La historia completa y cient¨ªfica del franquismo tardar¨¢ en escribirse por lo menos treinta a?os

La historia completa del franquismo, esa historia cient¨ªfica y rigurosa entresacada de los documentos producidos por el propio sistema, tardar¨¢ en escribirse, en el mejor de los casos, treinta a?os si, efectivamente, se aprueba en el Parlamento una ley de archivos cuyo anteproyecto ya ha redactado la correspondiente direcci¨®n general del Ministerio de Cultura. Pero tambi¨¦n cabe la posibilidad de que esa historia nunca llegue a escribirse si no se corta a tiempo el galopante deterioro o la desaparici¨®n y depredaci¨®n sistem¨¢tica de los documentos del franquismo.

Hace ahora a?o y medio, el Ministerio del Interior se plante¨® la posibilidad de destruir, los archivos pol¨ªticos de la Direcci¨®n General de Seguridad y del Servicio de Informaci¨®n de la Guardia Civil, en los que se encontraban valios¨ªsimos datos sobre las actuaciones policiales y otros sobre personas de la oposici¨®n al per¨ªodo franquista. La Asociaci¨®n de Archiveros y Bibliotecarios puso en conocimiento de la opini¨®n p¨²blica este proyecto e inmediatamente surgieron las protestas, interpelaciones parlamentarias al ministro del Interior y conversaciones para que no se tornara esta medida. Hoy, aquellos ocho millones de expedientes que, en parte o en su totalidad se quer¨ªan destruir, seencuentran en la sede del Archivo General de la Administraci¨®n, en Alcal¨¢ de Henares. ?El Ministerio de Cultura?, dice de este asunto el actual subdirector general de Archivos, Jos¨¦ Manuel Mata, ?consigui¨®, en negociaciones y reglamentaciones conjuntas con el Ministerio del Interior, primero, que no se destruyera ning¨²n documento y, segundo, su declaraci¨®n de inutilidad administrativa a todos los efectos, por lo que se puede decir que han pasado a ser documentos hist¨®ricos. En estos momentos, se est¨¢ procediendo a su clasificaci¨®n, tarea en la que, dados los escasos medios de personal y t¨¦cnicos con que contamos, nos ocupar¨¢ muchos a?os. La clasificaci¨®n de es tos documentos es obvia, porque muchos de ellos afectan a la intimidad de personas que todav¨ªa viven y que tienen cargos de relevancia en la vida p¨²blica.?

Otra muestra anterior de este pillaje lo constituyen los intentos de eliminaci¨®n o desaparici¨®n, se puede suponer que voluntaria, de una valiosa documentaci¨®n del Ministerio de Asuntos Exteriores, concretamente del tiempo de la posguerra, en que ocupaba esta cartera Serrano S¨²?er, hecho denunciado recientemente por el historiador Angel Vi?as. Tampoco se ha explicado satisfactoria mente la denuncia de[ historiador Abell¨¢n sobre la desaparici¨®n, hace dos a?os, de varios miles de expedientes de la censura del antiguo Ministerio de Informaci¨®n y Turismo.

Los propios responsables de la Administraci¨®n son conscientes de que se necesita, por otra parte, m¨¢s que nunca, la acci¨®n conjunta de organismos p¨²blicos, privados y de la acci¨®n ciudadana para tratar de conservar el patrimonio archiv¨ªstico del franquismo. Una muestra, al menos en un nivel te¨®rico de concienciaci¨®n de este problema, ha sido el reciente Coloquio sobre los archivos para la historia del siglo XX, que se ha celebrado, en el transcurso de esta semana en Madrid. As¨ª lo ha concebido su entidad organizadora, la Direcci¨®n General del Patrimonio, Archivos y Museos.

?Hemos promovido estos coloquios?, explica el director general, Javier Tusell, ?para que los historiadores, especialistas y, en general, la opini¨®n p¨²blica tomen conciencia de un tema de enormes consecuencias pol¨ªticas y sociales sobre el que pr¨®ximamente va a aparecer una nueva legislaci¨®n. Sabemos que, dentro de los temas hist¨®ricos o de archiv¨ªstica, ¨¦ste es, quiz¨¢, el tema m¨¢s dif¨ªcil y pol¨¦mico, que plantea muchos problemas por afectar precisamente a nuestra propia contemporaneidad. Pero es necesario comenzar ya a clarificarse sobre el mismo. Por otra parte, hemos querido dar a este coloquio especial relevancia para que la gente tome conciencia de la necesidad de recoger y conservar toda la producci¨®n documental de este per¨ªodo.?

