La OEA investiga las violaciones de los derechos humanos en Argentina

Desde hoy, y por el plazo de dos semanas, una delegaci¨®n de la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos trabajar¨¢ en Argentina para analizar la situaci¨®n de ese pa¨ªs suramericano, cuyos dirigentes ostentan el triste titulo de violadores sistem¨¢ticos de los m¨¢s elementales derechos de la persona. Es la primera vez, desde que los militares se hicieron cargo del poder, en 1976, que se permite la libre actividad de una organizaci¨®n como la que hoy lleg¨® a Buenos Aires. El Gobierno del general Videla ha prometido reiteradamente facilitar el trabajo de la delegaci¨®n.

Cerca de 40.000 personas han realizado ya gestiones para entrevistarse con los funcionarios de la Organizaci¨®n de Estados Americanos integrantes d¨¦ la Comisi¨®n. No todos, evidentemente, podr¨¢n ser atendidos. Pero ese n¨²mero da una idea clara de. la cantidad de argentinos que pueden testificar alg¨²n hecho relacionado con la violaci¨®n de los derechos humanos.Sin duda alguna, el asunto m¨¢s espinoso con el que se encontrar¨¢n los investigadores de la OEA es el de los desaparecidos. Organizaciones locales han preparado una lista de 5.700 personas, secuestradas por servicios de inteligencia del Ej¨¦rcito y organismos policiales, de tuya suerte nada se sabe. A las reiteradas preguntas hechas desde todo el mundo sobre la situaci¨®n de estas personas, el Gobierno ha respondido sistem¨¢ticamente con el silencio.

La cifra constatada de desaparecidos es, adem¨¢s, s¨®lo una tercera parte de la totalidad. Los comit¨¦s de derechos humanos argentinos calculan que no existen, por razones diversas, testimonios de por lo menos otras 10.000 personas. Muchas de ellas presumiblemente perecieron y se sumar¨¢n a los m¨¢s de 8.000 muertos producidos por la acci¨®n de las fuerzas armadas en su ?lucha contra la subversi¨®n?.

Curiosamente, el tema de los desaparecidos parece ser el ¨²nico que une, sin fisuras, a las fuerzas armadas argentinas. Las tres armas se apoyan entre s¨ª en el encubrimiento de sus respectivas acciones. ?No aceptaremos ning¨²n Nuremberg?, han asegurado altos oficiales cuando, desde el exterior, se han patrocinado campa?as para exigir responsabilidades a los dirigentes castrenses.

El Ej¨¦rcito, la Marina y la Aviaci¨®n tienen cada uno su lista de desaparecidos, su n¨®mina de ?subversivos?, sus m¨¦todos de investigaci¨®n, sus c¨¢rceles o chupaderos, donde quien entra debe despedirse del mundo. La cifra oficial de 6.500 presos pol¨ªticos, reconocida por las autoridades de Buenos Aires, es solamente una peque?a parte de los detenidos reales en c¨¢rceles secretas y campos de internamiento desconocidos.

Con una argucia legal, el Gobierno argentino trata de dar carpetazo a los expedientes de desaparecidos. Aduciendo que las familias de estas personas se encuentran en una situaci¨®n jur¨ªdica irregular, el Gobierno del general Videla tiene la intenci¨®n de considerarles legalmente ?muertos?. Contra esta intenci¨®n se han levantado miles de voces airadas.

La Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos constatar¨¢ durante su estancia en Argentina que a¨²n se siguen produciendo violaciones a dichos derechos. En esto poco ha cambiado la situaci¨®n, aunque, l¨®gicamente, el n¨²mero de casos es sensiblemente inferior al de los primeros meses del golpe militar.

En lo que s¨ª ha cambiado el panorama es en la actitud de los argentinos frente al problema.

Adem¨¢s de recibir a cientos de personas, estudiar miles de expedientes, visitar varias c¨¢rceles, la delegaci¨®n de la OEA se propone entrevistarse con el periodista Jacobo Tinnerman, ahora bajo arresto domiciliario, despu¨¦s de pasar m¨¢s de un a?o en la c¨¢rcel, y los expresidentes H¨¦ctor C¨¢mpora, asilado en la embajada de M¨¦xico en Buenos Aires, e Isabel Mart¨ªnez de Per¨®n, recluida en una finca a la espera de que se celebren juicios pendientes contra ella. El informe definitivo de la Comisi¨®n ser¨¢ dado a conocer antes de que finalice el presente a?o.