La C¨¢mara Agraria de Le¨®n niega la existencia de irregularidades en su gesti¨®n econ¨®mica

El pleno de la C¨¢mara Provincial Agraria de Le¨®n, integrado mayoritariamente por agricultores afiliados a la Uni¨®n de Campesinos, presentar¨¢ pr¨®ximamente querella judicial contra un peri¨®dico de esta provincia que el pasado jueves public¨® una informaci¨®n relativa a supuestas irregularidades en la gesti¨®n econ¨®mica de la c¨¢mara, seg¨²n manifest¨® a EL PA?S el presidente de este sindicato, Gerardo Garcla Machado.

La querella se relaciona con una auditor¨ªa realizada a finales del pasado mes de enero por t¨¦cnicos del IRA (Instituto de Relaciones Agrarias), en la que se se?ala que tanto el presidente de la c¨¢mara, Felipe Mart¨ªnez Mor¨¢n, afiliado a UCL, como los componentes del pleno han percibido una serie de dietas ?no justificadas adecuadamente? y ?en cuant¨ªas muy superiores a las legalmente establecidas? durante el per¨ªodo comprendido entre los meses de junio -fecha de la toma de posesi¨®n de sus cargos tras las ¨²ltimas elecciones agrarias- y diciembre de 1978.Estas acusaciones se refieren fundamentalmente a las cantidades asignadas por el pleno al se?or Mart¨ªnez Mor¨¢n en concepto de compensaci¨®n econ¨®mica por su dedicaci¨®n exclusiva a la c¨¢mara, para lo cual le fue fijada una dieta diaria de 1.500 pesetas y ocho pesetas por desplazamiento desde su lugar de residencia (Astorga); en aquella ¨¦poca, las cantidades m¨¢ximas establecidas por la ley para este tipo de asignaciones eran, seg¨²n fuentes de este organismo, de unas 1.200 pesetas para dietas y seis pesetas por kil¨®metro para desplazamientos.

La auditor¨ªa se?alaba tambi¨¦n, seg¨²n lo publicado hasta ahora, que los fondos de la c¨¢mara hab¨ªan sido utilizados ?en favor de una determinada entidad bancaria? y en detrimento de los intereses econ¨®micos de la entidad, lo que parece relacionarse con otro acuerdo del pleno en el que se decidi¨® el traslado de dichos fondos -alrededor de cuarenta millones de pesetas- de la Caja Rural de Le¨®n al Banco de Vizcaya, que ofrec¨ªa un 11% de intereses, frente a s¨®lo el 0,5% de la Caja.

El acuerdo motiv¨® un fuerte enfrentamiento entre esta ¨²ltima entidad y la c¨¢mara agraria, coincidiendo con la difusi¨®n por personas an¨®nimas y supuestamente pr¨®ximas a la Caja de una serie de escritos en los que se acusaba a los representantes de UCL de irregularidades en el cobro de dietas. La rivalidad entre ambas entidades databa, sin embargo, de varios meses atr¨¢s, cuando la Caja Rural apoy¨® indirectamente las candidaturas de varios ? independientes ? durante las pasadas elecciones agrarias.

La publicaci¨®n el pasado jueves de los p¨¢rrafos m¨¢s comprometedores de a auditor¨ªa del IRA, entre los que figuraba una solicitud al Ministerio de Agricultura para ?tutelar? la gesti¨®n financiera de la c¨¢mara y proceder al ejercicio de posibles acciones penales, sorprendi¨® tanto a esta entidad como a la Uni¨®n de Campesinos, que todav¨ªa no han recibido comunicaci¨®n oficial alguna al respecto. Tampoco en la Delegaci¨®n Provincial de este Ministerio se ten¨ªa conocimiento del contenido del informe, se?al¨¢ndose que este hab¨ªa sido elaborado por t¨¦cnicos venidos directamente de Madrid.

