El contexto de un programa

Subsecretario adjunto al vicepresidente segundo del Gobierno

Sobre nuestra situaci¨®n econ¨®mica inciden dos tipos de problemas.

Uno es universal; afecta a todo el mundo, tanto al occidental, al mundo libre, como a los pa¨ªses comunistas o socialistas de la ¨®rbita sovi¨¦tica. La causa m¨¢s concreta de esta crisis radica en la subida brutal de determinadas materias primas, y de modo especialmente relevante, del petr¨®leo. Esta crisis, la tercera gran crisis industrial en la historia del hombre, comenz¨® a finales de 1973 y, cuando empezaba a verse un horizonte de soluci¨®n, se ha recrudecido hace mes y medio con la ¨²ltima decisi¨®n de los pa¨ªses productores de petr¨®leo. El petr¨®leo que hace un a?o compr¨¢bamos por cien pesetas nos cuesta hoy 170.

Pues bien, este suceso necesariamente tiene que trastocar, que arruinar todas las previsiones de un mundo cuyo crecimiento estaba basado, fundamentalmente, en una energ¨ªa barata. La energ¨ªa es cara; tanto, que no se generan recursos, no producimos lo suficiente como para poder pagar ese sobreprecio que nos ha sido impuesto.

Nuestra econom¨ªa entr¨® en esta crisis iniciada a finales de 1973, hace ya cinco a?os, con un grave handicap. Carec¨ªamos entonces del sistema pol¨ªtico necesario para poder afrontar, con toda su crudeza, el reto de un crecimiento menor, con su secuela de paro y degradaci¨®n social. El sistema anterior, en vez de ajustar su econom¨ªa a las nuevas circunstancias, como hizo el resto de los pa¨ªses europeos entonces, cay¨® en la tentaci¨®n de evitar los traumas que toda operaci¨®n de ajuste supone. Para pagar aquel sobreprecio se fue generando una inflaci¨®n que al cabo de tres a?os amenazaba con sumir en la ruina nuestra moneda, y arruinaba, de hecho, las grandes subidas salariales que entonces se produjeron. Y dado que no pod¨ªamos pagar lo que compr¨¢bamos en el exterior, como naci¨®n llegamos a estar al borde de la suspensi¨®n de pagos.

Como el resto de los pa¨ªses europeos adopt¨® una pol¨ªtica estricta, nos fue devuelta una parte de la mano de obra espa?ola que all¨ª trabajaba y, sobre todo, qued¨® cerrada la entrada de nuevos emigrantes. Esto, que hab¨ªa constituido una v¨¢lvula de escape de la incapacidad tradicional de nuestro sistema productivo para absorber el crecimiento vegetativo, fue aumentando el n¨²mero de parados. Por si todo ello fuera poco, en estos a?os llega a la edad de trabajar la generaci¨®n m¨¢s numerosa nunca nacida en Espa?a, los nacidos en torno al a?o 1960, con lo que la demanda de trabajo que el sistema productivo tradicionalmente no pod¨ªa satisfacer, se hace a¨²n mayor.

Los pactos de la Moncloa

El nuevo r¨¦gimen democr¨¢tico hered¨®, y asumi¨®, las consecuencias de la falta de ajuste de nuestra econom¨ªa a la nueva realidad mundial. Por ello, antes de comenzar el proceso constitucional, todos los partidos pol¨ªticos parlamentarios suscribieron los llamados acuerdos de la Moncloa, porque la experiencia internacional del siglo XX demuestra que la democracia no ha podido sobrevivir en ning¨²n pa¨ªs arruinado por una inflaci¨®n y un d¨¦ficit en su balanza de pagos descontrolados.

