Las consecuencias econ¨®micas de los se?ores Abril-Leal

Diputado del PCE por MadridEl 11 de septiembre de 1979, tras una larga demora, lleg¨® a las Cortes el ?programa a medio plazo para la econom¨ªa espa?ola?, m¨¢s conocido como Programa Econ¨®mico del Gobierno, o, simplemente, PEG. La remisi¨®n al Parlamento se ha hecho mediante una comunicaci¨®n gubernativa que resume el programa en los quince puntos que sint¨¦ticamente vamos a analizar y criticar.

1. De partida, el Gobierno afirma textualmente que el ajuste de la econom¨ªa espa?ola se ve afectado por ?las incertidumbres que en el contexto internacional se han originado a ra¨ªz del nuevo programa energ¨¦tico... ? Tal inculpaci¨®n a la OPEP me parece excesivamente general y confusa. No precisa suficientemente que lo m¨¢s grave de los aumentos de los crudos no es la amenaza sobre el abastecimiento energ¨¦tico, sino la notable elevaci¨®n de costes en los distintos sectores. Y sin negar que la pol¨ªtica de la OPEP comporta un impulso considerable al proceso inflacionista, no puede aceptarse que, sin m¨¢s, se le atribuya toda la culpa de la inflaci¨®n. El sistema econ¨®mico espa?ol es de por s¨ª el mejor caldo de cultivo para la difusi¨®n del virus inflacionista, precisamente porque el Gobierno no ha atacado las verdaderas ra¨ªces de la inflaci¨®n. Desde julio de 1977 no se ha hecho pr¨¢cticamente nada para detener el alza de los precios del suelo edificable, cuyos efectos se han propagado al resto de la econom¨ªa. Por otro lado, la virtual liberalizaci¨®n de los tipos de inter¨¦s desde julio de 1977 (que se llev¨® a cabo bajo la presi¨®n de la oligarqu¨ªa financiera), ha tenido como resultado intereses entre el 16 y el 24%. A precios tan altos del dinero, los inversores se convierten en fil¨¢ntropos que trabajan gratis para los Bancos. ?As¨ª, qui¨¦n va a invertir?

2. Despu¨¦s de tratar de convencemos de que el origen de todos los males est¨¢ en la crisis energ¨¦tica, el PEG requiere a los espa?oles aceptar el ?empobrecimiento real de la colectividad, como consecuencia de la mayor transferencia de recursos que es necesario afrontar para mantener el aprovisionamiento de productos energ¨¦ticos?. Lo cual equivale a decirnos: ?Vais a ser m¨¢s pobres, pero no por ello deb¨¦is perder la serenidad.? Pero ni siquiera se dice cu¨¢nto m¨¢s pobres vamos a ser y c¨®mo va a distribuirse esa nueva pobreza. En el fondo, lo que hay, ?no es una cierta Pobreza de imaginaci¨®n dentro del propio Gobierno?

3. La promesa del empobrecimiento equivale a una invitaci¨®n a convivir indefinidamente con la crisis, con sus secuelas de paro, de delincuencia cada vez m¨¢s extendida y de frustraciones de todo tipo, en un proceso de degradaci¨®n social cuyos l¨ªmites no est¨¢n a la vista. Y para salir de esta situaci¨®n, en vez de crear las condiciones de un nuevo desarrollo, lo ¨²nico concreto que el Gobierno plantea son medidas de pretendida austeridad: la disminuci¨®n en 100.000 millones de pesetas del d¨¦ficit de la Administraci¨®n para 1979. Lo cual no pasa de ser una curiosa operaci¨®n de autoenmienda del presupuesto, aprobado hace escasamente tres meses. Entonces se confes¨® un d¨¦ficit de 250.000 millones. Ahora se habla de 400.000. ?Y qui¨¦n nos garantiza que no se trata de 500.000 o incluso 600.000, como ha llegado a decirse?

