La Gerencia de Urbanismo quiere evitar especulaciones con suelo industrial

Los responsables de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid est¨¢n dispuestos a mantener las zonas industriales incrustadas en la trama urbana, a pesar de que una buena parte de ellas -las situadas junto a la M-30 y la autopista de Andaluc¨ªa- se encuentran en terrenos que, con posterioridad a la construcci¨®n de las industrias, fueron calificados como residenciales. El inter¨¦s de la Gerencia se basa en que, si una determinada industria puede construir torres de pisos en el terreno en que se encuentra la f¨¢brica, ello puede constituir un incentivo m¨¢s -que se pretende cortar- para que esa industria suspenda pagos -con su carga de paro y despilfarro- y se dedique a una nueva actividad: la promoci¨®n inmobiliaria.

El Plan General de Ordenaci¨®n Urbana de Madrid de 1963 previ¨®, dentro de la trama de la ciudad, la existencia de una serie de zonas industriales que, dada su escasa o nula contaminaci¨®n y su m¨ªnima incidencia negativa sobre los n¨²cleos residenciales que las rodeaban, pod¨ªan convivir con las torres de pisos, a pesar de la pol¨ªtica urban¨ªstica existente por aquel entonces, que consist¨ªa en desplazar al exterior de la ciudad toda clase de industrias, fueran del tipo que fueran.La industria limpia y que no presentaba problemas a la ciudad se fue instalando en esas zonas previstas por el Plan General y todo se desarroll¨® de acuerdo con lo previsto en el planeamiento urban¨ªstico. Sin embargo, la previsi¨®n se vio rota en el momento en que se plante¨®, por parte de los responsables urban¨ªsticos de esta ciudad, la necesidad de desarrollo de la Red Arterial de Madrid, sobre todo en lo referente a la autopista urbana hoy conocida con el nombre de M-30.

La construcci¨®n de esa autopista necesitaba que los terrenos por los que hab¨ªa de discurrir recibieran una nueva calificaci¨®n urban¨ªstica y se concretara exactamente su trazado. De conseguir esos dos objetivos se encargaron dos planes especiales: el de la avenida de La Paz -desde el puente de los Tres Ojos hasta el enlace con la carretera de Burgos- y el del Manzanares-autopista del Sur -desde el nudo Sur, a¨²n no construido, hasta el puente de los Franceses.

Ambos planes especiales se convirtieron en una norma urban¨ªstica que modific¨® el Plan General en lo referente a todo el trazado de la autopista urbana que hoy est¨¢ constituida por la M-30. Pero la recalificaci¨®n de los terrenos que efectuaron ambos planes especiales no se limit¨® exclusivamente al suelo ocupado por la autopista, sino que se extendi¨® a su zona de influencia directa. Esa zona no era ni m¨¢s ni menos que una parte muy importante de las zonas industriales -de industria limpia- previstas en el Plan General y realizadas en su mayor parte, adem¨¢s de otras residenciales.

El cambio de la calificaci¨®n de esos terrenos, hasta ahora industriales, fue para convertirlos en residenciales. Es decir, a partir de la entrada en vigor de los dos planes especiales citados, 245 industrias instaladas en esas zonas se encuentran, total o parcialmente, fuera de ordenaci¨®n, esto es, en terrenos calificados como residenciales. Y en esas industrias afectadas por el cambio de ordenaci¨®n existen algo m¨¢s de 53.000 puestos de trabajo.

Posibilidad de especulaci¨®n

Hasta aqu¨ª, la historia de la recalificaci¨®n urban¨ªstica de unos terrenos, hecho no demasiado extra?o en el devenir del urbanismo espa?ol de los ¨²ltimos a?os. Pero la crisis econ¨®mica por la que atraviesa el mundo occidental, y en especial Espa?a, ha hecho que esa reclasificaci¨®n urban¨ªstica pueda convertirse -aunque el planificador no tuviera ese deseo- en un incentivo de especulaci¨®n urban¨ªstica para las empresas con dificultades econ¨®micas, reales o ficticias.Al convertirse un terreno industrial en residencial -aunque, de momento, s¨®lo lo sea en los planos-, las plusval¨ªas que ese terreno producen de forma autom¨¢tica pueden suponer un incentivo para que una determinada empresa, bien asentada, con su cartera de pedidos en condiciones, sin contaminar y perfectamente integrada en la trama urbana, sienta deseos de dejar ese suelo libre y realizar un activo que puede suponerle una inyecci¨®n econ¨®mica muy necesaria en estos tiempos de crisis.

