UCD mantuvo las limitaciones del Gobierno al derecho de asociaci¨®n de jueces y magistrados

Uni¨®n de Centro Democr¨¢tico (UCD) mantuvo con fuerza, frente a la postura contraria de los socialistas y de los restantes grupos parlamentarios de la oposici¨®n, las limitaciones al derecho de libertad de asociaci¨®n profesional de jueces y magistrados, introducidas por el Gobierno en el proyecto de ley org¨¢nica del Consejo General del Poder Judicial, cuyo texto fue aprobado ayer por la Comisi¨®n de Justicia del Congreso de los Diputados.El tema del asociacionismo judicial ha sido uno de los pocos en los que se ha mantenido una radical disparidad entre el partido del Gobierno y el partido mayoritario de la oposici¨®n, tras haber llegado ambos a posiciones consensuadas en la mayor parte del contenido del proyecto de ley org¨¢nica del Consejo del Poder Judicial. El consenso de ambos partidos ha dado como resultado un texto notablemente mejorado respecto del primitivo proyecto del Gobierno y en el que salen reforzadas la independencia, la representatividad y la autonom¨ªa del ¨®rgano de gobierno de la magistratura espa?ola. El voto contrario de UCD a los criterios socialistas sobre el asociacionismo judicial fue aprobado por Coalici¨®n Democr¨¢tica, si bien la posici¨®n originaria de este grupo era todav¨ªa m¨¢s restrictiva que la del partido del Gobierno, puesto que propugnaba un sistema de asociaci¨®n ¨²nica obligatoria para todos los jueces y magistrados.

El texto del Gobierno sobre el asociacionismo judicial, asumido por UCD, reconoce la posibilidad de existencia de varias asociaciones profesionales de jueces y magistrados, pero somete dicha posibilidad al cumplimiento de dos requisitos previos: el car¨¢cter nacional que deben tener las asociaciones que se promuevan y la necesidad de que ¨¦stas cuenten con la adhesi¨®n de, al menos, el 20% de quienes pudieran formar parte de las mismas. Por otra parte, los fiscales quedan excluidos de este tipo de asociaciones.

Para el Grupo Socialista y para los restantes grupos parlamentarios de la oposici¨®n, los requisitos impuestos por UCD impiden, de hecho, la libre asociaci¨®n de los jueces y magistrados, en contra de lo establecido en la Constituci¨®n y en otros textos legales de car¨¢cter internacional suscritos por el Gobierno espa?ol. UCD argument¨®, en defensa de su posici¨®n, que los requisitos impuestos tend¨ªan a impedir tanto el fraccionamiento geogr¨¢fico como profesional de los miembros de la carrera judicial.

Al margen de este tema, en el que no fue posible el acuerdo, el texto aprobado ayer por la Comisi¨®n de Justicia mejora la primitiva posici¨®n del Gobierno sobre el nombramiento del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Seg¨²n el texto aprobado, este cargo no estar¨¢ necesariamente vinculado ¨¢ la carrera judicial, pudiendo ser tambi¨¦n promovidos a dicho puesto juristas de reconocida competencia. Por otra parte, ha quedado claramente establecido, seg¨²n la interpretaci¨®n dada por UCD al texto aprobado, que los miembros del Consejo General del Poder Judicial no podr¨¢n ser promovidos, mientras dure su mandato, para cargos de libre designaci¨®n o en cuya provisi¨®n concurra apreciaci¨®n de m¨¦ritos, incluido el de presidente del Tribunal Supremo. Por otra parte, el cargo de presidente del Tribunal Supremo ser¨¢ incompatible con el de vocal del Consejo General del Poder Judicial.

Otro enfrentamiento entre el partido del Gobierno y los grupos parlamentarios de la oposici¨®n, aunque no de tanta envergadura como el producido sobre el asociacionismo judicial, fue el relativo a las facultades del presidente del Consejo General del Poder Judicial. Seg¨²n los grupos de la oposici¨®n, el texto del proyecto es presidencialista y personalista, hasta el punto de atribuir al presidente facultades que deber¨ªan corresponder al pleno del Consejo General. En este tema, lo mismo que en el del asociacionismo judicial, UCD mantuvo su postura, y sus votos sacaron adelante el texto del proyecto.