El "caso Seregni"

Como observ¨¦ en otra ocasi¨®n desde estas mismas p¨¢ginas (?Julio Castro, un a?o de silencio?, EL PAIS, agosto de 1978), el genocidio selectivo llevado a cabo por el r¨¦gimen militar argentino -esa mezcla de cuento de horror y pesadilla kafkiana que afecta a decenas de millares de asesinados, presos, torturados y ?desaparecidos?- ha divertido la atenci¨®n de los mass media de cuanto ha ocurrido y ocurre en el pa¨ªs vecino, la Rep¨²blica Oriental de Uruguay. La realidad nos muestra, sin embargo, que la brutalidad de los procedimientos empleados por los militares uruguayos para mantenerse en el poder emula, si no supera, a la de sus colegas rioplatenses. Desde 1971 -fecha en que se desat¨® la represi¨®n a gran escala- el n¨²mero de presos pol¨ªticos de aquel pa¨ªs ha pasado de varios centenares a la cifra de 6.000. En 1971, Amnesty International estimaba que un uno por quinientos ciudadanos uruguayos estaba encarcelado por razones pol¨ªticas y que uno de cada cincuenta de los mismos hab¨ªa sido detenido, interrogado y a veces torturado -d¨ªas, semanas o meses- por dichos motivos. Aunque estas cifras se han reducido un tanto en los dos ¨²ltimos a?os, los expedientes de Amnesty International correspondientes a 1979 indican que alrededor de 2.800 presos pol¨ªticos se pudren todav¨ªa en los cuarteles y c¨¢rceles civiles utilizados como centros de detenci¨®n: esto es, que un 1%0 de los uruguayos es todav¨ªa hoy un preso pol¨ªtico. Si a ello agregamos el medio mill¨®n de exiliados y una cantidad indeterminada -?centenares, millares?- de detenidos sin juicio ni acusaci¨®n algunos, obtendremos un cuadro. aproximativo de las bases sobre las que se asienta el r¨¦gimen encabezado por el doctor Aparicio M¨¦ndez. Como dice el escritor Carlos Mart¨ªnez Moreno: ?Las c¨¢rceles uruguayas est¨¢n llenas de presos condenados a la suma final del desprop¨®sito, por delitos que no han cometido, a penas de a?os y a?o! que no les concernir¨ªan en un ordenamiento justo y razonable y que han sido el resultado de procesos que no han guardado las debidas garant¨ªas y se han fraguado en el panorama de una adulteraci¨®n absoluta, que disfraza de instancia jurisdiccional lo que no es m¨¢s que el ejercicio, de una represi¨®n y de una venganza de signos crasamente pol¨ªticos. (...) Con tr¨¢gica frecuencia, los presos sometidos a interrogatorio en los cuarteles no alcanzan al d¨ªa de su procesamiento y mueren; otras veces, ya procesados y alojados en las prisiones militares. no alcanzan al d¨ªa de su liberaci¨®n y se suicidan. El orden de la represi¨®n -primero encuestante, despu¨¦s carcelero- se desentiende de los cad¨¢veres, envi¨¢ndolos a las morgues militares.?Evidencia abrumadora

Las declaraciones del teniente Julio C¨¦sar Cooper a Amnesty International en 1976 sobre los medios y t¨¦cnicas de tortura empleados por sus colegas (plant¨®n, submarino, pau de arara, caballete, bandera, picana el¨¦ctrica, etc¨¦tera); las denuncias de los abogados fugitivos respecto a la grosera violaci¨®n por parte de los jueces castrenses de las normas jur¨ªdicas universalmente acatadas (?En este clima?, declar¨® uno de ellos, ?actuar como abogado es casi exponerse a pasar con rapidez a la categor¨ªa de cliente?); los testimonios de los detenidos en los penales de Libertad, Punta Carretas y Punta de Rieles compon¨ªan una evidencia abrumadora que fue a estrellarse contra el muro de cerraz¨®n e indiferencia de la opini¨®n p¨²blica espa?ola tocante a los problemas de Am¨¦rica Latina y el Tercer Mundo. La reciente publicaci¨®n de una serie de folletos de Amnesty International sobre el tema, as¨ª corno del excelente ensayo de Mart¨ªnez Moreno ?Seregni ante sus jueces? (Cuadernos de marcha, mayo-junio de 1979) y del peque?o volumen redactad¨® por el Equipo de Trabajo Hispano-Uruguayo ?9 de junio de 1973? arrojan una luz todav¨ªa m¨¢s cruda sobre la amplitud del drama uruguayo, y deber¨ªan sacudir de una vez el incomprensible letargo de nuestra opini¨®n democr¨¢tica. Ante la imposibilidad de analizar aqu¨ª todos los elementos y aspectos del sistema represivo existente en aquel pa¨ªs, me limitar¨¦ a se?alar las circunstancias escandalosas que envuelven un caso concreto: el del general retirado Liber Seregni, candidato del Frente Amplio en las ¨²ltimas elecciones celebradas en Uruguay (su ejemplo no es ¨²nico entre los militares de orientaci¨®n democr¨¢tica.: bastar¨¢ con recordar los nombres del general V¨ªctor Licandro, encarcelado desde hace seis a?os sinju¨ªcio; de los coroneles Carlos Zufriategui, Pedro Aguerre y Pedro Monta?¨¦s; del capit¨¢n Carlos Arrarte, por el mero ?delito? de haber tratado de impedir en 1972 el uso de la tortura en los centros castrenses. En total, veinte jefes y oficiales del Ej¨¦rcito).