La UCL ha negado en todo momento la existencia de irregularidades en la gesti¨®n de la c¨¢mara, destacando el hecho de que todas las ¨®rdenes de pago cuentan con la aprobaci¨®n de la propia Delegaci¨®n de Agricultura y que, en todo caso, los acuerdos en los que se decidi¨® la cuant¨ªa de las dietas corresponden al per¨ªodo en que la c¨¢mara carec¨ªa de asesores jur¨ªdicos, habiendo sido revocados con la llegada de estos ¨²ltimos. Se se?ala igualmente que las cantidades percibidas por el presidente y los vocales del pleno hab¨ªan sido aprobadas por unanimidad, incluidos los ?independientes?, que gozaban del apoyo de UCD, y siempre ratificadas y dadas a la publicidad en las asambleas que este sindicato agrario convoca.

Maniobras de UCD

La UCL considera que el affaire desempolvado por el IRA responde a la estrategia gubernamental de neutralizar al sindicato y sustituirlo por otra organizaci¨®n af¨ªn a UCD, lo que se ha reflejado en numerosas actuaciones gubernativas desde finales de 1979: multas del Gobierno Civil y el Ministerio de Hacienda por valor de dos millones de pesetas, detenci¨®n sin pruebas de sus principales l¨ªderes bajo la acusaci¨®n de estar implicados en actividades terroristas, expulsi¨®n de sus representantes en Mercole¨®n -filial de Mercorsa, donde fueron sustituidos por militantes de UCD y miembro de la antigua burocracia del Movimiento- y, finalmente, la utilizaci¨®n de la auditor¨ªa del IRA como arma de desprestigio contra el se?or Mart¨ªnez Mor¨¢n por su militancia en la UCL.Tanto este sindicato como los partidos de izquierda de Le¨®n responsabilizan directamente al ex ministro del Interior Rodolfo Mart¨ªn Villa de las ¨²ltimas actuaciones gubernativas contra la UCL, destacando que el propio ex ministro hab¨ªa anunciado- p¨²blicamente meses atr¨¢s el boicot a la organizaci¨®n campesina, as¨ª como la existencia de supuestas irregularidades en la C¨¢mara durante un mitin de UCD celebrado recientemente en la localidad de La Ba?eza, todo lo cual fue acompa?ado de un espectacular despliegue informativo en la prensa de Le¨®n. Paralelamente, se destaca el hecho de que la publicaci¨®n del informe del IRA coincide con la creaci¨®n, hace una semana, de un nuevo sindicato agrario -el llamado SAL (Sindicato Agropecuario Leon¨¦s)-, cuyos promotores aparecen directamente vinculados a UCI) y AP.

Se da la circunstancia de que, en las ¨²ltimas elecciones a c¨¢maras agrarias, la UCL logr¨® desplazar a un grupo de inspiraci¨®n similar al reci¨¦n creado SAL (el SIC, o Sindicato Independiente Campesino), algunos de cuyos m¨¢ximos dirigentes han sido trasplantados al nuevo experimento ucedista. De los veinticuatro cargos electivos de la c¨¢mara provincial agraria, la UCL logr¨® controlar, en aquella oportunidad, diecisiete, a ra¨ªz de lo cual fueron trasladados todos los funcionarios, a excepci¨®n de dos auxiliares administrativos. El nombramiento de nuevos asesores, entre ellos un secretario, se demor¨® hasta 1979, a?o en que fue nombrado para este cargo un funcionario que no gozaba de la confianza de la Uni¨®n de Campesinos por considerarlo excesivamente pr¨®ximo a UCD.

Por su parte, y en relaci¨®n con este affaire, la COAG, organizaci¨®n en la que se integra la Uni¨®n de Campesinos Leoneses, ha dado a conocer una serie de acuerdos adoptados en su ¨²ltimo pleno, en los que se solicita que se lleven a cabo auditor¨ªas similares en el resto de las c¨¢maras agrarias del pa¨ªs, controladas, en su mayor parte, por UCD, en base a la existencia de ?indicios razonables? de corrupci¨®n, preferentemente en la ¨¦poca franquista.