Hasta hace muy poco, los historiadores o ciudadanos interesados por la investigaci¨®n hist¨®rica o en la simple consulta de datos relacionados con la historia de Espa?a, s¨®lo pod¨ªan acceder a la mayor parte de los archivos estatales y privados si lograban obtener un permiso especial de determinadas autoridades, o por la amistad que les uniera a los funcionarios, aunque en diversos medios se admite que muchas de las investigaciones han sido posibles gracias al sentido de liberalidad de la mayor parte de los funcionarios espa?oles de archivos, porque no exist¨ªa ninguna legislaci¨®n que permitiera el acceso a la consulta directa. El archivo, desde siempre, se ha considerado como algo secreto.

Nuevos tiempos democr¨¢ticos

Ahora corren otros tiempos. El nuevo Estado democr¨¢tico anuncia desde la ley fundamental que ordenar¨¢ las relaciones ciudadanas (art¨ªculo 105 b) de la Constituci¨®n), que los ciudadanos tienen derecho a acceder a los archivos y registros administrativos, ?salvo en lo que afecte a la seguridad del Estado, a la averiguaci¨®n de los delitos y la intimidad de las personas?.

?Una cuesti¨®n fundamental en relaci¨®n con la documentaci¨®n de muchas de las instituciones del pasado r¨¦gimen?, a?ade el subdirector general de Archivos, ?es la de los plazos de consultabilidad. El anteproyecto de ley contempla el de treinta a?os con car¨¢cter general, que es el plazo medio que existe en legislaciones de la mayor parte de los pa¨ªses europeos. En Estados Unidos, el plazo es d¨¦ veinticinco a?os. Seg¨²n el proyecto de ley espa?ola, existir¨ªa tambi¨¦n un plazo de cien a?os para la documentaci¨®n que afecta a la intimidad, y en estos casos la consulta deber¨ªa hacerse siempre, al menos, treinta anos despu¨¦s de la muerte de las personas. No obstante, es el Parlamento quien debe dar la ¨²ltima palabra sobre el tema de los plazos.?

En relaci¨®n con la consultabilidad de los documentos del franquismo hay historiadores, como el citado profesor Vi?as, que defienden que por la especial significaci¨®n de este per¨ªodo para la construcci¨®n de la actual democracia espa?ola, se tendr¨ªan que abrir al p¨²blico los archivos espa?oles incluso hasta 1970. Otros historiadores, como el militar Ram¨®n Salas Larraz¨¢bal, creen, por el contrario, que la apertura de los archivos del anterior r¨¦gimen s¨®lo servir¨ªa para cultivar la ?autodifamaci¨®n nacional?.

Pero este ?cerrojazo? que propone Salas Larraz¨¢bal, que se acent¨²a casi hasta la desesperaci¨®n del investigador cuando se trata de consultar los archivos militares, no se corresponde con las corrientes actuales que proclaman el derecho y la pr¨¢ctica de una transparencia informativa de todos los sucesos que de alguna manera afectan a la sociedad contempor¨¢nea. T¨¦ngase en cuenta por un momento que gracias a este nuevo entendimiento del derecho de acceso a la documentaci¨®n p¨²blica se han podido conocer detalles, a trav¨¦s de publicaciones peri¨®dicas y no peri¨®dicas, del apoyo del r¨¦gimen de Franco a las potencias del Eje o de las finanzas del Vaticano, una vez que los documentos sobre estos temas han sido desclasificados.

Otro problema muy en conexi¨®n con el acceso a los documentos oficiales de la Administraci¨®n es el de quien determina su comunicabilidad, es decir, qu¨¦ organismo, organismos, persona o personas, determinan cu¨¢les son los documentos que afectan a la seguridad y defensa del Estado, y al resto de limitaciones de comunicabilidad que establece la Constituci¨®n.