El general Liber Seregni naci¨® en Montevideo en 1916. En 1933 ingresa en la Academia Militar, de la que sale en 1936 con el grado de alf¨¦rez. En 1944 es designado agregado militar en las embajadas en Estados Unidos y M¨¦xico. En 1948 se grad¨²a como oficial del Estado Mayor y alcanza sucesivamente los grados de teniente coronel (1952), coronel (1957) y general (1963). Entre 1964 y 1967 esjefe de la Regi¨®n Militar n.? 2, con sede en San Jos¨¦. v en 1967 asume lajefatura de la Primera Regi¨®n Militar (Montevideo), cargo que ejerce hasta que solicita y obtiene el retiro, en 1969.

La crisis econ¨®mico-social incubada en Uruguay desde fines de los a?os cincuenta se traduce en el primer semestre de 1968 en una serie de huelgas laborales y manifestaciones estudiantiles que descubren la precariedad de los cimientos en que se apoya el modelo de desarrollo uruguayo. Cuando la guerrilla urbana de los Tupamaros hace su aparici¨®n, el entonces presidente de la Rep¨²blica, Pacheco Areco, adopta, contra la voluntad del Parlamento, unas ?medidas prontas de seguridad? y una pol¨ªtica econ¨®mica destinada a hacer pagar los efectos de la crisis a las clases bajas. Enfrentado el dilema de intervenir para reprimir a trabajadores y estudiantes, el general Seregni se entrevista con el presidente Pacheco Areco y le da a conocer su opini¨®n sobre la grav¨ªsima situaci¨®n pol¨ªtico-social del pa¨ªs -una crisis que s¨®lo podr¨ªa resolverse, seg¨²n ¨¦l, mediante un conjunto de disposiciones diametralmente opuestas a las propugnadas por el presidente-. A ra¨ªz de? total desacuerdo entre ambos, Seregni pide el retiro, que le es concedido en abril de 1969.

La radicalizaci¨®n

Durante este a?o y el siguiente la situaci¨®n se radicaliza. Los Tupamaros realizan una serie de golpes espectaculares. El Gobierno contin¨²a su pol¨ªtica econ¨®mica antipopular y acent¨²a la represi¨®n, abandonando paulatinamente sus prerrogativas en manos del Ej¨¦rcito. En 1970, Pacheco Areco declara el estado de sitio para hacer frente a los Tupamaros. A su vez, los partidos de izquierda y sindicatos coordinan sus fuerzas a fin de oponerse a un Gobierno que no s¨®lo prescinde de la opini¨®n del Parlamento. sino que viola abiertamente la Constituci¨®n y liquida las libertades p¨²blicas: al anunciarse la convocatoria. de elecciones, deciden constituir el Frente Amplio como alternativa democr¨¢tica y progresista al enmohecido e inoperante bipartidismo tradicional. Seregni, que ha participado desde el comienzo en la formaci¨®n de dicho frente, es designado candidato del mismo a la presidencia de la Rep¨²blica.

Durante la campa?a electoral, Seregni preconiza un programa de contenido democr¨¢tico y antiiniperialista, que: establezca el control y la direcci¨®n planificada y nacionalizada de los puntos claves del sistema econ¨®mico, para sacar al pa¨ªs de su estancamiento. Para lograr dicho objetivo propugna el empleo de v¨ªas legales, democr¨¢ticas y pac¨ªficas. Estas propuestas, perfectamente leg¨ªtimas dentro del marco constitucional uruguayo, servir¨¢n no obstante de base a sus futuros jueces para acusarle, y condenarle, de ?atentado a la Constituci¨®n?.

