Cuatro a?os de dictadura en Argentina deber¨¢n tener su N¨¹remberg
Casi paralelamente se cumplen cuatro a?os desde que las fuerzas armadas se hiciesen con el poder, cuando el general Jorge Rafael Videla propone una ?apertura? hacia los civiles a trav¨¦s de un documento titulado pomposamente Bases pol¨ªticas. En absoluta coherencia con lo que han hecho durante estos cuatro a?os, las fuerzas armadas y los civiles que les rodean plantean una apertura que, en verdad, es una puerta s¨®lidamente cerrada en la cara de la sociedad civil, a la que falazmente se convoca.La realidad es que las definiciones contenidas en estas Bases pol¨ªticas son una inflexi¨®n m¨¢s en el discurso represivo y reorganizador de la sociedad que ha mantenido la dictadura. Inflexi¨®n que se une a todos los decretos que, a lo largo de 48 meses, han abolido por la fuerza toda normativa democr¨¢tica que fijaba tanto la Constituci¨®n, hoy archivada, como la tradici¨®n democr¨¢tica del pa¨ªs; que se encadena con la ley de Asociaciones Gremiales para atomizar el movimiento obrero y despolitizarlo, y que se vincula, en fin, con la violencia represiva ejercida a trav¨¦s de m¨²ltiples canales para acallar y eliminar todo tipo de oposici¨®n, por t¨ªmida que fuese, a su proyecto de imponer una determinada estructura econ¨®mica y pol¨ªtica. La sociedad argentina se encuentra, por tanto, sumergida en el c¨®digo del autoritarismo, la militarizaci¨®n y el terror de Estado.
Pero estas Bases pol¨ªticas tan singulares, en tanto emanan del poder militar e incluyen a sus miembros, a la vez, como protagonistas principales del futuro pol¨ªtico y como jueces de quienes pueden o no participar en su plan de democracia controlada y fragmentada, son, tambi¨¦n, n¨ªtidamente correlativas a la ley 22.068, mediante la cual la dictadura ha tenido el gesto de m¨¢ximo cinismo de convocar a los miles de desaparecidos -eufemismo que engloba a los que ella mat¨® o mantiene en prisi¨®n sin reconocerlo- a que se presenten en un plazo determinado. Si as¨ª no lo hiciesen ser¨¢n dados legalmente por muertos. Inversi¨®n extrema de la legalidad: las fuerzas armadas asesinan impunemente y luego escriben e imponen la ley que legitima su terrorismo.
Se calcula que, desde el 24 de marzo de 1976, cuando desde la madrugada las fuerzas del orden establecido fueron ganando la calle, las f¨¢bricas, colegios, universidades, oficinas p¨²blicas, sindicatos, sedes de partidos y domicilios privados, han sido secuestradas entre 25.000 y 30.000 personas y que se asesinaron otras 15.000. Para la legalidad ilegal de la dictadura y quienes se benefician con ella, tanto a nivel nacional como internacional, los desaparecidos ya est¨¢n muertos. Para los dem¨®cratas, exigir el esclarecimiento de su paradero es una de las claves de la lucha antidictatorial, porque no todos han sido asesinados, seg¨²n lo demuestran diversos testimonios.
De esta forma, mediante el terror compulsivo, la dictadura busca imponer un proyecto muy similar al establecido en otros pa¨ªses latinoamericanos. Dicho con un m¨¢ximo de s¨ªntesis, este proyecto apunta a redefinir el papel de Argentina dentro del mercado mundial y, paralelamente, consolidar el poder econ¨®mico y pol¨ªtico de una minor¨ªa sobre la mayor¨ªa. Las estad¨ªsticas nos vienen a decir que en estos cuatro a?os la acumulaci¨®n, por parte de los sectores del gran capital que poseen el control del mercado industrial, agropecuario, financiero y comercial, ha sido tan abultada como vertiginosa, al tiempo que, solamente en el primer a?o de Gobierno militar, la participaci¨®n de los asalariados en el ingreso nacional decay¨® en un 40%.
