El octavo pasajero de la democracia

LOS AMPLIOS extractos, publicados a lo largo de la ¨²ltima semana en EL PAIS, del informe redactado por los inspectores de Hacienda sobre Radiotelevisi¨®n Espa?ola otorgan estado oficial a algo que mucha gente conoc¨ªa ya y que ni siquiera los medios gubernamentales se molestaban en negar. La ¨²nica novedad es el marchamo pericial sobre el caos, despilfarro, irresponsabilidad, ineficacia y corrupci¨®n que reinan en el monopolio estat¨¢l televisivo.La lectura de esos res¨²menes crea la presunci¨®n de que RTVE ha sido terreno abonado para comportamientos delictivos, desde la malversaci¨®n al simple hurto, pasando por la apropiaci¨®n indebida y el cohecho. No es preciso tener una concepci¨®n antropol¨®gicamente pesimista de la condici¨®n humana para sospechar que la indefensi¨®n de los fondos p¨²blicos producida por el desarme de los controles contables durante tantos a?os ha sido una tentaci¨®n demasiado fuerte como para que nadie pueda descartar una conculcaci¨®n de los art¨ªculos del C¨®digo Penal referidos a la propiedad y a la aseveraci¨®n del Gobierno de que el informe no alude a responsabilidades personales no deja de ser sorprendente. Primero porque el informe es rico en nombres, muchos de los cuales hemos preferido silenciar, pues no era nuestra intenci¨®n convertir un documento de esta naturaleza en una simple batalla de dudoso gusto. Segundo, porque los ministros, directores generales y ejecutivos responsables de la situaci¨®n son, que nosotros sepamos, personas. Personas y no cosas, seg¨²n luego veremos.

Los sistemas cerrados de poder aumentan enormemente, por su propia naturaleza, las posibilidades de il¨ªcitos y. desvergonzados traspasos del dinero de los administrados a los bolsillos de los administradores, o de amigos suyos. La democracia encuentra precisamente sus fuentes de legitimaci¨®n en el control que ejerce el Parlamento elegido por sufragio universal sobre el poder ejecutivo, en la libertad de los medios de comunicaci¨®n para informar acerca de presuntos abusos en el manejo de los fondos p¨²blicos y en la capacidad de los ciudadanos para ejercer acciones que permitan a un poder judicial no mediatizado e independiente perseguir tales malversaciones.

Y, sin embargo, se dir¨ªa que nuestro naciente sistema de libertades no termina de desembarazarse de ese octavo pasajero de la corrupci¨®n que nos acompa?a en nuestro viaje hacia la consolidaci¨®n de las instituciones democr¨¢ticas que constituye RTVE. Es ya de por s¨ª inquietante intuir que padecemos tan molesta compa?¨ªa y saber que la eliminaci¨®n de esa aborrecible figura va a costar tiempo y esfuerzo. Pero resulta todav¨ªa m¨¢s preocupante comprobar c¨®mo un amplio sector de la clase pol¨ªtica se ha recubierto de una corteza de insensibilidad y de un caparaz¨®n de cinismo, que la protegen de las denuncias surgidas desde la sociedad sobre fen¨®menos de corrupci¨®n y le permiten seguir adelante sin el m¨¢s m¨ªnimo problema moral y sin otro objetivo que el de aguardar a que escampe la tormenta. ?Qu¨¦ ocurre en este pa¨ªs, en esta sociedad, en esta ¨¦lite pol¨ªtica, para que el destapamiento de ollas tan podridas como Televisi¨®n Espa?ola no produzca m¨¢s respuesta que la indiferencia c¨ªnica, la protesta para guardar las formas o la resignaci¨®n pesimista? ?Ignoran los hombres del poder que su rostro de piedra ante estos casos amenaza con desmoralizar al pa¨ªs entero y hacerle perder la confianza en la capacidad de las instituciones democr¨¢ticas? ?O es precisamente esto lo que pretenden? El informe de auditor¨ªa de los inspectores de Hacienda ha despertado profundas resonancias en la opini¨®n. ?Qu¨¦ ha sucedido, en cambio, en la clase pol¨ªtica? Los comunistas, expulsados del consenso y arrojados del palacio de la Moncloa, han realizado un gesto pol¨ªticamente eficaz y jur¨ªdicamente bien estudiado al solicitar la intervenci¨®n del ministerio fiscal. Los socialistas, que conoc¨ªan con anterioridad el informe de la auditor¨ªa, al menos en parte, hablaron de ejercer la acci¨®n p¨²blica y m¨¢s tarde han optado por depositar en la Mesa del Congreso una petici¨®n para que se les entregue el documento. La l¨¦ntitud y circunspecci¨®n de las centrales sindicales ante el esc¨¢ndalo hacen temer que su deseo de ampliar el n¨²mero de afiliados pueda llevarles, en casos como el de la Televisi¨®n y de otras empresas p¨²blicas, a la complicidad activa y hasta pasiva con situaciones como las que el informe describe.

