Refer¨¦ndum andaluz: de la raz¨®n de Estado a las sinraz¨®n

Hasta siete argumentos encontraron los notables de UCD para explicar la reconversi¨®n de todos los procesos auton¨®micos por la v¨ªa del art¨ªculo 151 de la Constituci¨®n. Seis, debidamente etiquetados como razones de Estado, fueron plasmados en un documento que se present¨® a la prensa con todos los honores; el s¨¦ptimo permaneci¨® alg¨²n tiempo inconfesado, pero finalmente se supo que era el miedo a la izquierda. Tanto derroche de razonamiento ten¨ªa que tener ur¨ªprecio, y as¨ª, todo parece indicar que al Gobierno y a UCD se le han agotado las existencias de razones en materia auton¨®mica y ha comenzado el reparto de arbitrariedades.Las ¨²ltimas decisiones del Gobierno en relaci¨®n al refer¨¦ndum andaluz -contenido de la- pregunta y duraci¨®n de la campa?ay las inhibiciones de que est¨¢ haciendo gala a cinco d¨ªas del comienzo de la misma -falta de concreci¨®n sobre los fondos estatales para financiarla y sobre los espacios en RTVE y Medios de Comunicaci¨®n Social del Estado- se corresponden m¨¢s con una concepci¨®n del refer¨¦ndum como delito punible que como derecho constitucionalmente reconocido y correctamente ejercitado por las instituciones de la regi¨®n.

Recientemente, el secretario general de UCD y ministro adjunto a la Presidencia, Rafael Arias-Salgado, intent¨® razonar el contenido de la pregunta y la reducci¨®n de la campa?a a quince d¨ªas, temas ambos que han merecido dur¨ªsimas cr¨ªticas de la oposici¨®n andaluza. Siempre es ¨ªntelectualmente meritorio el intento de la cuadratura del c¨ªrculo, pero es perfectamente in¨²til.

A las cr¨ªticas al contenido de la pregunta, calificado de ?farragoso, ininteligible e inaudito?, el se?or Arias-Salgado replic¨® diciendo que se hab¨ªa redactado ?con rigor t¨¦cnico y jur¨ªdico-constitucional?.

Un ministro, hablando con rigor, no deber¨ªa mentar a la Constituci¨®n en vano, porque, al hilo de la pregunta que se les formula y siguiendo el razonamiento ministerial, los andaluces van a pensar que la Constituci¨®n es un instrumento inventado en Madrid para torturar a perif¨¦ricos respondones.

Respecto a la segunda cuesti¨®n, la reducci¨®n de la campa?a a quince d¨ªas, cuando vascos y catalanes dispusieron de tres semanas en sus respectivos referendos, el se?or Arias-Salgado la despach¨® con un ex abrupto dedicado a la oposici¨®n -?una de las cosas que m¨¢s me asombra es que la izquierda no se lea las leyes?- y una retah¨ªla de fechas y plazos para demostrar que es imposible disponer de m¨¢s d¨ªas de campa?a si se quiere celebrar el refer¨¦ndum el d¨ªa 28 de febrero.

Las cuentas del se?or Arias-Salgado, hechas a partir de la fecha de publicaci¨®n en el BOE de la ley org¨¢nica de distintas modalidades del refer¨¦ndum, son correctas. Pero una cosa es que la ley no permita m¨¢s d¨ªasz de campa?a -que no es as¨ª, ya que reconoce hasta un m¨¢ximo de veinte d¨ªas- y otra que el recorte sea debido al retraso en la publicaci¨®n de la mencionada ley. Habr¨ªa que preguntarle al Gobierno qu¨¦ hizo con la ley desde el d¨ªa 15 de enero, fecha de su aprobaci¨®n en el Senado, hasta el d¨ªa 23, en que fue publicada. Bien est¨¢ invocar la supremac¨ªa de la ley, pero no es l¨ªcito confundirl¨¢ con la supremac¨ªa del Bolet¨ªn, Oficial del Estado, que en ocasiones no pasa de ser una especie de geyperman para uso y disfrute de gobernantes.