"Estado de guerra interno"

En las elecciones de 1971, pese a las presiones, amenazas y violencia de que es objeto, el Frente Amplio obtiene el 18% de los sufragios. El candidato delPartido Colorado, Juan Mar¨ªa Bordeberry, es elegido presidente, mientras los enfrentamientos armados entre el Ej¨¦rcito y los Tupamaros prosiguen una escalada ininterrumpida. A instancias de las Fuerzas Armadas, Bordeberry obtiene del Parlamento la aprobaci¨®n de un ?estado de guerra interno?, y el 27 de junio de 1973 disuelve la C¨¢mara de Diputados y el Senado, suspende el derecho de reuni¨®n y establece la censura de prensa. El 9 de julio, el Frente Amplio organiza una gran manifestaci¨®n pac¨ªfica contra el golpe de Estado presidencial y el general Seregni, que ha tomado parte en ella, es detenido el mismo d¨ªa al regresara su domicilio.

Seregni es procesado por ?atentado contra la Constituci¨®n en grado de preparaci¨®n conspiraci¨®n y conspiraci¨®n segui¨¢in. de actos preparatorios?. En abril de 1974 su caso es remitido al Tribunal de Honor del Ej¨¦rcito, el cual, de acuerdo con las reglamentaciones castrenses, juzga la conducta del acusado conforme a la ?convicci¨®n moral?. Dicho tribunal condena a Seregni, ?por falta gravisima?, a la p¨¦rdida de la condici¨®n militar. En noviembre de 1974 el l¨ªder del Frente Amplio consigue la libertad condicional, pero permanece en un virtual arresto domiciliario y se le deniega su solicitud de abandonar el pa¨ªs. En 1976, coincidiendo con un recrudecimiento de los atentados terroristas, es detenido de nuevo y ei?cerrado en un lugar secreto por espacio de un mes. El juez miJitar le acusa de ?usurpaci¨®n de funciones p¨²blicas? (por haber autorizado la construcci¨®n de burladeros y refugios peatonales por los militantes del Frente Ampl¨ªo durante la campa?a electoral), de ?atentado a la Constituci¨®n? (en realidad, para castigar su. ?desviaci¨®n ideol¨®gica?) y de ?porte ?legal de armas? (a pesar de que el arma en cuesti¨®n le ha sido entregada por orden del Ministerio del Interior durante la campa?a electoral ante las informaciones de que se fraguaba un atentado contra ¨¦l). Aunque el fiscal militar ha pedido tan s¨®lo una pena de diez a?os, el juez militar le condena el 9 de marzo de 1978 a catorce a?os de penitenciar¨ªa por los delitos de asonada (su participaci¨®n en la manifestaci¨®n pac¨ªfica del 9 de julio de 1973), irrespetuosidad (sus cr¨ªticas a Pachecho Areco durante la campa?a electoral, cuando ¨¦ste era candidato, a la presidencia), etc¨¦tera. Para apreciar la ?objetividad? de la justicia militar uruguaya bastar¨¢ recordar que la sentencia reprocha al acusado el hecho de que su padre fuera ?un em¨ªgrante anarquista?; su asistencia, cuando era alto jefe en el Ej¨¦rcito, a una recepci¨®n oficial en la embajada de la URSS, e incluso su vieja amistad con el coronel Juan L¨®pez Silveyra, quien en su juventud hab¨ªa tenido la desverg¨¹enza de ir a luchar en Espa?a ?contra la revoluci¨®n del general Franco? (!).

Los hechos son estos y dejo al cuidado del lector la tarea de enjuiciarlos. Al concluir estas l¨ªneas me limitar¨¦ a se?alar que una amplia movilizaci¨®n de los medios informativos y la presi¨®n de los partidos y fuerzas democr¨¢ticas pueden contribuir eficazmente a la revisi¨®n del proceso y eventual liberaci¨®n del l¨ªder del Frente Amplio. La reciente excarcelaci¨®n de Ben Bella, Lolita Lebr¨®n y Martha Frayde -por citar tres casos en los que me he interesado particularmente- prueba, sin lugar a dudas, la fuerza creciente de la opini¨®n p¨²blica frente a la ilegalidad de los procedimientos represivos empleados, a derecha e izquierda, por los reg¨ªmenes autoritarios.