UCD impone la "moral p¨²blica" como l¨ªmite penal de los derechos de reuni¨®n, manifestaci¨®n y asociaci¨®n

A pesar de la cerrada oposici¨®n de los grupos parlamentarios de izquierda, Uni¨®n de Centro Democr¨¢tico (UCD) logr¨® ayer por la fuerza de sus votos imponer el concepto indefinido de moral p¨²blica como uno de los l¨ªmites penales que, de no respetarse, pueden hacer delictivo el ejercicio de los derechos de reuni¨®n, manifestaci¨®n y asociaci¨®n reconocidos en la Constituci¨®n. La postura del partido del Gobierno se abri¨® paso durante el debate mantenido en la Comisi¨®n de Justicia del Congreso en torno al proyecto de ley de reforma del C¨®digo Penal en materia de delitos relativos a las libertades de expresi¨®n, reuni¨®n y asociaci¨®n.

Las posiciones enfrentadas de UCID y de los grupos de izquierda, principalmente el socialista, se manifestaron tambi¨¦n en la discusi¨®n a la totalidad del proyecto de ley de retribuciones del personal al servicio del poder judicial, y del proyecto que establece el cobro de las multas gubernativas y administrativas por faltas de circulaci¨®n mediante la v¨ªa de apremio judicial. Socialistas y comunistas defendieron sin ¨¦xito la devoluci¨®n al Gobierno de los citados proyectos de ley.La introducci¨®n en el C¨®digo Penal del respeto a la moral p¨²blica como uno de los l¨ªmites al ejercicio de los derechos constitucionales de reuni¨®n, manifestaci¨®n y asociaci¨®n mereci¨® duros calificativos por parte de socialistas y comunistas. Los primeros calificaron el hecho de ?aut¨¦ntica barbaridad ?, por boca del diputado Virgillo Zapatero,y denunciaron la alta raci¨®n de moralina que, a su juicio, conten¨ªa la posici¨®n mantenida por el partido del Gobierno. Gregorio Peces-Barba no dud¨® en calificar la actitud de UCD como inconstitucional, ya que los art¨ªculos de la Constituci¨®n que reconocen los derechos de reuni¨®n, manifestaci¨®n y asociaci¨®n no se refieren para nada al respeto a la moral p¨²blica como l¨ªmite para el ejercicio de dichos derechos. Los comunistas, por boca del diputado Josep Sol¨¦ Barber¨¢, calificaron, por su parte, la posici¨®n de UCD de ?desafortunada?.

En nombre de Uni¨®n de Centro Democr¨¢tico, el diputado Antonio V¨¢zquez Guill¨¦n respondi¨® con fuerza a las denuncias de los grupos de izquierda. Reconoci¨® que el concepto de moral p¨²blica era indeterminado, pero que era precisamente una labor propia de los tribunales determinar sus contornos, de acuerdo con las exigencias de cada momento hist¨®rico. A?adi¨® que su partido aceptaba la existencia de una moral p¨²blica, cuyo concepto no era necesariamente asimilable a las apreciaciones morales que puedan tener ciertos grupos o personas particulares.

Mientras UCD defend¨ªa con ¨¦xito la introducci¨®n en el C¨®digo Penal de un l¨ªmite al derecho de asociaci¨®n, no contemplado expresamente en la Constituci¨®n, los autores y los ponentes del proyecto de ley de reforma del C¨®digo Penal en materia de delitos relativos a la libertad de expresi¨®n, reuni¨®n y asociaci¨®n estuvieron a punto de olvidar la penalizaci¨®n de las asociaciones secretas y las de car¨¢cter paramilitar, prohibidas expresamente por la Constituci¨®n. El olvido pudo ser reparado mediante la oportuna aceptaci¨®n de una enmienda comunista que preve¨ªa este supuesto. Todos los grupos sin excepci¨®n aceptaron la enmienda comunista y, en consecuencia, quedaron declaradas en el C¨®digo Penal como asociaciones il¨ªcitas las de tipo secreto y las de car¨¢cter paramilitar.

Otro punto que mantuvo el enfrentamiento entre UCD y los grupos de izquierda fue el referido a la consideraci¨®n como delito la publicaci¨®n de impresos clandestinos. Los socialistas mantuvieron la tesis de que los impresos clandestinos y las emisiones igualmente clandestinas de radio o televisi¨®n constitu¨ªan infracciones administrativas, que ya est¨¢n contempladas en leyes de esta naturaleza y que, por tanto, no pueden ser consideradas al mismo tiempo infracciones de car¨¢cter penal. En este tema, la oposici¨®n s¨®lo logr¨®, mediante la aceptaci¨®n de una enmienda comunista, definir con mas precisi¨®n el tipo delictivo de impresos clandestinos, que en el proyecto del Gobierno quedaba al criterio de la legislaci¨®n reguladora de prensa e imprenta.

Con anterioridad, la Comisi¨®n de Justicia debati¨® las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos Socialista y del PNV a la ley de retribuciones del personal al servicio del poder judicial. El diputado Marcos Vizcaya, en nombre del PNV, aleg¨® que el aspecto retributivo del personal judicial forma parte de la ley Org¨¢nica del Poder Judicial y debe ser contemplado cuando se inicie el debate parlamentario de esta ¨²ltima disposici¨®n. El Grupo Socialista, por boca del diputado Leopoldo Torres, aleg¨® varias razones de fondo para la devoluci¨®n al Gobierno del citado proyecto de ley. En s¨ªntesis, el Grupo Socialista se pronunci¨® por que el Gobierno sustituyese este proyecto de ley por otro anterior del propio Gobierno, en el que se inclu¨ªa en el r¨¦gimen especial retributivo de la Administraci¨®n de justicia a los oficiales, auxiliares y agentes judiciales. UCD, por boca del diputado Bravo de la Laguna, se opuso a una y otra enmienda. Estim¨® que el tema retributivo del personal de la Administraci¨®n de justicia exig¨ªa una soluci¨®n urgente y anunci¨® que su grupo no cierra el camino de la negociaci¨®n en lo que se refiere a las reivindicaciones que seanjustas del personal auxiliar de ?ajusticia. Aventur¨® que, en este punto concreto, el proyecto de ley del Gobierno podr¨ªa mejorarse cuando fuera informado por la ponencia. Como prueba de la buena disposici¨®n de su grupo y del Gobierno, adujo la reuni¨®n mantenida ayer en el Ministerio de Justicia entre representantes de la pol¨ªtica econ¨®mica del Gobierno y de los representantes del personal auxiliar de la justicia.

La oposici¨®n socialista y comunista tampoco tuvo ¨¦xito en su pretensi¨®n de que fuera devuelto al Gobierno el proyecto de ley por el que se establece el cobro por v¨ªa judicial de las multas impuestas por los gobernadores civiles y por los delegados de tr¨¢fico por faltas de circulaci¨®n. Los socialistas denunciaron que el citado proyecto de ley convierte a losjuzgados municipales y de distrito, ya sobrecargados de trabajo, en simples recaudadores, tarea que no es propia de lajusticia. El diputado socialista Pablo Castellano calific¨® este proyecto de ?chapuza oportunista salida de la mente del legislador con la ¨²nica finalidad de aumentar la caja y de no respetar los derechos ciudadanos?. Al proyecto tambi¨¦n se opuso Coalici¨®n Democr¨¢tica, que, a trav¨¦s del diputado De la Vallina, estim¨® que la Administraci¨®n del Estado no puede echar sobre las espaldas de la justicia funciones que le son propias, como son las de ejecutar sus propios actos.