Procesamiento de tres personas por supuesta malversaci¨®n de fondos en la Zona Franca de Barcelona

El Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 4 de Barcelona dict¨® auto incoando sumario contra Antonio de la Rosa V¨¢zquez, Jos¨¦ Luis Bruna de Quixano y Rafael del Barco Carrera, por su presunta relaci¨®n con los posibles delitos de malversaci¨®n de fondos p¨²blicos y estafa, que tendr¨ªan por centro el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona.

Por el mismo auto el juez orden¨® declarar secreto todo el sumario, por el tiempo de un mes, en virtud de los poderes que le otorga el art¨ªculo 302 de la ley de Enjuiciamiento Criminal. Al parecer, este car¨¢cter de secreto no afecta a los querellantes, sino tan s¨®lo a los querellados, uno de los cuales -Rafael del Barco- hab¨ªa solicitado al juzgado la vista de las actuaciones sumariales.Paralelamente, la autoridad judicial fij¨® para el pr¨®ximo martes el inicio de las diligencias de prueba. Las de dicho d¨ªa consistir¨¢n en la toma de declaraci¨®n de los tres querellados. Presumiblemente, no comparecer¨¢ Antonio de la Rosa, cuyo paradero se ignora desde hace meses.

El abogado del Estado Antonio de la Rosa fue secretario general del Consorcio durante unos diez a?os, despu¨¦s de haber sido jefe de la asesor¨ªa jur¨ªdica de la entidad. Dimiti¨® el pasado mes de junio, para desaparecer posteriormente. Jos¨¦ Luis Bruna de Quixano fue delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca entre el d¨ªa 2 de marzo de 1967 y el d¨ªa 6 de noviembre de 1970 y entre el d¨ªa 13 de mayo de 1977 y el d¨ªa 22 de junio de 1979. Hab¨ªa sido concejal del Ayuntamiento de Barcelona, con Jos¨¦ Mar¨ªa de Porcioles, y presidente del Patronato de la Universidad Aut¨®noma de Barcelona. Rafael del Barco es el intermediario que concert¨® con el Consorcio la posible compra a ¨¦ste de unos terrenos inexistentes por un precio que era la mitad del pagado por la entidad pocos meses antes.

La misma autoridad judicial hab¨ªa citado en d¨ªas pasados a los presuntos propietarios de las supuestas fincas compradas por el Consorcio. Result¨® que, al igual que las fincas, dichos propietarios tampoco existen, ya que no fueron hallados por el agente judicial ni por la polic¨ªa judicial que lleg¨® a consultar, con resultado negativo, la sede central del documento nacional de identidad. Estas fincas inexistentes ser¨ªan 67, totalizando 181 hect¨¢reas, por las que el consorcio pag¨® 1.184 millones de pesetas.

Las mismas fincas inexistentes y supuestamente compradas fueron objeto de una operaci¨®n de venta por parte del Consorcio, a trav¨¦s de un documento privado de fecha 15 de marzo de 1979, y por un importe de 589 millones de pesetas. Esta operaci¨®n de venta de fincas y terrenos f¨ªsica y registralmente inexistentes, por un precio que era la mitad del pagado pocos meses antes, no lleg¨® a perfeccionarse, ya que dicha cantidad no lleg¨® a ser pagada.

Las actuaciones judiciales son consecuencia de dos querellas presentadas el mismo d¨ªa 25 de enero por el Ayuntamiento de Barcelona y el ministerio fiscal, de forma separada, pero contra las tres mismas personas, as¨ª como contra aquellas de quienes las averiguaciones judiciales dedujeran responsabilidad criminal.