Estupor entre los exilados argentinos por las medidas sobre desaparecidos
En medios de la oposici¨®n pol¨ªtica argentina en Espa?a ha causado indignaci¨®n y estupor el tratamiento que el Gobierno de Buenos Aires va a dar al problema de los millares de desaparecidos en el pa¨ªs, desde el golpe de Estado que llev¨® al poder a la Junta Militar en marzo de 1976. El prop¨®sito de las autoridades militares argentinas es el de convocar mediante edictos judiciales a los desaparecidos y, si en el plazo de tres meses no comparecen, declarar oficialmente su fallecimiento.
El n¨²mero oficial de desaparecidos se cifra en 5.465, aunque las cifras reales de desapariciones podr¨ªan alcanzar una suma pr¨®xima a los 13.000. Muchas de estas personas, de ambos sexos, y de las cuales no quedan excluidos algunos ni?os, fueron asaltadas en sus domicilios particulares por bandas parapoliciales o paramilitares, conocidas por la denominaci¨®n de patotas. Seg¨²n centenares de testimonios de familiares de secuestrados, ahora en situaci¨®n de desaparecidos, estas bandas no s¨®lo aprehend¨ªan a las personas por ellas buscadas, sino que adem¨¢s se adue?aban de pertenencias de los detenidos, dinero, muebles, objetos de valor e incluso alimentos.A la incertidumbre familiar por averiguar el paradero de las personas detenidas de esta manera se sumaba el silencio permanente de las autoridades, que manifestaban ignorar el paradero de los secuestrados. Entre los miembros de las patotas, habitualmente cubiertos con pasamonta?as y vestidos con prendas militares en muchas ocasiones, los familiares de los secuestrados reconoc¨ªan a oficiales de la polic¨ªa o de distintas armas de las fuerzas armadas, de comisar¨ªas o cuarteles cercanos, pero los testimonios de los familiares ante la polic¨ªa o ante los jueces ¨²nicamente contribu¨ªan a hacer gravitar sobre aqu¨¦llos la probabilidad de correr la misma suerte.
Alrededor de los familiares de los desaparecidos y secuestrados se ha ido configurando un movimiento civil de resistencia no plenamente organizado, pero visible en toda Argentina a trav¨¦s de las m¨²ltiples manifestaciones p¨²blicas, truncadas en muchas ocasiones por la polic¨ªa, mediante audiencias ante misiones y foros internacionales, cuyas cabezas visibles han sido durante esta etapa las mujeres conocidas como las Madres de la plaza de Mayo, que cada jueves se reun¨ªan en este c¨¦ntrico enclave porte?o con pancartas en las que exig¨ªan la aparici¨®n o al menos una respuesta oficial sobre la suerte de sus deudos.
En ocasiones, alg¨²n juez dio pasos en cuanto a la exigencia de informaci¨®n sobre desaparecidos al poder ejecutivo, pero los dict¨¢menes judiciales no han encontrado respuesta por parte de las autoridades. Resulta realmente grave, seg¨²n los medios consultados, el hecho de que una parte importante de las personas desaparecidas han sido vistas en penales y presidios, oficiales o clandestinos, incluso hace escasos meses, con lo cual la decisi¨®n de las autoridades de dar por muertos a los que no comparezcan significar¨ªa virtualmente para aqu¨¦llos una evidente condena a muerte.
Para los medios de la oposici¨®n argentina en Espa?a, la medida del Gobierno bonaerense obedece a la necesidad de zanjar un tema tan controvertido, cuando es inminente la visita a Argentina de una misi¨®n de la OEA que investigar¨ªa sobre este tema en el pa¨ªs. Adem¨¢s, subrayan que tambi¨¦n ha influido la decisi¨®n del Gobierno de Washington de solicitar de su embajador en Buenos Aires, Ra¨²l Guevara, que investigue sobre la existencia en Argentina de c¨¢rceles clandestinas, una de las cuales fue detectada en pleno coraz¨®n de Buenos Aires, en un estacionamiento subterr¨¢neo situado bajo una de las principales arterias.
La medida gubernamental argentina vulnera las propias leyes vigentes en el pa¨ªs, por cuanto supone un acortamiento sustancial de los plazos decretados por la ley para declarar fallecida a una persona desaparecida.
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