional y para tomar juramento al Gabinete ministerial. Miles de personas se concentraron en la plaza y ofrecieron a los combatientes del Frente Sandinista y a los integrantes del Gobierno una prueba de adhesi¨®n y respaldo absoluta.La Junta lleg¨® por carretera, procedente de Le¨®n, acompa?ada por columnas de guerrilleros sandinistas de los que organizaron una nueva administraci¨®n pol¨ªtica en aquella ciudad hace m¨¢s de un mes. El jueves por la noche, y desde Costa Rica, hab¨ªan llegado buena parte de los miembros del nuevo Gabinete nicarag¨¹ense, comandantes del Ej¨¦rcito nacional y personalidades latinoamericanas, adem¨¢s del embajador norteamericano William Bowdler y del diputado espa?ol Miguel Angel Mart¨ªnez, representante del PSOE y de la Internacional Socialista.

Poco a poco la ciudad recobra la normalidad posible en estos casos. La direcci¨®n del Frente ha organizado los servicios indispensables: control del tr¨¢nsito, comunicaciones, suministros de agua y luz y distribuci¨®n de alimentos.

Han aparecido muchos espont¨¢neos armados que hacen a¨²n peligrosa la circulaci¨®n nocturna. El toque de queda sigue vigente. Los comandantes sandinistas tienen el prop¨®sito de desarmar a los irregulares, tarea realmente dificil, en la toma de los cuarteles las armas se han distribuido sin control.

Todav¨ªa no hay capacidad anal¨ªtica ni perspectiva suficiente para saber por d¨®nde van a ir los pasos del nuevo r¨¦gimen. Hasta ahora las declaraciones de los dirigentes han sido muy moderadas. Pero a¨²n no se han o¨ªdo las voces de los miembros m¨¢s radicales, como Tom¨¢s Borge, el gran ide¨®logo de esta revoluci¨®n, o Daniel Ortega. Un combatiente de base nos dec¨ªa ayer en el aeropuerto que, en su opini¨®n, el 90% de los guerrilleros ven con desconfianza a la Junta de Reconstrucci¨®n Nacional, pero que sus armas est¨¢n alertas para corregir cualquier desviaci¨®n del rumbo revolucionario.

De cualquier modo, la impresi¨®n general es optimista. Los primeros pasos de la nueva situaci¨®n se han dado con realismo, mesura y, dentro de lo que cabe, orden. La radio y la televisi¨®n hacen constantes llamamientos a los combatientes para que sean disciplinados.

El mundo se est¨¢ volcando ya en la ayuda a1a Nicaragua atribulada y destruida. La presencia aqu¨ª de representantes de Gobiernos extranjeros es una se?al muy favorable del apoyo internacional que van a recibir los nicarag¨¹enses. Dentro de este contexto se espera la llegada la semana pr¨®xima de Felipe Gonz¨¢lez. Es posible que viaje tambi¨¦n a Managua una representaci¨®n del m¨¢s alto nivel de la Internacional Socialista.

Otro aspecto que apoya la impresi¨®n optimista de que habl¨¢bamos al principio es la ausencia de episodios de venganza o represalia contra los vencidos, que no hubieran sido extra?os dada la dureza de la lucha armada y el car¨¢cter represivo del r¨¦gimen somocista. Pr¨¢cticamente no ha habido ejecuciones sumarias en esta etapa de la nueva situaci¨®n a pesar de informes alarmistas que afirmaban lo contrario. Ya funciona, aunque de manera rudimentaria, una estructura m¨ªnima de administraci¨®n de la justicia. No hay tribunales populares. Los mismos comandantes del FSLN han se?alado con ¨¦nfasis que esa importante tarea corresponde a los tribunales ordinarios que el Gobierno designe.