La infraestructura industrial que hasta 1975 se orientaba fundamentalmente para abastecer al mercado interno, se busca que hoy produzca casi prioritariamente para la exportaci¨®n. Con salarios que oscilan en el equivalente de las 10.000 pesetas mensuales y con precios iguales o superiores a los vigentes en el Estado espa?ol, el empresariado elige entre cerrar o producir para el mercado mundial. Pero es en el sector agrario donde el gran capital nacional e internacional y las fuerzas armadas basan fundamentalmente su plan, relanzando este sector en un momento en que los alimentos se han convertido en un arma de poder econ¨®mico y pol¨ªtico en todo el mundo. Los terratenientes conservan sus tierras y la renta derivada de ella, las corporaciones trasnacionales se ocupan de la comercializaci¨®n de su producci¨®n y el campesinado se hunde en la pobreza del minifundio o emigra a la ciudad para ofrecerse.
Para este plan de ultraliberalismo, guiado por la mano fr¨ªa del, a la vez, industrial, latifundista, gestor del capital extranjero, fiel disc¨ªpulo de Milton Friedrnan y los Chicago boys, el ministro de Econom¨ªa, Jos¨¦ Mart¨ªnez de Hoz, es necesario jugar hasta el final el juego de la competencia -aplicar las famosas y siempre tr¨¢gicas, para la mayor parte de los ciudadanos, ?ventajas comparativas?-, y desnacionalizar progresivamente el pa¨ªs.
De all¨ª que el plan pol¨ªtico se complementa tan perfectamente como en el mecanismo de un reloj con el proyecto econ¨®mico: la eliminaci¨®n de la oposici¨®n acompa?a la eliminaci¨®n de la industria peque?a no competitiva y de los gastos estatales en salud p¨²blica o en subsidios para los productos b¨¢sicos de consumo de la poblaci¨®n. Reafirmaci¨®n del poder latifundista y de la concentraci¨®n industrial, comercial y financiera, y concentraci¨®n del poder en una elite de militares y civiles tecnocr¨¢ticos; fin del Estado benefactor y abrir paso al Estado policial, que aceita y resguarda el funcionamiento de la libre empresa.
Esta libertad de empresa es la que ha acentuado el subdesarrollo del pa¨ªs: mortalidad infantil, desnutrici¨®n, analfabetismo, falta de viviendas, son efectos que se han incrementado en los ¨²ltimos cuatro a?os, tanto como los accidentes laborales. Una de las m¨¢s brillantes universidades de Am¨¦rica Latina est¨¢ despoblada y miles de argentinos deambulan en el exilio. Las torturas m¨¢s brutales son, por tanto, un segmento m¨¢s, aunque el m¨¢s evidente, Junto con los asesinatos, de una cadena de violaciones de los derechos humanos. Por que no poder comer todos los d¨ªas, estar sometidos al paro sistem¨¢tico para que los salarios sean bajos, no poder acceder a la. ense?anza, tener prohibida la lectura de tantos y tantos autores y vivir en un clima paranoico de incitaci¨®n a la delaci¨®n tambi¨¦n significa para todos los ciudadanos el ser violados en sus derechos m¨¢s elementales.
Dentro de Argentina rige el discurso del terror. Ahora, cuando decenas de miles marcharon al exilio, cuando se ha desplegado un operativo de militarizaci¨®n que cubre y controla el pa¨ªs y ya cumple cuatro a?os, cuando se declaran como apaciblemente muertos a quienes fueron asesinados o permanecen sometidos a tan sofisticadas como brutales torturas, y mientras la resistencia debe apelar al recurso de la m¨¢xima imaginaci¨®n, ese discurso del terror quiere tomar la forma de la institucionalizaci¨®n, del gatopardismo; quiere lavar el rostro de su barbarie y, en una doble operaci¨®n, cimentar las bases de una nueva Argentina a la medida de los dominadores. A esta jugada debemos oponernos todos los dem¨®cratas, argentinos o no, porque este Gobierno no ha dejado ni pretende dejar de ser una dictadura, porque la restituci¨®n de las libertades civiles, pol¨ªticas y sindicales no pueden ser recortadas imponiendo condiciones y preferencias, y porque los militares y sus aliados deber¨¢n responder ante la historia por sus cr¨ªmenes, deber¨¢n tambi¨¦n tener su N¨¹remberg.
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