Ahora bien, sobre el Gobierno recae la mayor parte del fardo de este penoso asunto. El obstinado y pesado silencio del poder ejecutivo, s¨®lo roto por su portavoz oficial, bate un r¨¦cord ol¨ªmpico de irresponsabilidad. Resulta que el ocultamiento a las Cortes Generales y a la opini¨®n p¨²blica de ese informe, el mantenimiento en puestos de alta responsabilidad de los organizadores de tan inconcebible caos y de los directivos que posteriormente no han sabido cortarlo; la decisi¨®n de no encomendar al ministerio fiscal la tarea de examinar los presuntos comportamientos delictivos, y la actitud de dar, durante una semana, la callada por respuesta, son las reacciones normales de un Gobierno democr¨¢tico. Que nadie busque culpabilidades ?personales? en todo este embrollo. Ninguno de los directores generales de Televisi¨®n tiene la m¨¢s m¨ªnima responsabilidad en esa apoteosis de menosprecio hacia la manera de gestionar una empresa p¨²blica. S¨®lo existen ?responsabilidades de principios y de organizaci¨®n?. Principios y organizaci¨®n que, al parecer, ning¨²n hombre de carne y hueso ha establecido y decidido nunca, sino que han sido depositados en noches oscuras por malos vientos en Prado del Rey y que proceden de alguna remota galaxia. Ya hubiera sido grave que el Gobierno no hubiera hablado. Su respuesta reciente no es ni siquiera indignante. Es rid¨ªcula.

El Gobierno, en cualquier caso, ha sido culpable de la ocultaci¨®n de datos, y estimamos que debe ser un juez y no un ministro el que establezca si existen o no responsabilidades criminales en lo sucedido. Si existieran, el Gobierno tendr¨ªa que explicar adem¨¢s por qu¨¦ sus dudas en remitir a la Fiscal¨ªa el documento. Cualquier consejero de una empresa privada que recibiera una auditor¨ªa de ese g¨¦nero se habr¨ªa preocupado de una acci¨®n semejante, que le garantizara que no iba a ser acusado de complicidad o encubrimiento.

El otro aspecto de la cuesti¨®n es el de futuro. Nos hallamos ante el inminente nombramiento, por las Cortes, del consejo de administraci¨®n de ente p¨²blico de RTVE y ante la designaci¨®n por el Gobierno del director general del medio. Hay que decir que no se les pone f¨¢cil a esos trece hombres la tarea de remodelaci¨®n y saneamiento que tienen por delante y que no es la ¨²nica, porque la televisiva UCD ha logrado construir, por encima del caos administrativo, la miseria en la calidad de los programas y el descr¨¦dito p¨²blico de tan importante medio de comunicaci¨®n. El Gobierno se lo debe pensar dos veces antes de seguir poniendo en las manos de un hombre de UCD tan poderoso medio. Durante la etapa de la transici¨®n, el partido del Gobierno ha dirigido irresponsablemente la RTVE, obsesionado por los r¨¦ditos electoralistas o propagand¨ªsticos de la imagen y menospreciando los derechos de los espa?oles, cuyo dinero ha sido dilapidado ad maiorem gloriam de quien controlaba la pantalla. Si la obstinaci¨®n hace que los hombres de UCD pretendan seguir gobernando la TV ellos solos, con un revestimiento democr¨¢tico, deben saber que parten desde una situaci¨®n impeorable. Aquella que nos dice que la continuidad es la mejor garant¨ªa para consolidar tanta pestilencia.