Lejos de invocar la Constituci¨®n parajustificar decisiones arbitrarias, el Gobierno deber¨ªa reflexionar sobre la desconsideraci¨®n con que act¨²a respecto a una instituci¨®n de la m¨¢s pura raigambre democr¨¢tica, como el refer¨¦ndum, que es el reconocimiento al derecho de los ciudadanos a ser consultados sobre decisiones pol¨ªticas de especial trascendencia, como as¨ª lo establece la Constituci¨®n en su art¨ªculo 92. Si las decisiones en materia auton¨®mica son por propia definici¨®n constitucional de especial trascendencia, ?c¨®mo podr¨ªa explicar el Gobierno la pregunta ininteligible que va a endosar a los andaluces? ?Y c¨®mo el haber hurtado casi una semana de campa?a, cuando lo l¨®gico ser¨ªa haber dado una semana de m¨¢s para explicar el sentido de tal pregunta?

Obst¨¢culos a la campa?a

Evidentemente, la campa?a tiene que ser breve, no vaya a suceder que el puesto andaluz se entere de lo que vota. Pero la campa?a no s¨®lo ha sido reducida, sino que est¨¢ siendo obstaculizada de antemano. Cuando vascos y catalanes gastaron alrededor de 450 millones de pesetas cada uno en su respectivo refer¨¦ndum -a nadie puede parecerle excesivo dada la trascendencia de la consulta- la Junta de Andaluc¨ªa lleva meses intentando saber de cu¨¢nto dinero va a disponer y todav¨ªa no lo ha conseguido, como tampoco sabe qu¨¦ espacios se van a reservar para la propaganda institucional.

Despu¨¦s de varios contactos iniciales, el Gobierno design¨® a Antonio Font¨¢n como int¨¦rlocutor v¨¢lido con la Junta para negociar estos temas. Para hacer justicia a la terminolog¨ªa hay que dejar reducido el papel del se?or Font¨¢n al de mero interlocutor, porque de v¨¢lido, n¨¢da.

El lunes pasado, el ministro de Administraci¨®n Territorial volv¨ªa a remitir a los negociadores andaluces a Fernando Abril, Jos¨¦ Pedro P¨¦rez Llorca y Fernando Arias-Salgado, director general de RTVE, despu¨¦s de haber intentado descargarse en el ministro de Hacienda. ?Hay que ver c¨®mo se distraen los ministros de Su¨¢rez pas¨¢ndose de mano en mano el paquete andaluz, con la seguridad que da el saber que no lleva dentro goma-2.

Si la campa?a institucional en favor de la participaci¨®n perjudica a UCD, que aboga por la abstenci¨®n o el voto en blanco, el partido del Gobierno est¨¢ a tiempo de rectificar y pedir el voto negativo. Pero las instituciones tienen la obligaci¨®n de recordar a los ciudadanos su deber de votar. En un sistema pol¨ªtico que se basa en la participaci¨®n, es muy lamentable que el partido mayoritario predique la abstenci¨®n, y totalmente reprobable que el Gobierno la fomente.

La actuaci¨®n arbitraria del Gobierno culmina con la ley del silencio que pesa en los medios informativos estatales sobre el presidente de la Junta de Andaluc¨ªa, tan instituci¨®n del Estado como las dem¨¢s. Su voz ha sido vetada en televisi¨®n hasta el d¨ªa 28 de febrero, para evitar que haga declaraciones. El lunes ¨²ltimo se impidi¨®, por orden superior, que entrara en directo en el diario hablado de Radio Nacional de las ocho de la tarde.

Con este proceder da la impresi¨®n que los estadistas de UCD no han entendido la funci¨®n que cumple un refer¨¦ndum en la Espa?a democr¨¢tica y est¨¢n m¨¢s pr¨®ximos al papel que le estaba reservado en el franquismo a los plebiscitos. Aunque all¨ª los referendos hab¨ªa que ganarlos y, en este caso, haya que perderlo.