Para realizar ese activo, sin embargo, ser¨ªa necesario que la industria en cuesti¨®n se trasladara de ubicaci¨®n o que desapareciera. Si la industria se traslada, lo m¨¢s l¨®gico es que la empresa adquiera nueva mano de obra en el lugar al que se haya trasladado. Si desaparece, de por medio saldr¨¢ la temida figura de la suspensi¨®n de pagos o la quiebra. En ambos casos, la consecuencia directa de la posibilidad de realizaci¨®n de ese activo que ofrece el suelo sobre el que se asienta f¨ªsicamente la industria ser¨ªa el paro de los obreros que en ella trabajan.

Todo esto no quiere decir que exista una correlaci¨®n directa entre el cambio de planeamiento y las suspensiones de pagos habidas en las industrias madrile?as en los ¨²ltimos a?os. Pero s¨ª indica el peligro evidente de que un af¨¢n de lucro por parte de las industrias ubicadas en esas zonas les haga obviar los problemas de paro y despilfarro econ¨®mico -destrucci¨®n de edificios todav¨ªa en perfectas posibilidades de utilizaci¨®n- rese?ados. Y ese peligro es el que los responsables de la Gerencia Municipal de Urbanismo consideran puede ser un incentivador indirecto de las suspensiones de pagos de las industrias madrile?as, aparte, claro est¨¢, de la crisis econ¨®mica por la que puedan atravesar.

Suspensi¨®n del planeamiento

La Gerencia Municipal de Urbanismo cree que lo que hay que hacer es evitar ese incentivo. Para ello hay que suspender el plancamiento derivado de los planes especiales de la avenida de La Paz y del Manzanares-autopista del Sur. Pero para suspender el planeamiento vigente el ¨²nico organismo competente es el Consejo de Ministros.El Ayuntamiento ha de proponerle al Gobierno que adopte tal decisi¨®n. Pero para ello ha de estudiar concienzudamente el tema.

En ese estudio estamos: ayer por la tarde se celebr¨®, convocada por la propia Gerencia, una mesa de trabajo en la que intervinieron, aparte de los entes puramente municipales, representaciones de los empresarios de las zonas industriales afectadas y de las centrales sindicales que pretenden evitar el peligro de paro. De esa reuni¨®n de trabajo es de suponer que se informe hoy por la ma?ana, en el curso de la rueda de prensa que ha sido convocada en el Ayuntamiento.

En el caso de que los trabajos ahora iniciados den como resultado que el Ayuntamiento solicite formalmente la suspensi¨®n del planeamiento de las zonas industriales madrile?as -o, por lo menos, de las zonas en las que ha sido modificado- ser¨ªa necesaria la sustituci¨®n temporal de ese planeamiento suspendido -hasta que fuera aprobado el nuevo- por unas normas subsidiarias. Esas normas ya existen en la ordenaci¨®n urban¨ªstica madrile?a y se llaman Ordenanzas municipales 6, 7, 8 y 9, todas ellas referidas a la industria que se puede instalar legalmente en la ciudad.

Posturas pol¨ªticas

En enero de 1978, la revista Cuadernos para el Di¨¢logo publicaba, bajo la firma de Paulino Oteiza, un reportaje acerca de la posibilidad de especulaci¨®n del suelo que ofrec¨ªa la nueva calificaci¨®n de los terrenos industriales madrile?os. En ese reportaje se daba cuenta de la existencia de una cuenta corriente, abierta en el Banco Espa?ol de Cr¨¦dito, a nombre de pol¨ªgono 51 -uno de los afectados por la recalificaci¨®n urban¨ªstica- y suscrita por siete empresas ubicadas en esa zona: Isodel, Torras, Cepa, Zardoya, Schering, Flex y Explosivos R¨ªo Tinto. Paulino Oteiza se preguntaba si esa cuenta no podr¨ªa esconder una operaci¨®n global de venta de terrenos o la creaci¨®n de una inmobiliaria dedicada a la explotaci¨®n de la zona como conjunto residencial. Tal informaci¨®n y la cuesti¨®n presentada por el reportero nunca fueron desmentidas ni puntualizadas en ning¨²n sentido.Hoy, nada se sabe de la existencia de esa cuenta corriente en Banesto. Lo que s¨ª se conoce es la postura pol¨ªtica de los partidos de la izquierda, que gobiernan el Ayuntamiento: parar el planeamiento hasta que exista la absoluta certeza de que ¨¦ste no puede provocar una suspensi¨®n de pagos en cadena y, por ende, un aumento del paro en esta ciudad.

En medio de las dos posturas, una realidad: el simple planteamiento defendido por la Gerencia Municipal de Urbanismo supone, de por s¨ª, un cambio en la pol¨ªtica urban¨ªstica que ha regido en esta ciudad durante a?os. Si el Ayuntamiento llegara a plantearle al Ministerio de Obras P¨²blicas y Urbanismo, a trav¨¦s de Coplaco, la suspensi¨®n del planeamiento, tal proceso administrativo se convertir¨ªa, directamente, en un reto de la Administraci¨®n local a la central o, lo que es lo mismo, de la izquierda a la UCD.