La filosof¨ªa de aquel programa era sencilla. Part¨ªa de la conciencia de que resultaba necesario controlar la inflaci¨®n y mejorar la balanza de pagos para situarnos en condiciones semejantes a las de los restantes pa¨ªses europeos, y bastar¨ªa, por tanto, a partir de ah¨ª, tomar medidas similares a las que adoptasen nuestros vecinos para dirigir la econom¨ªa por caminos de un crecimiento mayor y m¨¢s saneado; y controlar as¨ª el tercer gran desequilibrio: el paro.

Aquel programa ten¨ªa un plazo de ejecuci¨®n: dos a?os, dentro de los cuales a¨²n estamos. Sus resultados han sido francamente aleccionadores en lo que respecta a los dos objetivos que todos los partidos diagnosticaron prioritarios: la inflaci¨®n ha conseguido ser reducida en dos a?os a la mitad, y lo que era d¨¦ficit en nuestra balanza es ahora super¨¢vit.

El ¨¦xito de esta operaci¨®n de saneamiento ha tenido su costo en t¨¦rminos de empleo e inversi¨®n. No hemos crecido lo suficiente para comenzar a resolver el problema.

Objetivo: crecer

El objetivo para este a?o era, y contin¨²a si¨¦ndolo, claro: crecer lo m¨¢ximo que permita nuestra econom¨ªa sin poner en peligro los dos desequilibrios que acabamos de comenzar a resolver: la inflaci¨®n, controlada, pero capaz de rebrotar, y una balanza de pagos positiva con el exterior.

Ese es el objetivo que el Gobierno anterior a las elecciones de marzo traz¨® para 1979: crecer uno o dos puntos m¨¢s por encima de la media de los pa¨ªses industriales. Podemos continuar creciendo por encima de nuestros vecinos europeos por una raz¨®n muy sencilla: porque tenemos un aumento potencial mayor de poblaci¨®n activa que el resto de Europa y una productividad muy inferior.

La ¨²ltima decisi¨®n de la OPEP ha supuesto, sin embargo, un importante condicionamiento: el crecimiento ser¨¢ menor en la cuant¨ªa que repercute en nuestras econom¨ªas el sobreprecio del petr¨®leo. De los recursos que hubi¨¦ramos dispuesto para nuestras necesidades de crecimiento, una parte importante ha pasado a manos de nuestros proveedores de petr¨®leo: 200.000 pesetas. Esta es una cantidad lo suficientemente importante como para empe?arnos en ahorrar energ¨ªa, porque no somos ricos -tambi¨¦n los pa¨ªses ricos han tomado medidas de ahorro- y porque todos nuestros recursos son pocos para invertirlos en un mayor crecimiento.

Flexibilizar la econom¨ªa

El Gobierno piensa que el reto que nos plantean las circunstancias actuales s¨®lo podr¨¢ ser superado con ¨¦xito por una econom¨ªa muy flexible, capaz de adaptarse a cuantos cambios puedan producirse. Una econom¨ªa en la que los mecanismos del mercado no encuentren excesivos obst¨¢culos.

Hoy no tenemos a¨²n ese tipo de econom¨ªa flexible, que es la que caracteriza a los pa¨ªses industriales avanzados. Nuestro sistema econ¨®mico, a pesar de los avances producidos en este ¨²ltimo a?o, a¨²n conserva muchas de las rigideces propias del r¨¦gimen pol¨ªtico anterior. Y esas trabas al funcionamiento libre de la econom¨ªa son fuente de ineficacias y despilfarro de recursos.

Una econom¨ªa de mercado s¨®lo puede dar de s¨ª todo su potencial si el empresario tiene posibilidades de actuar como tal; es decir, si el empresario tiene la capacidad de organizar su empresa, combinar los factores de producci¨®n de acuerdo con lo que pide el mercado. Pues bien, en nuestro pa¨ªs todav¨ªa no existe esta libertad, esta capacidad de ejercer libremente el empresario sus responsabilidades.

