Doce "peque?as historias" de un retraso legislativo

?Las leyes de desarrollo constitucional hay que remitirlas al Congreso, a Landelino Lavilla, con los cantos dorados y una letra en cursiva que requiere unas m¨¢quinas especiales. S¨®lo hay dos m¨¢quinas de estas, y como en verano escaseaban tambi¨¦n las secretarias, al acumularse el trabajo optaban por mecanografiar primero las m¨¢s cortitas.? La confidencia del funcionario apunta a uno de los mil problemas que han impedido que el calendario del desarrollo constitucional se cumpla. De mayor calado son las discrepancias internas de UCD, la b¨²squeda del consenso con el PSOE y las resistencias de variado origen a determinadas leyes.Alguna, como la de autonom¨ªa universitaria, que el Gobierno acord¨® remitir al Congreso el 14 de agosto -en el mismo Consejo de Ministros que se aprob¨® la ley org¨¢nica del Consejo de Estado, ya en tr¨¢mite de enmiendas en la C¨¢mara-, sigue sin aparecer en el Parlamento, dos meses y medio despu¨¦s de aquella decisi¨®n. A trav¨¦s de conversaciones con ministros, diputados centristas y de la oposici¨®n, funcionarios y expertos, EL PA?S ha podido reunir un conjunto de datos sobre las vicisitudes de las doce leyes pasadas de plazo, pendientes de llegar al Congreso. Cada proyecto tiene su peque?a historia.

Ley de Regulaci¨®n de la Huelga. Fuentes gubernamentales aseguran que la detenci¨®n de esta ley se debe al compromiso de las centrales sindicales de negociar previamente su regulaci¨®n, y aludieron con iron¨ªa al ?extra?o pacto UGT-CEOE?. En el PSOE desconocen s¨ª dicha negociaci¨®n se ha producido. En todo caso, uno de los diputados responsables del Grupo parlamentario Socialista, F¨¦lix Pons, afirma: ?A nosotros no nos consta la causa del retraso. ?

Hubo un primer anteproyecto conocido en mayo de este a?o, que se consult¨® a la CEOE y fue finalmente rechazado por el Gobierno por demasiado intervencionista. Una segunda redacci¨®n, en la que particip¨® Juan Antonio Sagardoy, fue estimada menos restrictiva. Pero, consultada la CEOE, tampoco pas¨®.

Ley de Autonomia Universitaria. Objeto de fuertes discrepancias en el seno del Consejo de Ministros, aun despu¨¦s del acuerdo de remisi¨®n al Congreso, el 14 de agosto, que no se ha materializado. Los sectores cat¨®licos del Gobierno -democratacristianos y Opus, pero sobre todo este ¨²ltimo- encajaron con grandes prevenciones las dificultades que el proyecto establec¨ªa para las universidades privadas. No s¨®lo para su creaci¨®n, sino tambi¨¦n para la homologaci¨®n de los t¨ªtulos expedidos por ellas. Adem¨¢s, la ley Gonz¨¢lez Seara cortar¨ªa el grifo de la financiaci¨®n, que habr¨ªan de obtenerla a base de tasas acad¨¦micas o aportaciones de fundaciones u otras instituciones, sin que les llegara una peseta de los Presupuestos del Estado.

Tambi¨¦n, sectores cad¨¦micos recibieron con recelos la ley, en la que la tradicional autoridad del rector ceder¨ªa ante el ¨®rgano de gesti¨®n de la universidad, al tiempo que se potenciar¨ªa la figura del gerente. Otro frente de conflicto fue el de las comunidades aut¨®nomas, m¨¢s celosas de sus competencias que de la aplicaci¨®n de la autonom¨ªa a la universidad. Las universidades tender¨ªan a ser aut¨®nomas no s¨®lo del poder pol¨ªtico central, sino tambi¨¦n de los poderes pol¨ªticos perif¨¦ricos.

