La responsabilidad del Gobierno

EL SECRETARIO de Estado para la Informaci¨®n ha negado que el Gobierno est¨¦ detr¨¢s de la generalizada ofensiva contra la libertad de expresi¨®n, que est¨¢ enviando al banquillo de los acusados a quienes tratan de ejercer ese derecho ciudadano. Con la furia del converso, el actual equipo gobernante se aferra ahora a la teor¨ªa de la divisi¨®n de poderes y asegura hallarse al margen de esa estremecedora marabunta de procesos y querellas que amenaza con arrasar uno de los campos en los que la reforma pol¨ªtica hab¨ªa producido aut¨¦nticas mutaciones democr¨¢ticas.Los esc¨¦pticos quiz¨¢ argumenten que ese proyecto de extirpar los brotes de libertad nacidos en la Prensa, el cine y la creaci¨®n intelectual desde 1977 es ozongruente con el marco global de la situaci¨®n espa?ola. La libert¨¢d de expresi¨®n, que ha sido durante los ¨²ltimos tres a?os la marca de contraste para la homologaci¨®n internacional de nuestras instituciones, habr¨ªa cumplido as¨ª su papel de testigo subjetivamente hon¨¦sto, pero objetivamente falso de la salud de la democracia espa?ola, y podr¨ªa ser conducida de nuevo tras los barrotes de una ley de Informaci¨®n y de la aplicaci¨®n estrecha, unilateral y contraria a los principios generales del derecho, del articulado de los c¨®digos penales.

En este sentido, la sentencia firme de la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra el director de EL PAIS, que ha materializado jur¨ªdicamente la pesadilla kafkiana de una instancia que se constituye simult¨¢neamente en juez y parte, puede ser utilizada por el Gobierno como una imp¨²dica hoja de parra para cubrir las propias desnudeces. La protesta de que el poder ejecutivo no ha influido en esa decisi¨®n judicial era obvia, porque ya hemos citado el origen de los males de nuestra judicatura:el aparato sigue siendo el mismo que con el franquismo. La ¨²nica intervenci¨®n del Gobierno es que apenas ha hecho nada para renovar democr¨¢ticamente ese aparato. Y seguimos con un amplio sector de la magistratura formado durante la ¨¦poca en que todas las libertades eran delictivas y que mantiene vivas antiguas lealtades, arraigados prejuicios y unalermen¨¦utica m¨¢s adecuada para interpretar las leyes fundamentales del anterior r¨¦gimen que la Constituci¨®n de 1978. La cuesti¨®n de saber qui¨¦n custodia a los custodios, planteada ya desde el nacimiento de las instituciones jur¨ªdicas; el desfase entre un poder ejecutivo remozado y un poder judicial id¨¦ntico a la imagen conservada en viejos ¨¢lbumes familiares, y las presuntas contradicciones entre el Gobierno y la c¨²pula judicial, no pueden servir al Gobierno y a su grupo parlamentario para ocultar sus graves responsabilidades, por acci¨®n y por omisi¨®n, en esa ofensiva contra la libertad de expresi¨®n que la sociedad espa?ola est¨¢ sufriendo.

Responsabilidades por omisi¨®n al paralizar el desarrollo legal de la Constituci¨®n o no establecer una estrategia de personalidades pol¨ªticas, y responsabilidades activas a trav¨¦s de las denuncias y querellas del ministerio fiscal, que depende del Gobierno, y sobre lo que no se puede decir que este peri¨®dico no haya hecho hincapi¨¦ reiteradas veces. Porque el alborozado desempolvamiento de Montesquieu s¨®lo puede enga?ar a quienes confunden los modelos te¨®ricos con el funcionamiento real de las instituciones. Los magistrados aplican las leyes que aprueba el Parlamento, incluidas las normas que encauzan y organizan las propias instituciones judiciales, y los diputados y senadores del partido gubernamental siguen disciplinadamente las instituciones del poder ejecutivo a la hora de legislar y respetar el monopolio de la iniciativa legislativa gubernamental.

