Nuestra peque?a palabra para la justicia

Alguien, mal¨¦volamente, ha comparado a la Administraci¨®n de justicia con una tela de ara?a. En ¨¦sta s¨®lo quedan atrapados los bichos d¨¦biles y peque?os; los grandes y fuertes la traspasan. No estamos de acuerdo con la met¨¢fora, aunque en ella haya tal vez alguna part¨ªcula de verdad. Sin embargo, s¨ª parece cierto que de un tiempo a esta parte la Administraci¨®n de justicia, a nivel popular, se ha desacreditado de forma notable. Pensamos que es un dato que debe ser tenido en cuenta, un hecho para la reflexi¨®n.El hombre de la calle se pregunta a veces si tambi¨¦n la justicia se tambalea. En este pa¨ªs de nuestros pecados, la erosi¨®n del tiempo ha dejado en cueros muchos valores que parec¨ªan intangibles. ?Va a pasar lo mismo con la justicia?

El t¨ªtulo VI de nuestra dolorida y flamante Constituci¨®n pone en sus once art¨ªculos las paredes maestras del poder judicial. Y ya est¨¢ en marcha una ingente y apasionante tarea legislativa para adecuar a la letra y al esp¨ªritu de la Constituci¨®n toda la normativa por la que habr¨¢n de regirse los diferentes ¨®rganos del poder judicial. Es un buen momento para que todos los que propugnan una justicia eficaz, independiente, sana y democr¨¢tica aporten su granito de arena. Los modestos funcionarios judiciales queremos tambi¨¦n decir nuestra peque?a palabra.

1. Absoluta independencia. El poder ejecutivo, es decir, el Gobierno, debe renunciar, de una vez para siempre, sin ambages, a la tentaci¨®n constante de meterla cuchara en el ¨¢mbito judicial. En esta materia, toda prudencia es poca. Se dice por ah¨ª que a ning¨²n Gobierno interesa la existencia de un poder judicial fuerte, independiente, unido. Trabajo cuesta aceptar que esa afirmaci¨®n sea cierta, pero las sospechas son, por desgracia, demasiado indicativas.

Nuestra sociedad necesita una justicia lo m¨¢s alejada posible de las esferas del poder, de toda clase de poder, s¨®lo as¨ª se puede ser independiente hoy, ma?ana y pasado ma?ana. Por ejemplo: no se acaba de entender por qu¨¦ en el art¨ªculo 124, n¨²mero 4 de la, Constituci¨®n (?de la Constituci¨®n!) se establece que ?....el fiscal general del Estado ser¨¢ nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, o¨ªdo el consejo general del Poder judicial?. ?Por qu¨¦ ha de ser el Gobierno el que proponga, el que, en definitiva, se lleve el gato al agua? Anta?o vimos c¨®mo un secretario general del Movimiento era designado ?fiscal general del Reino?. Es decir, del puesto m¨¢s politizado del Gabinete se pas¨® al que, te¨®ricamente, se considera la m¨¢s pura decantaci¨®n de la Administraci¨®n de justicia. Eso vimos anta?o. Hoga?o vemos c¨®mo el partido en el poder coloca al frente de la Fiscal¨ªa General del Estado a un hombre que procede de sus filas. Ma?ana, tal vez, siga su ejemplo el PSOE o cualquier otro partido pol¨ªtico. Es realmente triste constatar que estos usos pol¨ªticos formen partenormal de la vida del pa¨ªs. Nos parece poco serio. Y que nos perdonen, ?vive Dios?, los inventores del consenso.

2. El farolillo rojo del presupuesto nacional. Todo el mundo sabe que Espa?a es, entre los pa¨ªses europeos, el que destina el porcentaje m¨¢s bajo de su presupuesto a la Administraci¨®n de justicia. Los medios materiales con que el poder ejecutivo subviene a los gastos de justicia son ramplones y cicateros. El personal que sirve a la Administraci¨®n de justicia est¨¢ mal retribuido, comenzando por los miembros de la carrera judicial y acabando en los ¨ªnfimos pelda?os del personal subalterno. A ello se une la tenaza de la absoluta incompatibilidad que impide a los funcionarios buscarse legalmente ayudas en otras actividades, salvo las docentes, reservadas, l¨®gicamente, a una peque?a ¨¦lite.

?Y qu¨¦ decir de los medios materiales con que en Espa?a se administra la justicia? M¨¢s vale no meneallo. Y otro tanto cabr¨ªa decir de tas leyes procesales, algunas de las cuales est¨¢n realmente fosilizadas.

Las relaciones del ejecutivo con el poder judicial deben reducirse, ¨²nica y exclusivamente, a dotarlo de un presupuesto suficiente y digno, de modo que las personas y las cosas de que el pueblo se sirve para asegurar su convivencia jur¨ªdica sean medios realmente eficaces para el noble fin que se les atribuye. Y esto no por benevolencia, sino por un imperativo social. A cambio de eso, el Gobierno no tiene derecho a exigir nada ni a reservarse atribuciones de ninguna clase. Tales atribuciones, a¨²n vigentes algunas, s¨®lo sirven para ?tener sujetos por el morro? (as¨ª de claro) a quienes sirven a la justicia. Por estas razones y por otras, la independencia, la imparcialidad y la libertad genuina de los juzgados est¨¢n siempre amenazadas.

3. La unidad de funci¨®n de la Administraci¨®n de justicia. No nos enga?emos. Un modo infalible de debilitar al contrario es sembrar la divisi¨®n en sus filas: divide y vencer¨¢s. La historia reciente de Espa?a ofrece demasiados ejemplos, algunos bastante bochornosos, en lo tocante a la Administraci¨®n de justicia. Actualmente, dentro de los diferentes ¨®rganos del poder judicial hay fisuras de gran calibre que malamente sirven al bien, com¨²n de la sociedad.

La pen¨²ltima intentona del Gobierno para sembrar la discordia dentro de la gran familia judicial la constituye la remisi¨®n al Congreso de los Diputados (27-9-1979) de un nefasto proyecto de ley por el que se independiza el r¨¦gimen retributivo de los funcionarios al servicio del poder judicial. Dicho proyecto es tan disparatado, tan torpe y tan insensato que no hay persona con dos dedos de frente que sea moralmente capaz de justificar tama?a osad¨ªa del ejecutivo. En los pasillos del Congreso la repulsa ha sido airada y total. Diputados de la oposici¨®n nos han patentizado su indignaci¨®n al conocek el proyecto. Y algunos diputados de UCD, avergonzados del engendro, se han cuestionado ya si est¨¢n o no obligados en conciencia a seguir la disciplina de partido, en el caso de que la criatura llegara, tal cual, al Pleno de la C¨¢mara.

Sencillamente es intolerable que, en el ¨²ltimo tercio del siglo XX, un Gobierno sedicente democr¨¢tico elabore un proyecto de ley en el que s¨®lo se incluyen funcionarios con titulaci¨®n universitaria (salvo peque?¨ªsimas excepciones), dejando en la cuneta, sin dar explicaciones, a los oficiales, auxiliares y agentes de la Administraci¨®n de justicia. Este pa¨ªs parece que no se curar¨¢ jam¨¢s del mal de titulitis.

Con ser lamentable la osad¨ªa del poder ejecutivo, lo es m¨¢s todav¨ªa el silencio complaciente de algunos sectores de la propia Administraci¨®n de justicia. Dominados por un avestrucismo suicida, se resisten a sacrificar las propias mejoras, los privilegios y las prebendas, en aras de una justicia fuerte, unida, independiente, sin fisuras; en definitiva: en aras del bien com¨²n.