Se oponen a ello unas disposiciones en materia laboral propias de otro sistema. De un sistema r¨ªgido, muy intervenido, en el que la falta de libertades era compensada por el r¨¦gimen pol¨ªtico anterior con un rosario de garant¨ªas paternalistas de que disfrutaba el empleado.

Pero hoy no hay que compensar ya ninguna carencia de libertades o de negociaci¨®n. La democracia permite a los empleados, y a los empresarios, la defensa abierta de sus intereses. Desde ese principio es como, hay que entender las relaciones industriales.

La buena marcha de la econom¨ªa requiere despejar los factores de perturbaci¨®n que en el nuevo sistema suponen las viejas normas, y, por ello, el estatuto de los trabajadores fue el segundo proyecto de ley que el nuevo Gobierno remiti¨®, tras las elecciones generales, al Congreso de los Diputados.

Concretado este sistema de relaciones en el seno de las empresas, y despejada la incertidumbre que supon¨ªa la retenci¨®n en el Congreso de los Diputados del Plan Energ¨¦tico Nacional, ya aprobado el mes pasado, s¨®lo restar¨ªa al, empresariado, y a la inversi¨®n en general, conocer claramente lo que el Gobierno va a hacer con la parte de la actividad econ¨®mica de la que, en cuanto tal, es directamente responsable: el sector p¨²blico.

El Gobierno manifiesta en su programa que debe de detenerse, de momento, el crecimiento de esa parte de la econom¨ªa de la naci¨®n, que tan r¨¢pida expansi¨®n ha tenido en los ¨²ltimos a?os. Expansi¨®n que ha supuesto una serie de exigencias econ¨®micas que han tenido que ser detra¨ªdas del normal funcionamiento del sector privado.

Por ello, y a la vista de un d¨¦ficit mayor de lo previsto, se ha puesto en marcha un programa de ahorro de 100.000 millones de pesetas en gastos del Estado, tanto de la Administraci¨®n como de la Seguridad Social. Al mismo tiempo, se sanea, en buena medida, la situaci¨®n financiera de los ayuntamientos y de las empresas p¨²blicas.

Dos caminos

El programa que contiene las l¨ªneas b¨¢sicas de la pol¨ªtica econ¨®mica para el futuro pr¨®ximo deber¨ªa ser un instrumento de confianza y un m¨®vil de exigencia para todos. Sin un trabajo muy serio, m¨¢s riguroso de lo que acostumbramos, apenas tendremos para sobrevivir l¨¢nguidamente. Sin una clara conciencia de que nada se nos va a dar regalado, dif¨ªcilmente podremos crecer lo suficiente para hacer un pa¨ªs m¨¢s justo y m¨¢s libre.

No podemos malgastar nuestros escasos recursos; no podemos disipar nuestros esfuerzos. Es evidente, y el Gobierno lo sabe perfectamente, que hay empresas y sectores enteros que atraviesan por circunstancias muy dif¨ªciles. Y habr¨¢ que atender esa situaci¨®n. Pero habr¨¢ que hacerlo con las ideas muy claras.

Con la idea clara de que la crisis que atravesamos tiene como consecuencias derivadas de un crecimiento menor, dos grandes problemas: mala situaci¨®n e incluso desapariciones de empresas, y menor empleo.

Y con la idea, tambi¨¦n clara, de que para resolver el futuro s¨®lo hay dos caminos. Uno, potenciar aquellos sectores de mayor capacidad exportadora y mejorar la productividad. Otro, sostener artificialmente sectores sin porvenir o antiecon¨®micos, y mantener ficticiamente el empleo, arruinando nuestra productividad.

El Gobierno opta, decididamente, por el primer camino, porque. s¨®lo ¨¦l nos garantiza superar la crisis creciendo, poco, pero positivamente. No es un camino f¨¢cil, ni c¨®modo. Pero el hacerlo est¨¢ en nuestras manos, porque una situaci¨®n dif¨ªcil, como esta, es superable con trabajo, solidaridad y confianza en nuestras propias fuerzas.