4. En el PEG se declara la necesidad de una pol¨ªtica de ajuste estructural. Pero la cuesti¨®n se enfoca de la manera m¨¢s mec¨¢nica, sin apreciar que las estructuras no son piezas de metal, sino relaciones de producci¨®n y de cambio entre clases y grupos sociales, con la envolvente de unas instituciones. Por ello, para ese reajuste estructural, a diferencia del protagonismo en exclusiva que pretenden los se?ores Abril-Leal, es de todo punto indispensable un nuevo marco de relaciones laborales, un mejor entendimiento entre el Gobierno y las centrales sindicales. Como son precisas reformas considerables en instituciones que se encuentran degradadas por la corrupci¨®n de los a?os de la dictadura, y por las inercias m¨¢s recientes. Pero nada de eso est¨¢ realmente en marcha. Porque el Estatuto del Trabajador presentado por UCD en el Parlamento apenas va m¨¢s all¨¢ de una mera recopilaci¨®n de elementos legislativos anteriores. Y en cuanto a la reforma de las instituciones, los prop¨®sitos de cambio que se conten¨ªan en los pactos de la Moncloa, quedaron muy atr¨¢s... e incumplidos desde el momento en que Abril-Leal sustituyeron a Fuentes Quintana y a Fern¨¢ndez Ord¨®fiez.

Recortes al gasto p¨²blico

5. Tras dibujar un sombr¨ªo panorama internacional, recomendar serenidad ante el empobrecimiento y despu¨¦s de crear falsas ilusiones de recortes del gasto p¨²blico y de reajuste estructural, en el programa surge un inciso sorprendente. ?La situaci¨®n de atraso relativo y baja productividad de la econom¨ªa espa?ola -se dice- ofrece la posibilidad de conseguir tasas de crecimiento real superiores a las registradas, en promedio, por los pa¨ªses industriales.? Es dif¨ªcil aceptar con el PEG tan halag¨¹e?a previsi¨®n. Precisamente la experiencia en los ¨²ltimos tiempos, desde 1973, demuestra todo lo contrario: que Espa?a crece por debajo de la media de otros pa¨ªses industriales. Entre otras cosas, porque no hay una verdadera planificaci¨®n democr¨¢tica, que, en vez de r¨¦mora, podr¨ªa convertir esos atrasos y esa baja productividad en el m¨¢s fuerte impulso de desarrollo.

6. En materia de pol¨ªtica de creaci¨®n de empleo, apenas se sobrepasa el horizonte de algunas observaciones generales. Pero dejando bien claro el rechazo a la participaci¨®n de los sindicatos en todo lo relativo a la administraci¨®n del seguro de paro, oficinas de colocaci¨®n y empleo comunitario. Tres ¨¢reas en donde las corruptelas y la ineficacia no han dejado de ser el pan nuestro de cada d¨ªa. Y un Gobierno que as¨ª niega la ?co-responsabilizaci¨®n? de los trabajadores, ?quiere realmente aumentar la productividad?

7. El Gobierno se refiere tambi¨¦n a la reconversi¨®n de sectores industriales en crisis. Sin embargo, en esto, como en tantos otros aspectos, no hay novedad. Ni en materia de industria naval ni de siderurgia. En el primer caso, el prop¨®sito es disminuir la capacidad productiva, en vez de buscar con suficiente imaginaci¨®n nuevos sectores de actividad, como plataformas para exploraci¨®n y extracci¨®n de hidrocarburos en aguas continentales, barcos para turismo (un sector que en todo el mundo est¨¢ convirti¨¦ndose en monopolio de la Uni¨®n Sovi¨¦tica) o programas destinados a la modernizaci¨®n de nuestros malparados ferrocarriles. En el caso del otro gran sector en crisis, la siderurgia, el problema de fondo radica en la demanda de hierro y acero, que no resurgir¨¢ sino con el tir¨®n de un ambicioso programa de construcci¨®n de viviendas, de obras p¨²blicas, de equipamientos sociales. Y de esos proyectos, en el PEG, nada de nada.

8. Se confirma, asimismo, que habr¨¢ una mayor liberalizaci¨®n de las instituciones financieras. Algo que suena a vieja cantilena repetida. La m¨¢s novedosa referencia es al mercado de valores, pero inevitablemente se suscita la cuesti¨®n de c¨®mo, sin un horizonte de certidumbre, puede esperarse que reaccionen las cotizaciones, que hoy est¨¢n en los niveles m¨¢s bajos de su historia: las ?Telef¨®nicas?, a 63 (en 1972 llegaron a 480 enteros), y Altos Hornos de Vizcaya, a 12,5 (en 1976 alcanzaron la cota de 120). Y es que desde 1973 -con el breve par¨¦ntesis de los acuerdos de fa Moncloa, entre octubre de 1977 y marzo de 1978- en la pol¨ªtica espa?ola no ha habido otra cosa que permisividad, expansionismo a cualquier trance y oportunismo electorero; para desembocar, ahora, cuando no hay elecciones a la vista, en el m¨¢s negro fatalismo y pesimismo. Por eso hay que recordarles a los se?ores Abril-Leal (aunque no les guste) que, cuando desde marzo de 1978 incumplieron y quisieron olvidarse de los pactos de la Moncloa, cometieron un grave error hist¨®rico. Se abandon¨® la ¨²nica senda de pol¨ªtica econ¨®mica posible, la que llevaba a la reforma econ¨®mica y social profunda, la que conduc¨ªa a un verdadero cambio en el anterior modelo de crecimiento.

