Aprobada la ley del Consejo General del Poder Judicial

(Viene de primera p¨¢gina)

La divisi¨®n de la izquierda qued¨® de manifiesto en las intervenciones del socialista Gregorio Peces-Barba y del comunista Josep Sol¨¦ Barber¨¢, con r¨¦plica final del primero en defensa de que el PCE no es la ¨²nica izquierda. El se?or Peces-Barba asegur¨® que todas las pretensiones socialistas, excepto la relativa al derecho de asociaci¨®n de jueces y magistrados, hab¨ªan quedado satisfechas en la ley. Critic¨® la interpretaci¨®n peque?a hecha por el PNV, as¨ª como el deseo de los comunistas por mostrar que su grupo parlamentario est¨¢ aislado y es la ¨²nica izquierda.

El se?or Sol¨¦ Barber¨¢ record¨® las casi cincuenta enmiendas de su grupo rechazadas y explic¨® que la actitud comunista responde a un planteamiento muy serio. Manifest¨® su sentimiento por haber tenido que votar en contra, en cumplimiento del deber de ?decir que no a lo que no nos gusta, sin que nos aparten de ello ni las amenazas ni las coacciones?.

Por su parte, Jos¨¦ Mar¨ªa Gil-Albert, por UCD, explic¨® que su grupo hab¨ªa votado con entusiasmo a favor del proyecto de ley porque entend¨ªa que desarrollaba fiel y coherentemente los principios contenidos en la Constituci¨®n en torno a la configuraci¨®n del poder judicial. Neg¨® que el proyecto de ley aprobado mermase las competencias auton¨®micas en materia de justicia y manifest¨® no comprender el recelo manifestado al respecto por el grupo del Partido Nacionalista Vasco.

El Grupo Comunista, el m¨¢s constante en la defensa de sus enmiendas, no logr¨® que prosperase ninguna de ellas como consecuencia de la defensa conjunta de centristas y socialistas del texto del proyecto de ley elaborado por la ponencia. Los socialistas s¨®lo plantearon batalla, enfrent¨¢ndose con fuerza al Grupo parlamentario de UCD en el tema del asociacionismo judicial regulado en la disposici¨®n adicional segunda del proyecto de ley.

En este punto, el Grupo Socialista, a trav¨¦s del diputado Joaqu¨ªn Navarro, mantuvo la tesis de que la posici¨®n centrista obstaculizaba grandemente la democratizaci¨®n del poder judicial. El texto del proyecto de ley, que logr¨® salir adelante por la escasa mayor¨ªa de nueve votos (141 diputados votaron s¨ª y 132 en contra) admite la libertad de asociaci¨®n profesional de jueces y magistrados, pero establece dos requisitos para el ejercicio de este derecho: que las asociaciones de jueces y magistrados que pretendan constituirse sean de ¨¢mbito nacional Y que las mismas cuenten con la adhesi¨®n de, al menos, el 20% de quienes pudieran formar parte de las mismas.

Seg¨²n los socialistas, las limitaciones impuestas por el partido del Gobierno conducen, de hecho, a que solamente pueda constituirse una asociaci¨®n ¨²nica de jueces y magistrados. Por otra parte, los socialistas mantuvieron que esta unidad asociativa impuesta por la ley no tiene en cuenta la realidad social, por lo que ser¨¢, con toda seguridad. germen de enfrentamiento y de atomizaci¨®n de los profesionales de la justicia. Refiri¨¦ndose al porcentaje del 20% necesario para constituir una asociaci¨®n judicial, el diputado Joaqu¨ªn Navarro lo calific¨® de bald¨®n ignominioso para la carrera judicial, producto del recelo del Gobierno y de UCD ante el grupo de Justicia Democr¨¢tica, sector que luch¨® en la ¨¦poca del franquismo por la democratizaci¨®n de la justicia y por la consecuci¨®n de un estado de derecho. El se?or Navarro inform¨® al Pleno que un representante del sector reaccionario de la justicia hab¨ªa manifestado a algunos diputados centristas lo siguiente: ?No me rebaj¨¦is ni en una sola d¨¦cima ese porcentaje del 20%.?

Contra la regulaci¨®n de UCD al asociacionismo judicial, tambi¨¦n propusieron enmiendas los restantes grupos de izquierda, los nacionalistas catalanes y Coalici¨®n Democr¨¢tica. Los comunistas, aparte de propugnar como los socialistas el reconocimiento pleno para jueces y magistrados del derecho de asociaci¨®n profesional, mantuvieron la necesidad de que los fiscales no fueran excluidos de las asociaciones de jueces y magistrados.

El diputado comunista Josep Sol¨¦ Barber¨¢, tras reconocer p¨²blicamente la aportaci¨®n del ministerio fiscal en los a?os del franquismo al advenimiento de la democracia, calific¨® de exclusi¨®n innecesaria e injusta la que establece el proyecto de ley respecto al derecho de los fiscales a asociarse conjuntamente con jueces y magistrados. Los nacionalistas catalanes, a trav¨¦s de la Minor¨ªa Catalana, hicieron hincapi¨¦ en el car¨¢cter nacional que se exige a las asociaciones judiciales que pretendan constituirse. El diputado Roca Juny¨¦n record¨® que esta limitaci¨®n legal choca en este momento con los hechos, pues en algunas zonas, y concretamente en Catalu?a, existen ya asociaciones de ¨¢mbito regional, tal la Asociaci¨®n de Funcionarios de la Administraci¨®n de Justicia de Catalu?a.