El exagerado detallismo, impropio de una ley de desarrollo constitucional, y ciertas deficiencias t¨¦cnicas sirvieron al ministro de la Presidencia, Jos¨¦ Pedro P¨¦rez Llorca, como percha para iniciar una labor de poda que acallara las protestas cat¨®licas. Los problemas con las autonom¨ªas aconsejaron tambi¨¦n demorar su publicaci¨®n hasta despu¨¦s de la aprobaci¨®n de los estatutos vasco y catal¨¢n.

Los socialistas, que dijeron no haber adoptado ning¨²n acuerdo sobre esta ley, no parecen disconformes en principio con la regulaci¨®n proyectada.

Ley del Gobierno y de la Administraci¨®n Central del Estado. Inicialmente faltaba en su denominaci¨®n la alusi¨®n al Gobierno. El Consejo de Ministros acord¨® su remisi¨®n al Congreso el 29 de septiembre, pero el texto definitivo continuaba hace unos d¨ªas ?en ejecuci¨®n? en el Ministerio de la Presidencia. El proyecto consagra la deslegalizaci¨®n de la reforma administrativa, es decir, la posibilidad de que el Gobierno modifique sU propia estructura y la de la Administraci¨®n, sin necesidad de hacerlo por ley votada en Cortes. Al parecer, el PSOE est¨¢ de acuerdo con esta medida, ya que esta libertad de movimientos entiende que es buena para cualquier Gobierno, sea del signo que sea, y siempre que no se salga de un presupuesto aprobado por el Parlamento.

Sin embargo, fuentes del Grupo parlamentario Socialista del Congreso no quisieron confirmar que hubiera pacto o acuerdo sobre esta ley. En cambio, manifestaron que un borrador conocido por los socialistas inclu¨ªa la figura de los ?decretos de Presidencia?, disposiciones que no necesitar¨ªan pasar por el Consejo de Ministros y que dar¨ªan gran poder al presidente del Gobierno. Se tratar¨ªa de una especie de superdecretos. La opini¨®n socialista era contraria a esta figura at¨ªpica que, por otra parte, no se ha confirmado que vaya a figurar en el proyecto de ley definitivo.

C¨®digo Penal. El Consejo de Ministros acord¨®, el 21 de septiembre, remitir esta ley al Congreso, pero, asimismo, decidi¨® numerosas modificaciones, que los servicios t¨¦cnicos han venido realizando en las ¨²ltimas semanas y est¨¢n ya a punto, pero no concluidas.

Ley de Protecci¨®n P¨²blica a la Vivienda. Aunque el Consejo de Ministros del 11 de octubre acord¨® ya su remisi¨®n al Congreso, continuaba elabor¨¢ndose recientemente. El texto inicial conocido suscit¨® la oposici¨®n de la Asociaci¨®n Nacional de Constructores, por estimarlo anticonstitucional. Seg¨²n la citada Asociaci¨®n, el proyecto de ley deber¨ªa revisarse, ya que, entre otros aspectos, olvida la distribuci¨®n de competencias entre la Administraci¨®n central y las comunidades aut¨®nomas.

Ley sobre las diversas modalidades del refer¨¦ndum. Aunque no se han producido conversaciones formales con el PSOE, parec¨ªa existir cierto consenso sobre esta ley. En principio, los dos primeros partidos parlamentarios estuvieron de acuerdo en la conveniencia pol¨ªtica de retrasar esta ley hasta despu¨¦s del 25 de octubre, fecha de los referendos vasco y catal¨¢n. El Consejo de Ministros del viernes pasado decidi¨® remitirla al Congreso, pero todav¨ªa tardar¨¢ en llegar.

Ley org¨¢nica del Poder Judicial. Esta fue la otra ley del paquete de desarrollo constitucional aprobada el pasado viernes por el Gobierno, con la que se agota la llamada ?aceleraci¨®n? del calendario. Contin¨²a pendiente de remisi¨®n al Congreso. Se trata de una ley extensa, con m¨¢s de ochocientos art¨ªculos, cuya elaboraci¨®n ha sido compleja. El Gobierno se ha esforzado -en expresi¨®n de un ministro- en pacificar con el PSOE esta ley, aunque fuentes de este partido han negado que se hayan producido consultas formales, sin negar contactos sobre ?fragmentos? del proyecto.