9. En el PEG hay adem¨¢s no pocas incoherencias de calibre. Entre ellas, el prop¨®sito de ir a la adaptaci¨®n del arancel espa?ola la tarifa exterior com¨²n de la CEE, sin esperar a la finalizaci¨®n del per¨ªodo transitorio de incorporaci¨®n de Espa?a al Mercado Com¨²n (en tomo a 1990). Equivale esto a pensar que la nuestra es una econom¨ªa en donde rebajando los derechos de aduana y sin necesidad de planificar nada pueden conseguirse ventajas importantes en poco tiempo. Pero con esa pol¨ªtica, lo ¨²nico que vamos a tener garantizado es una larga secuencia de cierres de f¨¢bricas, y con ello nuevos aumentos del paro.

10. Tambi¨¦n en el PEG se inscribe una nueva consagraci¨®n de la tesis de la m¨¢xima privatizaci¨®n posible del sistema econ¨®mico y de que, por consiguiente, los presupuestos no deben ?distorsionar? el flujo de cr¨¦ditos al sector privado. Lo cual, dicho en rom¨¢n paladino, significa que el Gobierno de UCD est¨¢ a favor de una contracci¨®n del sector p¨²blico, y de un retorno sin ambages al principio de subsidiariedad en materia de empresa p¨²blica. El INI seguir¨¢ siendo un instrumento de socializaci¨®n de p¨¦rdidas y privatizaci¨®n de ganancias, un vertedero de las empresas privadas con mala administraci¨®n, y un ?descansadero? de ex cargos p¨²blicos sin calibrar sus capacidades t¨¦cnicas y empresariales. Y las peque?as y medianas empresas seguir¨¢n abandonadas.

11. En l¨ªnea con lo anterior, sobre el funcionamiento del sector p¨²blico, se hacen las rituales observaciones: limitaci¨®n del gasto corriente, las inveteradas promesas sobre una mayor participaci¨®n relativa de la inversi¨®n p¨²blica, mejoras en el control presupuestario e incrementos de productividad en la Administraci¨®n. ?Todo un mundo feliz! .... que para cualquier observador de la Administraci¨®n no exige de comentarios.

12. En t¨¦rminos de Seguridad Social, la ¨²nica proposici¨®n clara del programa consiste en retrasar en un a?o el compromiso de llevar hasta un 20% la contribuci¨®n financiera del presupuesto del Estado. Este objetivo, en vez de alcanzarlo en 1983, se promete conseguirlo en 1984. Pero nada importante se dice en relaci¨®n con la reforma de la Seguridad Social, que sigue siendo el m¨¢s oscuro pozo de la econom¨ªa espa?ola. Como tampoco hay referencia alguna a la participaci¨®n de empresarios y trabajadores en los ¨®rganos de administraci¨®n y gesti¨®n de la Seguridad Social, en donde todo son obst¨¢culos para cumplir compromisos contra¨ªdos por el Gobierno Su¨¢rez hace ya bastantes meses.

Privatizaci¨®n de la empresa p¨²blica

13. De la empresa p¨²blica ya nos hemos ocupado antes. Y no ser¨¢ preciso insistir que todo lo que en el PEG se menciona de su futura competitividad ser¨¢ mero papel mojado, si no se cambia el actual estado de cosas. Y los prop¨®sitos han ido quedando bien claros, pues desde que el proyecto de Estatuto de la Empresa P¨²blica cay¨® en el sue?o eterno, el Gobierno est¨¢ lanzado a una sistem¨¢tica operaci¨®n privatizadora (SEAT, ENDESA, ENASA, etc¨¦tera).