Por esa raz¨®n, las l¨¢grimas de cocodrilo que el ejecutivo est¨¢ vertiendo sobre la opini¨®n p¨²blica y su gesto compungido al manifestar su impotencia cuando un tribunal aplica una ley que infringe el esp¨ªritu constitucional constituyen un espect¨¢culo de hipocres¨ªa y maquiavelismo. Aunque la ley de Prensa est¨¢ obviamente derogada de acuerdo con las disposiciones transitorias de la Constituci¨®n, todav¨ªa esperamos un pronunciamiento claro del Gobierno y su grupo parlamentario al respecto. Y los autos de procesamiento contra Miguel Angel Aguilar y Pilar Mir¨® dictados por la jurisdicci¨®n militar, sendos imposibles jur¨ªdicos de acuerdo con la Constituci¨®n, ser¨ªan dejados sin efecto tan plonto como el Gobierno encomendara a sus diputados la urgente reforma del C¨®digo de Justicia Militar. O quiz¨¢ no se hubieran producido si en el caso de Pilar Mir¨®, es el Gobierno el que env¨ªa su pel¨ªcula a la autoridad militar. Pero el valor c¨ªvico no es una virtud que haya que dar como supuesta en nuestros gobernantes.

A estas responsabilidades por omisi¨®n del poder ejecutivo, que maneja el grifo de la iniciativa legislativa y tiene fuerza suficiente en el Congreso para acelerar o paralizar el desarrollo de la Constituci¨®n en aspectos decisivos para la defensa de la libertad de expresi¨®n, se une la muy activa participaci¨®n del Gobierno en la ofensiva contra el ejercicio de ese derecho c¨ªvico, pieza clave de cualquier sistema democr¨¢tico. En efecto, el ministerio fiscal viene actuando desde hace unos meses, con una celeridad y un rigor dignos de mejor causa, contra escritores, artistas y periodistas, empujado en ocasiones por funcionarios de la Administraci¨®n, y encuadrado siempre en la relaci¨®n ae dependencia. org¨¢nica respecto al poder ejecutivo. No resulta ni insensato ni injurioso se?alar que el papel de gu¨ªa, que est¨¢ desempe?ando el fiscal general del Estado en este safari contra la libertad de expresi¨®n, resulta dificilmente disociable de su ideolog¨ªa y personalidad pol¨ªticas. Formalmente dado de baja en el partido del Gobierno para acceder al cargo de fiscal general, el se?or Fanjul se ha mostrado tan activo, en la persecuci¨®n de los escritores y periodistasque se hab¨ªan tomado en serio la Constituci¨®n, como lento en asuntos que pudieran rozar la susceptibilidad de la jurisdicci¨®n militar (desde el caso de Els Joglars hasta el secuestro de El crimen de Cuenca), o que afectaran a los intereses y el prestigio del Gobierno (fue necesaria la acci¨®n popular para que se abrieran las diligencias por presuntas torturas en Herrera de la Mancha, y han tenido que ser diputados de la izquierda parlamentaria los que requirieran al poderjudicial para interesarse por el esc¨¢ndalo de la auditor¨ªa de Televisi¨®n Espa?ola).

Ese mismo Gobierno que guarda tranquilamente silencio ante la sentencia de la ?operaci¨®n Galaxia?, la absoluci¨®n del teniente general Atares y los procesamientos de un director de peri¨®dico y una realizadora de cine por lajurisdicci¨®n militar; ese mismo Gobierno que no ha denunciado todav¨ªa -que se sepa- ning¨²n delito en el terreno fiscal -tal vez desanimado por la absoluci¨®n de la duquesa de Franco-; ese mismo Gobierno que paraliza o entorpece el desarrollo legislativo necesario para hacer expl¨ªcita e inequ¨ªvoca la derogaci¨®n de disposiciones del franquismio y asegurar la congruencia de las normas penales y administrativas con la Constituci¨®n; ese mismo Gobierno que trata de tapar las responsabilidades d¨¦ sus funcionarios en casos de corrupci¨®n y despilfarro del dinero p¨²blico o -lo que resulta todav¨ªa m¨¢s grave- de violaci¨®n de los derechos humanos de los detenidos o de los presos; ese mismo Gobierno se muestra, en cambio, activo y bien activo, r¨¢pido como una lagartija y agresivo como un alacr¨¢n, all¨ª donde surge la posibilidad de limitar, ahogar y sepultar la libertad de palabra. Si a esto se le llama no ser responsable, bendito sea Dios.