?Qu¨¦ pasa en la funci¨®n p¨²blica?
Despu¨¦s de trece d¨ªas consecutivos de huelga, protagonizada por un n¨²mero importante de funcionarios y contratados de la Administraci¨®n p¨²blica, muchos ciudadanos de nuestro pa¨ªs se preguntan: ?qu¨¦ pasa en la funci¨®n p¨²blica?, ?por qu¨¦ un conflicto tan largo?, ?qu¨¦ quieren los empleados p¨²blicos?La opini¨®n generalizada de que en la Administraci¨®n la productividad es muy baja agudiza en no pocas ocasiones estos interrogantes, y hay quien opina que la garant¨ªa de estabilidad en el empleo, de que gozan los funcionarios -que no los contratados-, y el bajo rendimiento en el trabajo desautorizan a ¨¦stos a tomar cualquier actitud de protesta.
Pero es necesario analizar los entresijos de la actual Administraci¨®n, que padecemos todos, para entender las razones de este conflicto y la justicia de sus reivindicaciones.
Dos puntos resumen las aspiraciones de los funcionarios en huelga y ellos por s¨ª solos expresan el deseo de que se operen cambios en la funci¨®n p¨²blica, encaminados a normalizar sus relaciones de trabajo, como corresponde a una sociedad democr¨¢tica, y a agilizar y aumentar la eficacia de los servicios p¨²blicos, como deben exigir los ciudadanos de esta sociedad.
La complejidad del sistema de .retribuciones actual hace ya dif¨ªcil su entendimiento, pero si a ello unimos la ocultaci¨®n sistem¨¢tica de datos -hasta 1978 no publica la Junta Central de Retribuciones ning¨²n informe sobre las mismas-, el confusionismo que se establece es total, incluso entre los propios funcionarios.
De este estado de cosas se sirve la Administraci¨®n para poner en pr¨¢ctica su filosof¨ªa sobre lo que debe ser la relaci¨®n de trabajo en el seno de la funci¨®n p¨²blica, y su propio funcionamiento, filosofia que est¨¢ basada en el mantenimiento permanente de una alta cota de ineficacia en los servicios p¨²blicos.
A la direcci¨®n pol¨ªtica de la Administraci¨®n le preocupa el nivel de rendimiento de un porcentaje peque?o de funcionarios, y que son b¨¢sicamente los que forman los equipos de apoyo de los centros directivos. Para conseguirlo se sirve de dos cosas:
- Inexistencia de cauces de promoci¨®n profesional, lo que le permite elegir libremente a los funcionarios que forman estos equipos.
- Un sistema d¨¦ retribuciones confuso que le permita, sin dificultad y sin salirse de la legalidad, retribuir m¨¢s y mejor a ¨¦stos.
Para el resto del colectivo -la mayor¨ªa-, sin que importe demasiado ya su rendimiento, se utiliza este estado de cosas para:
- Mantener una divisi¨®n retributiva que garantice las fricciones entre unos cuerpos de funcionarios con otros, o entre funcionarios y contratados.
- Continuar con unas relaciones paternalistas entre jefe y empleado.
Esta pr¨¢ctica, desarrollada durante muchos a?os, y que en nada ha cambiado desde 1977, ha llevado al desorden actual, del que puede dar alguna cuenta los siguientes ejemplos:
Ejemplo n.? 1. Sueldo medio anual al 31-12-1979 de dos funcionarios de id¨¦ntica cualificaci¨®n profesional (titulaci¨®n universitaria), el primero destinado en servicios de inspecci¨®n en la Administraci¨®n central, y el segundo, en tareas de investigaci¨®n en un organismo aut¨®nomo:
Inspector financiero: 2.749.780 pesetas.
T¨¦cnico Junta E. Nuclear: 948.456 pesetas.
Ejemplo n.? 2. Entre un equipo de auxiliares trabajando en el mismo servicio, realizando el mismo tipo de trabajo y con id¨¦ntica antig¨¹edad, es normal que existan las siguientes diferencias:
Auxiliar con complemento de destino (que asigna libremente el jefe de secci¨®n): 520.381 pesetas.
Auxiliar sin complemento de destino: 446.797 pesetas.
Pues bien, este estado de cosas se ve agudizado con la distribuci¨®n de aumentos salariales pretendido para 1980, al reservarse la Administraci¨®n, de un porcentaje de incremento de la masa salarial ya de por s¨ª exiguo (12,5 %), cuatro puntos para distribuirlos con criterios que deber¨¢ aprobar el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Hacienda.
Esta medida arbitraria se une al acuerdo del Consejo de Ministros del 21-9-1979, modificado por otro de enero de 1980, que establece extender la aplicaci¨®n del complemento de destino al 40% de los auxiliares y al 30% de los subalternos, a propuesta de los jefes de departamento y sin criterios de distribuci¨®n.
Frente a estas medidas, que suponen unos incrementos brutos mensuales de 2.566 pesetas a los colectivos con sueldos m¨¢s bajos y una arbitrariedad absoluta en el reparto del resto de la masa salarial, que ayudar¨ªa a agudizar el paternalismo y el desorden retributivo, los funcionarios exigen: negociar la distribuci¨®n de ese 4% empleando criterios de mantenimiento de poder adquisitivo a los peor dotados econ¨®micamente y de extensi¨®n del complemento de destino al ciento por ciento de los funcionarios que no lo perciban, para evitar la arbitrariedad.
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