No se podr¨¢n publicar encuestas electorales en los cinco d¨ªas anteriores a la votaci¨®n

El Pleno del Congreso aprob¨® ayer la proposici¨®n de ley sobre encuestas electorales, merced a la cual no se podr¨¢n publicar ni difundir sondeos sobre intenciones de voto durante los cinco d¨ªas anteriores a la votaci¨®n. No se admiti¨® la tesis de Manuel Fraga, portavoz de Coalici¨®n Democr¨¢tica -grupo proponente de la ley-, de que tambi¨¦n se proh¨ªban los comentarios p¨²blicos de este tipo de sondeos.

Manuel Fraga advirti¨® que en el proceso de tramitaci¨®n la propuesta ha ido perdiendo ?plumas y hasta alg¨²n diente?. As¨ª, se excluyeron las elecciones sindicales, y no se obliga a declarar el grupo que encarga el sondeo, sino ¨²nicamente la persona f¨ªsica que hace el encargo, y que el representante de CD advirti¨® puede ser un hombre de paja. No obstante, Fraga s¨®lo defendi¨® su propuesta de que el plazo de prohibici¨®n, en principio previsto en diez d¨ªas y despu¨¦s recortado a tres en la tramitaci¨®n del proyecto, se ampliase a cinco d¨ªas. Tambi¨¦n el Grupo Socialista manten¨ªa una propuesta similar.Tanto el PSOE como UCD se opusieron a que se proh¨ªba la publicaci¨®n de comentarios. Esta tesis, en cambio, fue votada favorablemente por el Grupo Comunista y la Minor¨ªa Catalana. La ley, en su conjunto, fue aprobada por 286 votos favorables y dos abstenciones. Su texto establece que la publicaci¨®n de cualquier sondeo preelectoral deber¨¢ ir acompa?ada de la denominaci¨®n del organismo que lo ha realizado, de la persona que lo encarg¨®, las caracter¨ªsticas t¨¦cnicas de la encuesta y el texto ¨ªntegro de las cuestiones planteadas. Asimismo se dispone que la Junta Electoral Central velar¨¢ por que los datos publicados sean exactos, y tiene la capacidad de obligar a los medios informativos que violen la ley a publicar las rectificaciones oportunas. Se establecen multas de 50.000 a 500.000 pesetas.

Asimismo, el Pleno celebrado ayer concluy¨® el estudio de la ley sobre el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jur¨ªdicos documentados. El principal debate sobre el articulado aprobado lo produjo la enmienda socialista que ped¨ªa que se suprima la necesidad de acompa?ar con p¨®lizas los documentos que se presentan ante la Administraci¨®n. Enrique Bar¨®n, por el Grupo Socialista, calific¨® la p¨®liza como humillaci¨®n secular del pueblo espa?ol, anacronismo y antigualla, adem¨¢s de considerarla contraria a la Constituci¨®n, ya que el art¨ªculo 31 de ¨¦sta establece que los ciudadanos est¨¢n obligados a contribuir a las cargas del Estado seg¨²n sus posibilidades econ¨®micas.

Por UCD replic¨® el diputado Rodr¨ªguez Miranda, quien apoy¨® la tesis de que todo documento p¨²blico debe llevar una p¨®liza -cuando entre en vigor esta ley ser¨¢n todas de veinticinco pesetas-, porque el ciudadano que recibe un servicio de la Administraci¨®n debe pagar por ¨¦l. A?adi¨® el representante centrista que mientras el PSOE pide la gratuidad de estos servicios, los ayuntamientos ?bajo la ¨¦gida del poder socialista? cobran hasta 8.000 pesetas por la tramitaci¨®n de documentos.

Enrique Bar¨®n replic¨® mostrando su sorpresa porque ?cre¨ªamos que la Administraci¨®n del Estado se financiaba con los impuestos, no con las p¨®lizas?. Respecto a los ayuntamientos, contest¨® que el PSOE no tiene la culpa de que el Gobierno haya perdido las elecciones municipales, lo que provoc¨® las protestas de UCD. Rodr¨ªguez Miranda cerr¨® el debate afirmando que, si bien servicios como la milicia o la diplomacia no son divisibles a la hora de fijar qui¨¦n los paga, otros, que cada ciudadano solicita particularmente, s¨ª lo son, y en esto se justifican las p¨®lizas.

El Grupo Socialista propuso tambi¨¦n que la sucesi¨®n de un t¨ªtulo nobiliario est¨¦ gravada por una tasa de 500.000 pesetas, en lugar de las 70.000 que prev¨¦ el proyecto. Luis Solana manifest¨® que para ning¨²n grande de Espa?a ser¨ªa un coste excesivo. Por su parte, el Grupo Comunista pidi¨® que el otorgamiento de un t¨ªtulo siga sometido a gravamen, ya que la presente ley lo excluye.

Nuevamente, Rodr¨ªguez Miranda replic¨® a la izquierda, argumentando que en ning¨²n pa¨ªs de Europa se grava la transmisi¨®n de t¨ªtulos nobiliarios, y que todo lo dem¨¢s es rozar en la demagogia.

Heribert Barrera, de Esquerra Republicana de Catalu?a, cerr¨® el debate, calific¨¢ndolo de discusi¨®n irrelevante y mostrando su sorpresa porque socialistas y comunistas contribu¨ªan, aunque de forma indirecta, a mantener la vigencia de los t¨ªtulos nobillarios.