14. El PEG termina con una especie de acorde final de pretensiones triunfales, al anunciar que ?la econom¨ªa espa?ola en 1982 ser¨¢ una econom¨ªa mucho m¨¢s flexible y eficaz que la actual?. Pero eso no es una meta, sino una quimera, pues lo ¨²nico que se esboza es un horizonte de incertidumbre para la inmensa mayor¨ªa. En vez de gu¨ªa para la acci¨®n, el PEG es el reconocimiento del pesimismo como doctrina y la exposici¨®n de un menguado y ambiguo repertorio de instrumentos t¨¦cnicos para que se piense que casi todo est¨¢ previsto.

Hasta aqu¨ª, en apretada s¨ªntesis, el an¨¢lisis y la cr¨ªtica que puede hacerse al Programa Econ¨®mico del Gobierno. No estamos ante un buen proyecto. No puede construirse la democracia con m¨¦todos tecnocr¨¢ticos; como no cabe hacer llamamientos a la serenidad y a la comprensi¨®n sin participaci¨®n. La planificaci¨®n democr¨¢tica es necesaria, est¨¢ en la Constituci¨®n en el art¨ªculo 131, en donde se configura un Consejo en el que han de sentarse las comunidades aut¨®nomas, las representaciones de trabajadores y empresarios. Y negarse a constituir ese Consejo es limitar la elaboraci¨®n de la pol¨ªtica econ¨®mica a est¨¦riles reuniones de gabinete, a inacabables soliloquios. Todo ello, en vez de ir a un trabajo compartido, con informaci¨®n para todos, y en el cual el Gobierno tendr¨ªa l¨®gicamente la labor de impulso y de responsabilidad de una pol¨ªtica de inversi¨®n productiva y de lucha contra la inflaci¨®n en sus ra¨ªces.

En el fondo, ahora que est¨¢ de moda citar a algunos grandes economistas, se dice que Keynes fue el culpable de la inflaci¨®n de los a?os 60 y 70, y que hoy Keynes est¨¢ muerto. Observaciones as¨ª, tienen un car¨¢cter casi eclesial. A m¨ª me recuerdan aquella conferencia teol¨®gica de Ginebra en la que al final de los trabajos el presidente, a modo de conclusi¨®n, se atrevi¨® a decir: ?Se?ores, Dios ha muerto.? Y del fondo de la sala surgi¨® una voz que dej¨® estremecido al auditorio, con una pregunta bien sencilla: ??Y ahora, qu¨¦ hacemos con el cad¨¢ver??

Se dice que Keynes ha muerto. Tambi¨¦n podr¨ªa decirse que a Keynes lo han matado sus ya viejos adversarios, los Friedman y los Hayek. Sin por ello exaltar la figura de Keynes, que no pas¨® de ser un inteligente y, hasta cierto punto, frustrado defensor del capitalismo. Evidentemente, el keynesianismo no pod¨ªa aspirar a resolver sino los problemas de una cierta fase del capitalismo. Cuando el Estado burgu¨¦s no intervencionista ve¨ªa c¨®mo la crisis conduc¨ªa al colapso total, Keynes recomend¨® entonces un Estado m¨¢s intervencionista, basado en la inversi¨®n p¨²blica, en la utilizaci¨®n de la pol¨ªtica monetaria y fiscal, para luchar contra el ciclo, contra la depresi¨®n. Y esa recomendaci¨®n, con todas sus complicaciones l¨®gicas, llev¨® al gradual montaje de un nuevo Estado de econom¨ªa mixta, Estado industrial, o Estado keynesiano, si se prefiere. Por tanto, ahora, lo que parece contradictorio es abandonar el keynesianismo, dejando el cad¨¢ver del Estado keynesiano, pretendiendo adem¨¢s hacer desde ¨¦l una pol¨ªtica liberal.

La tarea que realmente tenemos ante nosotros es bastante m¨¢s alentadora que las viejas recetas del Banco de Espa?a o que los manoseados consejos de la OCDE a la UCD. Se trata de transformar el Estado, para construir una democracia avanzada, tal como se dice -hay que recordarlo tambi¨¦n- en el pre¨¢mbulo de la Constituci¨®n. Y eso es lo que no aciertan a ver ni Abril, ni Leal... Y las consecuencias podr¨ªan ser perniciosas si no lo advirtieran pronto.