Un consejo civil asesorar¨¢ a los sargentos golpistas de Surinam
Un prominente juez y el presidente del Colegio de Abogados de Surinam fueron encargados, por los militares que el lunes derrocaron al primer ministro Henck Arron, para formar un consejo civil que tome las riendas de la administraci¨®n del pa¨ªs, seg¨²n se confirm¨® oficialmente ayer en Paramaribo. Este grupo de civiles no sustituir¨¢ al Consejo Militar Nacional, autor del golpe de Estado, sino que cooperar¨¢ con ¨¦l en la conducci¨®n de los asuntos administrativos de Surinam. La direcci¨®n pol¨ªtica del proceso corresponder¨¢ a los suboficiales golpistas.Los militares, en su segunda comunicaci¨®n p¨²blica, han se?alado que ?los derechos e intereses del pueblo estaban siendo pisoteados? por el Gobierno anterior, y que ?ni siquiera las pr¨®ximas elecciones del 27 de marzo ofrec¨ªan garant¨ªas de verdaderos cambios?. El Consejo Militar Nacional se comprometi¨® a respetar los derechos humanos, garantizar los intereses de los inversionistas extranjeros y atenerse a los principios de las Naciones Unidas.
De los ochocientos miembros con que cuenta el Ej¨¦rcito y la polic¨ªa de Surinam, m¨¢s de trescientos respaldan el golpe. Los principales comandantes de las fuerzas armadas est¨¢n detenidos e internados en un campo de concentraci¨®n. La polic¨ªa, que ofreci¨® la mayor resistencia a los golpistas, fue desarmada.
La principal preocupaci¨®n de las nuevas autoridades de Surinam parece ser la captura del depuesto primer ministro Henck Arron, cuyo paradero se desconoce. En las ¨²ltimas horas circularon diversas versiones sobre la suerte corrida por el pol¨ªtico derrocado. Algunas de ellas le situaban en la Guayana francesa. Otras aseguraban que se hab¨ªa refugiado en las instalaciones de la Aluminium Company of America, multinacional que, junto a la Royal Dutch Shell posee la exclusiva de la explotaci¨®n en los ricos yacimientos de bauxita del pa¨ªs. Varios de los ministros del anterior Gobierno permanecen en sus domicilios en la capital y no han sido requeridos por las autoridades policiales.
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