Andaluc¨ªa, entre el 143 y el "callej¨®n sin salida"

El resultado del refer¨¦ndum andaluz, aun cuando no significa directamente la opci¨®n mayoritaria por la v¨ªa del art¨ªculo 143 para el acceso a la autonom¨ªa, en la pr¨¢ctica -con la Constituci¨®n y la legislaci¨®n de desarrollo en la mano- lleva a ese camino a la espera de cinco a?os para repetir la consulta o, finalmente, a un callej¨®n sin salida si las fuerzas pol¨ªticas insisten en la v¨ªa del 151. S¨®lo una reforma de la ley org¨¢nica sobre el refer¨¦ndum, que eliminara la prohibici¨®n de retirar la iniciativa durante cinco anos, permitir¨ªa a Andaluc¨ªa insistir por el 151.Esta posibilidad de reforma de la recent¨ªsima ley sobre diversas modalidades del refer¨¦ndum no parece que vaya a producirse. Ni siquiera el Grupo Socialista, en la proposici¨®n de ley presentada en el Senado con el prop¨®sito de reformar dicha ley, ha abordado este punto.

La propuesta afectar¨ªa al Estatuto gallego, para el caso de que no resulte aprobado en el refer¨¦ndum a¨²n no convocado.

Ante la situaci¨®n legal creada, lo m¨¢s probable es que las fuerzas con mayor peso parlamentario -y existen indicios de que el PSOE lo va a hacer as¨ª- reconduzcan al proceso auton¨®mico por la v¨ªa del art¨ªculo 143, que b¨¢sicamente consiste en la tramitaci¨®n del Estatuto como ley org¨¢nica. El problema se centrar¨¢ ahora en los contenidos. La izquierda y las fuerzas autonomistas andaluzas van a luchar porque no se rebaje el techo auton¨®mico del proyecto de Carmona. UCD tiene una ocasi¨®n para demostrar que el refer¨¦ndum del 28 de febrero resolv¨ªa una cuesti¨®n de procedimiento, sin afectar a los contenidos.

Si UCD no accede a mantener esos contenidos, es evidente que no existen argumentos legales para imponer en el Estatuto las instituciones garantizadas constitucionalmente por la v¨ªa del 151: La Asamblea Legislativa, el Consejo de Gobierno y el Tribunal Superior de Justicia.

En todo caso, el volumen de participaci¨®n en el refer¨¦ndum y el importante n¨²mero de s¨ªes obtenidos en la casi totalidad de las provincias andaluzas constituyen un capital pol¨ªtico notable para tratar de lograr techos auton¨®micos homologables a los del Pa¨ªs Vasco y Catalu?a, que con la ley en la mano no son exigibles.