En el polo opuesto de las enmiendas presentadas por los grupos de izquierda y nacionalistas, Coalici¨®n Democr¨¢tica defendi¨® una enmienda contraria al texto del proyecto de ley, por la que se propugnaba una asociaci¨®n ¨²nica de jueces y magistrados. UCD, a trav¨¦s del diputado se?or Moscoso, mantuvo su posici¨®n y respondi¨® a los argumentos contenidos en las distintas enmiendas presentadas. Respecto a la exclusi¨®n de los fiscales de las asociaciones de jueces y magistrados, argument¨® que el derecho de asociaci¨®n de los primeros deber¨¢ ser contemplado en el estatuto del ministerio fiscal, ya pr¨®ximo a ser remitido por el Gobierno al Congreso. Respecto a la acusaci¨®n de que UCD limita el derecho de asociaci¨®n profesional de jueces y magistrados, el se?or Moscoso manifest¨® que no hab¨ªa tal limitaci¨®n al derecho de asociaci¨®n, ya que lo ¨²nico que su grupo pretend¨ªa con los requisitos establecidos era el evitar la atomizaci¨®n y el fraccionamiento de los miembros de la carrera judicial. Las enmiendas de la izquierda y de los grupos nacionalistas fueron rechazadas por los votos en contra de UCD, mientras que la de Coalici¨®n Democr¨¢tica no s¨®lo tuvo en contra los votos del partido del Gobierno, sino tambi¨¦n los de los restantes grupos parlamentarios.

S¨®lo admitida una enmienda

Con anterioridad al debate planteado sobre el asociacionismo judicial, que se prolong¨® durante dos horas en la sesi¨®n de la tarde, el Pleno acept¨® en la sesi¨®n de la ma?ana una enmienda socialista por la que se limitan algunas de las funciones atribuidas al presidente del Consejo General. Esta ha sido la ¨²nica enmienda admitida y que modifica m¨ªnimamente un texto pactado previamente casi en su totalidad entre el partido del Gobierno y el grupo mayoritario de la oposici¨®n.

Contra este pacto UCD-PSOE siguieron estrell¨¢ndose las enmiendas comunistas, contra las que votaron no solo los diputados centristas, sino tambi¨¦n los socialistas, tras haber abandonado ¨¦stos la postura abstencionista mantenida en la sesi¨®n del d¨ªa anterior.

Los comunistas insistieron, a trav¨¦s de algunas de sus enmiendas, en que el proyecto de ley no mantiene una situaci¨®n de igualdad entre los vocales del Consejo General de procedencia judicial y los de procedencia parlamentaria, a los que se niega funciones directivas en el seno del Consejo General y sus ¨®rganos de apoyo. Los socialistas, que asumieron en varias ocasiones la tarea de oponerse a las enmiendas comunistas, replicaron que el objetivo de su grupo siempre fue el de reforzar el principio de representatividad frente al jer¨¢rquico en el ¨®rgano de gobierno del poder judicial. As¨ª, precis¨® el diputado socialista Joaqu¨ªn Navarro, el Grupo Socialista ha conseguido aumentar las competencias del Pleno del Consejo General, hasta el extremo de que el texto conseguido consagra la hegemon¨ªa democr¨¢tica de este ¨®rgano sobre la Comisi¨®n Permanente y sobre las facultades el presidente.

Otro tema en el que no hubo coincidencia entre comunistas y socialistas fue el relativo al ¨®rgano t¨¦cnico denominado ?servicios de personal, gesti¨®n e inspecci¨®n? y a las competencias y funciones del secretario general del Consejo del Poder Judicial. El Grupo Comunista pretend¨ªa la desaparici¨®n de la inspecci¨®n, as¨ª como la reducci¨®n de las competencias del secretarlo general, ya que no forma parte del Consejo General del Poder Judicial. En nombre de los socialistas, el diputado Joaqu¨ªn Navarro manifest¨® que su grupo estaba de acuerdo, en principio, con suprimir un ¨®rgano que hab¨ªa tenido actuaciones sombr¨ªas en el pasado, pero que, visto el texto constitucional, era imposible obviar la funci¨®n inspectora sobre los juzgados y tribunales. Manifest¨® que la f¨®rmula que se hab¨ªa encontrado era la de que este ¨®rgano estuviese sometido al Consejo General.

Otra de las cuestiones planteadas por los comunistas, en la que se encubr¨ªa una determinada concepci¨®n pol¨ªtica del Estado, fue la relativa a la necesidad de constituir en el ¨¢mbito de los entes auton¨®micos consejos territoriales del poder judicial, como ¨®rganos de gobierno de la magistratura en el ¨¢mbito auton¨®mico. Este tema, que no aparece en ninguno de los art¨ªculos del proyecto de ley, fue planteado por el Grupo Comunista a trav¨¦s de una enmienda por la que se pretend¨ªa a?adir al proyecto de ley un nuevo t¨ªtulo bajo la r¨²brica ?de los consejos territoriales del poder judicial?. Seg¨²n los comunistas, la estructura auton¨®mica del gobierno del poder judicial responde al estado de autonom¨ªas reconocido en la Constituci¨®n.