Ley de R¨¦gimen Local. El retraso en el env¨ªo al Parlamento de esta ley -la Secretar¨ªa de Estado para el Desarrollo Constitucional viene informando que contin¨²a ?en elaboraci¨®n?- preocupa especialmente a la izquierda. El pacto municipal PSOE-PCE se va a trasladar al ¨¢mbito parlamentario durante la tramitaci¨®n de esta ley. En este tema, el Gobierno no ha establecido negociaci¨®n ni siquiera con el PSOE. El secretario de pol¨ªtica municipal de la ejecutiva socialista, Luis Fajardo, neg¨® tajantemente a EL PA?S que se hubiera producido ?ning¨²n acuerdo? con UCD en esta materia.

Ley de Protecci¨®n a la Familia. Estudiada varias veces por el Consejo de Ministros, que todav¨ªa no ha tomado una decisi¨®n definitiva, subsisten problemas entre el Ministerio de la Presidencia y el de Cultura. Algunas filtraciones de un borrador procedente de Cultura han sido calificadas en Presidencia como ?falsas, prematuras o, en todo caso, poco viables?. Recientemente, el ministro Manuel Clavero aludi¨® a las repercusiones fiscales que la ley lleva consigo, y en las que residen algunas de las dificultades del proyecto.

Ley del Divorcio. ?ltima de las leyes previstas para octubre, parece asegurado su retraso, como m¨ªnimo, hasta finales de noviembre. Tanto UCD como PSOE niegan la existencia de pacto sobre esta ley, si bien los datos conocidos como consecuencia de la actitud ?dialogante? del secretario de Estado para el Desarrollo Constitucional parecen en principio ?razonables? a los socialistas. El problema viene a esta ley por el ala Opus de UCD. En opini¨®n de un ministro calificable de moderadamente progresista, en este tema, la democracia cristiana se ha portado muy bien, y el Opus, mal. Fuentes del Ministerio de Justicia aseguraron, por otra parte, que las conversaciones mantenidas en Roma por I?igo Cavero con monse?or Casaroli y otros altos dignatarios de la Secretar¨ªa de Estado del Vaticano en nada va a afectar a la regulaci¨®n del divorcio, reivindicada por el ministro de Justicia como competencia civil. El Gobierno insiste en que la ley se atiene estrictamente a lo previsto en el programa de UCD, pero el Opus parece dispuesto a ?remover Roma con Toledo? -se asegura que las presiones pasan por el cardenal primado, Marcelo Gonz¨¢lez, y llegan a la propia curia- para evitar que prospere la ley Cavero, que consagra el divorcio ralentizado, pero divorcio.

Las razones del retraso que se dan tanto en Presidencia como en Justicia son de car¨¢cter t¨¦cnico y jur¨ªdico. La redacci¨®n de determinados aspectos conflictivos ha quedado al cuidado del ex presidente de las Cortes y presidente de la Comisi¨®n General de Codificaci¨®n, Antonio Hern¨¢ndez Gil, autor de la f¨®rmula incorporada a la Constituci¨®n en su art¨ªculo 32. La ¨²ltima novedad es que el divorcio se incluir¨¢ en una ley que regular¨¢ las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los c¨®nyuges, las causas de separaci¨®n y disoluci¨®n y sus efectos.

Otras leyes pendientes de remisi¨®n al Congreso son la org¨¢nica del Tribunal de Cuentas -que, seg¨²n fuentes socialistas, ha creado tensiones entre el citado Tribunal y UCD- y el Estatuto del Ministerio Fiscal, ?de la que ni siquiera se habla?, seg¨²n las mismas fuentes.